Tambalearía una pieza central de la Reforma Energética. El 31 de julio, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) anunció que pondrá fin al fracking para extraer gas y petróleo. En reacción, 44 organizaciones que dan forma a la Alianza Mexicana contra el Fracking (AMCF) en diez estados del país, celebraron la declaración. Días atrás, Miguel Ángel Riquelme Solís, gobernador de Coahuila, consideró pedir al próximo presidente de la República no retire convenios de energía que involucran la extracción de gas shale, pero la aseveración del futuro jefe del Ejecutivo de la federación apuntó en sentido contrario.
"No vamos a usar ese método ya para extraer petróleo", dijo López Obrador al exponer finalmente los riesgos de la práctica del fracking para extraer gas y petróleo que ya se aplicó en algunas zonas del país, entre ellas la cuenca de Burgos -norte de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas-, limítrofe con la zona de hidrocarburos de Estados Unidos.
Hizo AMLO su declaración a pregunta expresa sobre la oposición de comunidades de la Huasteca Potosina al fracking. Transcurren días de manifestaciones en aquella región que llegan a su clímax con la declaración del secretario general de Gobierno de San Luis Potosí quien aseguró que en la Huasteca Potosina no entrará el fracking.
Los días 2 y 3 de agosto, organizaciones adherentes a la AMCF realizaron en Piedras Negras el Foro Minería y Fracking en Coahuila, donde denunciaron la perforación de pozos de fracturación hidráulica, fracking, para la producción de gas, en los municipios de Progreso, Hidalgo, Ocampo, Guerrero, Piedras Negras y Nava. Los mayores números corresponden a los campos Gamma y Habano, localizados en los municipios de Guerrero e Hidalgo.
Regiones de Chihuahua, Veracruz y Sierra Norte de Puebla completan la zona norte y Golfo de México considerada también para la exploración y explotación de gas shale, donde también hay protestas comunitarias.
Como se recuerda, en la Estrategia Nacional de Energía 2013-2017 y en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2016, el gobierno de Enrique Peña Nieto situó al gas natural -también conocido como gas de esquisto o shale- pieza central para la transición hacia fuentes de energía pretendidamente más limpias y sustentables.
En 2013, Peña Nieto lanzó su iniciativa para una Reforma Energética en la que planteó una mayor participación del capital privado en el sector y se abrió la puerta a la explotación de este gas a través de la técnica de fractura hidráulica o fracking.
Antes del 1 de diciembre de 2012, el entonces gobernador de Coahuila Rubén Moreira decía que si los ambientalistas demostraban que el fracking era riesgoso no se utilizaría en la cuenca de Burgos. Luego de aquel 1 de diciembre, ya con Peña en el poder, cambió de discurso y la cuenca de Burgos se ubicó como sede del Clúster Minero-Petrolero, grupo encabezado por el ex gobernador y ex director de Pemex, Rogelio Montemayor, para la explotación de gas y petróleo.
El mismo año surgió la Alianza Mexicana contra el Fracking "como un espacio urgente de acción, denuncia e investigación ante esta amenaza de extracción de hidrocarburos no convencionales", según dice en sus documentos.
El fracking implica la perforación de pozos verticales de hasta 5 kilómetros. Al hallarse la capa de esquisto se inyecta una mezcla de agua, arena y fluidos químicos a alta presión para hacer estallar la capa y así permitir la liberación del gas y otros hidrocarburos encapsulados.
Las consecuencias de esta técnica son múltiples: disminuye la disponibilidad de agua dulce en la zona, pues se tienen que inyectar hasta 26 millones de litros por cada pozo perforado; acarrea problemas para la salud y ecosistemas, pues se mezclan también más de 750 sustancias químicas altamente nocivas, entre ellas algunas radiactivas, cancerígenas y mutagenéticas que contaminan mantos freáticos, pozos y aguas superficiales; se ha comprobado también que se registra actividad sísmica en lugares donde no existía, además de que se acelera el cambio climático, pues esta "alternativa limpia" implica la liberación de gas metano al aire.
Un elemento negativo más es que esta técnica promueve el despojo del territorio, pues para que la extracción sea redituable se requiere perforar miles de pozos en grandes extensiones de territorio, muchas veces ocupados para la producción y reproducción del modo de vida campesino e indígena.
Dijo López Obrador:
"No vamos a usar ese método ya".
@kardenche
