Ahíto de las quejas de la Secretaría de Agricultura, a quien organizaciones campesinas golpeaban la puerta en reclamo de más apoyos del fondo para financiamiento rural, conocido como Fira, el temperamento explosivo del entonces gobernador del Banco de México, Guillermo Ortiz, estalló: "¡Por mí, les aviento su fideicomiso!"
Hasta junio pasado los recursos administrados por el banco central ascendían a 10 mil 519 millones de pesos, de los 835 mil 472 que resguarda el gobierno en 374 fideicomisos.
Aunque la Secretaría de Hacienda jura y perjura que éstos se manejan con pulcritud y transparencia, resulta curioso que se reboten una y otra vez las solicitudes de información por parte del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.
El pretexto alude al secreto fiduciario.
El caso es que la Secretaría de Hacienda los contrató como fideicomisos públicos.
La incógnita sobre el qué, el cómo y el cuándo se podría develar al arribo del próximo sexenio, vía una presión intensa del Congreso de la Unión dominado por Morena.
Ahora que a partir de ayer en que Andrés Manuel López Obrador fue declarado presidente electo de México, se puede dar el banderazo para el trabajo conjunto de los equipos de transición de los gobiernos saliente y entrante en el renglón hacendario.
Aunque la revisión del debe y haber, y la posterior entrega de los llamados libros blancos podría darse en la mayoría de las dependencias, constitucionalmente la única obligada es, justo, la Secretaría de Hacienda.
En el escenario de la secrecía, se mantienen fideicomisos hacia terrenos inauditos. Así, existe uno, dotado hasta el primer semestre con mil 242 millones, que apunta al apoyo de trabajadores de confianza de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
Adicionalmente, existe otro en materia de vivienda para el magisterio con mil 30 millones en la panza, y uno más para "servicio universal eléctrico", de 3 mil 880.
El caso es que no se sabe, por ejemplo, si el apoyo a los trabajadores de confianza de la CNBV se ha derramado generosamente; no se conoce construcción de vivienda para maestros y no se está electrificando a las zonas recónditas del país.
Ahora que existe otro fideicomiso a resguardo de los recursos recabados por el nuevo impuesto a la actividad extractiva, que en el papel apoyaría la infraestructura de comunidades aledañas a las minas.
Este cuenta con 8 mil 784 millones.
Para obras de drenaje de la Ciudad y el Estado de México se tiene un guardado de 4 mil 433 millones de pesos.
Aunque se habla de la posibilidad de un gran problema social ante el faltante de reservas para hacer frente a pensiones de instancias públicas, entre ellas los bancos de desarrollo, existen tres fideicomisos a resguardo.
Uno de ellos apunta a Banobras, con una caja de 11 mil 141 millones; otro a Nacional Financiera, con 14 mil 438, y el último a Bancomext, con 2 mil 920.
Mientras la Secretaría de Gobernación mantiene un fideicomiso con mil millones de pesos para cuestiones de seguridad, la de Hacienda cuenta con 7 mil 618 para infraestructura, por más que el Fondo Nacional de Infraestructura, administrado por Banobras, tiene 11 mil 91 millones.
Los más robustos son el Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas con 74 mil 854 millones y, naturalmente, el de Estabilización de Ingresos Presupuestales, con 569 mil millones.
¿Hora cero para la transparencia?
Colocada en la recta final la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, a la delegación mexicana que viajó ayer a Washington se agregó el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray.
Flexibilizada la posición de México frente a la regla de origen para el sector automotriz, por más que las cartas todavía se barajan, la suerte se juega ahora en la cláusula de muerte súbita.
Estamos hablando de la exigencia de Estados Unidos de cerrar cada cinco años el acuerdo y empezar una nueva renegociación con base en la evaluación del período.
La posición del país, aceptada la posibilidad de revisar cada lustro el marco mercantil, pero sin suspender su vigencia, se centra en la amenaza de inhibirse inversiones ante la falta de certeza en la perspectiva.
La batalla final.
Acusado el abogado Paulo Diez Gargari por OHL, hoy con razón social Aleatica al asumir la mayoría de capital el fondo de fondos australiano IFM Investors, de haberle provocado un quebranto al difundir información sesgada sobre la firma en el escenario de la venta de sus acciones, la defensa de éste se centra en los artículos constitucionales que consagran la libertad de expresión.
El denunciado sostiene que sus opiniones están debidamente fundadas al ser emitidas a partir de un análisis riguroso y diligente de la información disponible en la coyuntura.
Alude, además, que las concesiones sobre la infraestructura pública y su financiamiento a través del mercado de valores constituyen asuntos de interés público.
Sin embargo, la firma sostiene que el denunciado violó el artículo 383 de la Ley del Mercado de Valores que alude a la difusión de información falsa mediante folletos, eventos, volantes o reportes financieros.
La concesionaria de carreteras se atrinchera en la opinión de delito colocada en la mesa por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
La batalla será épica.
De acuerdo con empresarios de publicidad exterior, el Instituto de Verificación Administrativa (Invea), encabezado por Meyer Klip, está realizando una campaña de acoso que califican de persecutoria.
La cruzada ha colocado la leyenda "Suspensión de actividades" en decenas de anuncios colocados en azoteas cuya instalación está prohibida desde hace ocho años.
El problema es que el organismo carece de facultades para realizar ese tipo de actos.
Otro problema, además, es que se calcula que se está tratando de desplazar a unos para dejarles el lugar a otros.
CRECE BANCO AZTECA
De acuerdo con un estudio realizado por Bankable Frontier Associate, una consultora global especializada en servicios financieros, la instalación de una filial de Banco Azteca en Perú ha mejorado las oportunidades económicas en las comunidades donde opera.
La firma financiera del Grupo Salinas tiene 150 sucursales en el país andino.
El análisis pondera el ahorro de tiempo para los usuarios, el incremento de la eficiencia, la posibilidad de crear ahorro y de aumentar el gasto en productos de primera necesidad. Además, naturalmente, de invertir en un negocio.
