Los conceptos de centralismo y descentralización aplicados a la acción de gobierno son contradictorios en principio, porque en tanto la centralización supone concentrar el poder y el ejercicio de las funciones de la administración pública, la descentralización implica delegar tanto la autoridad como la responsabilidad correlativa al ejercicio de funciones determinadas, en órganos intermedios de autoridad.
La Constitución de la República asigna la autoridad y las funciones que correspondan a los órganos de cada nivel de gobierno, que corresponden a Municipio, Estado y Federación, como instituciones destinadas a gobernar las comunidades naturales a saber: ciudad, región y territorio nacional. La Constitución busca superar la contradicción entre ambos conceptos, con el objeto de mantener la gobernabilidad plena, en un marco de máximo respeto a las comunidades sociales intermedias y a los derechos fundamentales de la persona humana.
Lo anterior viene a cuento en virtud de que la centralización del sistema de recepción de denuncias a través del número telefónico 911, concentra las llamadas de auxilio en un módulo de atención en la Ciudad de México, que las retransmite al C-4, modelo de centro de comunicación operado por los gobiernos estatales. En el caso de Coahuila, el C-4 ha resultado un fracaso que impide que las víctimas sean oportunamente atendidas ,entre otras causas, porque la solicitud de auxilio se procesa a través de una cadena de información y mando, sin que el telefonista que recibe la denuncia tenga el mínimo conocimiento de la realidad urbana en la que se requiere con urgencia la presencia de la autoridad.
La situación en comento implica una enorme dificultad del denunciante para hacerse entender por el interlocutor telefónico del sistema e impone una demora de veinte a treinta minutos para que llegue el auxilio de la autoridad, lo que redunda en mala atención a los ciudadanos. Lo impresionante es que la respuesta a las llamadas de auxilio es una cuestión que ya había sido resuelta en nuestra ciudad en un tiempo de cinco minutos, desde los tiempos en que Jorge Zermeño ocupó la presidencia municipal por primera vez, siendo gobernador Rogelio Montemayor Segui.
El sistema operaba en el marco de un Fideicomiso de Seguridad Pública, operado bajo el mando, decisión y responsabilidad del Municipio, al tiempo que era objeto de supervisión técnica y administrativa por parte de autoridades de los niveles de Gobierno estatal y federal. El Fideicomiso funcionó hasta la era de Enrique Martínez y Martínez, sin embargo, a la llegada de los Moreira a la gubernatura el fideicomiso fue liquidado y se arrebató al Municipio de Torreón la función de seguridad pública, lo que fue un factor decisivo para que la ciudad cayera en garras del crimen organizado.
La verdadera descentralización implica la asignación de funciones en cada nivel de gobierno que delegue responsabilidades y para ello, se requieren sistemas que hagan posible la presencia de la autoridad y las soluciones a los problemas de cada ciudadano en todas partes, y esto constituye el principio de inmediatez que explica la existencia del Municipio Libre, como célula básica del sistema político mexicano.
Con el triunfo de López Obrador en las elecciones, el Peje ha expresado algunas ideas de tanteo al respecto, y propone mover a los Estados algunas dependencias federales, sin tomar en cuenta que un traslado físico no es la solución, porque la sede de las oficinas principales, siempre estará lejos del resto del territorio nacional. Lo que se requiere es una delegación de funciones, de poder decisorio y responsabilidades y eso es posible en la era de la comunicación digital, sin que Estado y Federación pierdan el poder y facultades que les confiere la Constitución.
Si vamos a entrar o ya estamos, en el camino de acierto o error en el diseño de políticas públicas, es pertinente que el Municipio de Torreón recupere la función de prestar el servicio de seguridad pública, que por disposición Constitucional le corresponde.
