Bajo el argumento clásico de fallas al debido proceso, es decir, la Fiscalía Anticorrupción no le precisó los delitos objeto de la querella, el exgobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina, libró la posibilidad de ser procesado por los apoyos otorgados a la armadora coreana Kia Motors para instalar una planta en la entidad.
El caso se consideraba emblemático, dada la profusión de ejemplos similares en el país, cuyos gobernantes otorgan "estímulos" a las firmas extranjeras para establecerse en las entidades federativas.
Sin embargo, iba más allá, al ubicarse en el escenario operaciones que apuntaban a beneficios para el gobernador o sus allegados.
La generosidad del exgobernador llegó al punto de regalarle a la firma el terreno que ocuparía en la comunidad de Pesquería.
El caso es que detrás de la donación hubo una operación cruzada con tintes de sospecha. Hete aquí que el terreno fue adquirido por Bernardo Castañón y Juan Manuel Carrera Cancino en 55 millones de pesos. A ambos se les ubicaba como cercanos al exgobernador.
El caso es que de pronto apareció en escena una inmobiliaria de razón social Galord, quien le vendió a su vez el colosal lote al gobierno de Medina en 124 millones.
Más adelante, el gobierno se hizo cargo de la nivelación del terreno, encargándole la tarea al Grupo Profosar, cuyo dueño, Juan Aguirre, es a su vez amigo cercano del papá del gobernador, Humberto Medina Ainslie.
Sin embargo, los trabajos no resultaron satisfactorios.
El problema, además, es que la zona elegida carecía de servicios, los que tuvieron que ser dotados. No sólo agua potable, sino drenaje y energía eléctrica.
En paralelo se le colocó una espuela de ferrocarril a la planta, y se le otorgó una exención de 20 años en materia de impuestos locales, es decir, predial y nómina.
En el expediente se habla de excesos en materia de la capacidad para ofrecer "incentivos" del Consejo Estatal de Promoción a la Inversión a favor de la armadora coreana.
A la llegada al poder Jaime Rodríguez Calderón, conocido como "El Bronco", se documentó el escenario para que la fiscalía Anticorrupción se estrenara con la denuncia.
En un escenario similar, como recordará usted, a la llegada al poder del presidente de Estados Unidos, Donald Trump y su catarata de amenazas a las firmas que habían sacado empleos de su país, la armadora Ford se "rajó" de construir una nueva planta en San Luis Potosí.
Lo grave del caso es que el gobierno local había invertido mil 27 millones de pesos para ponerle la cancha, además de una condonación por 10 años del Impuesto Sobre Nómina y del predial que cobra el municipio.
El recurso se quedó en el aire.
La posibilidad del juicio a Medina habría dado la pauta para calibrar hasta dónde puede un gobernador utilizar dinero del erario para apuntalar empresas extranjeras, en un marco en que no hay tabla rasa para las nacionales.
Y aunque se abren instancias locales para normar el flujo de "incentivos", éstas carecen de autonomía.
Lástima.
Colocada en línea una reforma de ley que convertirá a la actividad del huachicoleo o extracción clandestina de ductos como delito grave, es decir, cárcel sin derecho a fianza, el primer gran obstáculo para hacer efectiva la inhibición de los delincuentes es eliminar las complicidades.
Hete aquí que colocadas guardias blancas de Pemex en las tareas de vigilancia, se da el caso de que cuando detienen a un delincuente in fraganti y lo llevan al Ministerio Público, éste les revierte la tortilla, acusándolos de secuestro.
En la tarea han asesinado por lo menos a tres de los contratados al caer en emboscadas.
Aunque al origen de la actividad se privilegiaba la extracción de gasolinas, hoy se prefiere el diésel, dada la facilidad de venderlo al mayoreo en complicidad con flotillas de traileros y camiones de carga.
De hecho, Pemex le ha pedido al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México que se diseñe un instrumento para evitar que los mil camiones que llegan diario a la zona de construcción del nuevo aeropuerto con carga de cascajo se surtan con los huachicoleros.
Los ductos, en realidad poliductos de Pemex, son asaltados en lugares donde baja la presión por ubicarse en zonas empinadas. El mapa, pues, está perfectamente identificado.
Naturalmente, existe complicidad al interior de Pemex para saber cuándo la tubería lleva el combustible reclamado.
La actividad le genera a la empresa pérdidas por 35 mil millones de pesos.
Abierta en los próximos días la consulta sobre el destino del nuevo aeropuerto, pareciera que la duda no es ya tanto la viabilidad del terreno propuesto por el actual gobierno, sino su financiamiento.
Previsto desde el principio que la terminal se concesionara al sector privado, la salida apuntaría a que éste colocará los recursos necesarios para levantarla.
La renegociación de los contratos, así, recaería en el consorcio que asuma la batuta.
En respuesta a los argumentos del despacho Zinser, Esponda y Gómez Mont, quienes llevan las denuncias en contra del abogado Paulo Diez Gargari por supuesta difusión de información falsa en perjuicio de la constructora OHL, éste señala que no sólo conoce el artículo 383 de la Ley del Mercado de Valores, sino que ha hecho un análisis serio y profundo de él.
El problema, señala, es que el meollo de la acusación en su contra no se centra en éste, sino en el 382, que apunta a manipulación de mercado.
De acuerdo con el acusado, sin embargo, el tipo penal no apunta en el artículo señalado, ni como restricción a la libre expresión. Además, sostiene que sus opiniones y su información caben en un estándar de veracidad establecido por la Suprema Corte.
NAFIN CRECE
Al primer semestre del año, el saldo en cartera vigente de Nacional Financiera alcanzó 481 mil 733 millones de pesos, lo que implicó un crecimiento nominal de 16.6% respecto al mismo período de 2017.
En el desglose se han entregado préstamos por 236 mil millones de pesos y garantías crediticias por 182 mil 503.
DESDéN
Con asistencia de mil personas, hace unos días se celebró el primer centenario de la Asociación para Evitar la Ceguera en México, una de las organizaciones filantrópicas más consistentes y benéficas para la comunidad, cuyas aportaciones a la salud pública son incontables.
Los grandes ausentes a la ceremonia, empero, fueron el secretario de Salud, José Narro, y el jefe de Gobierno de la Ciudad, José Ramón Amieva… o al menos sus representantes.
