Hacia finales del pasado mes de abril, el actual gobierno de Coahuila dio a conocer su Plan Estatal de Desarrollo 2017-2023 (PED). Lo más notorio del acto político relativo a la presentación del PED, es que prácticamente pasó inadvertido. Únicamente tengo presente haber visto un análisis serio de ese documento ¡uno solo!, escrito por un editorialista de Saltillo. El vacío, pues, casi completo.
¿A qué obedeció ese vacío? Al menos a un par de razones. En primer lugar, a que al ciudadano común, o por mejor decir a quienes están más o menos enterados del tema, consideran -y no sin razón- que el proceso que culmina con la presentación del PED constituye un grotesco espectáculo de mera simulación y engaño. Y dos: al pobrísimo marco jurídico estatal que regula dicho proceso de integración del PED.
Por lo que se refiere al primero de los dos puntos arriba mencionados, el propio documento da cuenta que para su elaboración se realizaron 12 foros estatales de consulta ciudadana, a los que asistieron 3,507 personas. Es probable que ambas cifras sean ciertas. Pero se necesita una alta dosis de candidez para aceptar a pie juntillas que en dichos foros "se recibieran 2,663 propuestas que fueron analizadas y, en su caso, incorporadas al Plan" (PED, pág. 14). Ni el más ingenuo cree que efectivamente así haya sido esto último.
Y por lo que respecta al aspecto jurídico del tema, procede mencionar los antecedentes del caso. Resulta que durante mucho tiempo la izquierda mexicana estuvo insistiendo en incorporar a la Constitución General de la República lo que llamaba el "capítulo económico". Parte importante de este capítulo constitucional debía ser lo relativo a la planeación nacional. Cuando en 1982 Miguel de la Madrid llegó a la Presidencia, de inmediato propuso adicionar a la Carta Magna dicho capítulo económico, probablemente influido por haber sido éste el tema de su tesis de licenciatura.
Realizadas de manera acelerada las reformas constitucionales del caso, para hacer efectivas éstas el propio Miguel de la Madrid se apresuró a presentar, para el ámbito federal, la iniciativa de Ley de Planeación, la cual fue publicada en el Diario Oficial el 5 de enero de 1983. Es decir, apenas treinta y cinco días después de haber llegado a la Presidencia de la República. Es por cierto la misma ley federal, desde luego con algunas reformas y adiciones, que hasta la fecha permanece vigente después de 35 años.
En lo local, ni remotamente ha sucedido igual en Coahuila. Cuando el tema de la planeación económica se puso de moda, según ya se dijo durante el sexenio de Miguel de la Madrid, a la Constitución estatal se le agregó en enero de 1984 una sola línea, a propuesta del entonces gobernador José de las Fuentes Rodríguez, para establecer como atribución del Congreso local la de "expedir leyes sobre planeación del desarrollo económico y social" (art. 67, fracción XLI, de la Constitución Política de Coahuila).
Tuvieron que pasar casi cuatro años para que al finalizar el gobierno de José de las Fuentes Rodríguez y a iniciativa suya, se aprobara la primera ley local en la materia, publicada el 8 de noviembre de 1987, la cual llevó como título "Ley de Planeación del Estado de Coahuila".
Dicho ordenamiento estuvo vigente más de dos décadas, hasta que el 17 de abril de 2009 fue abrogado por el primer Moreira. Luego, menos de tres años después, el 9 de marzo de 2012, el segundo Moreira, de nombre Rubén, abrogó a su vez la ley en esta materia promulgada por su hermano Humberto, ambos de tristísima memoria por tantas desgracias que le causaron a Coahuila.
¿Tuvo algún sentido que el par de Moreiras abrogara la respectiva ley de planeación que cada uno encontró vigente al llegar a la gubernatura? Absolutamente ninguno, salvo satisfacer su insufrible protagonismo y supuestamente dejar en esas leyes la impronta de su egocéntrica y compleja personalidad. Peor aún, cada una de ambas leyes dictadas por uno y otro Moreira y aprobadas por un Congreso dócil, registraron notorias y antidemocráticas regresiones, como veremos en el artículo de la próxima semana.
