Son variadas, muy variadas, las cuestiones de carácter legislativo que corresponde atender a los integrantes del Congreso de Coahuila. En ocasiones no se trata de los grandes o trascendentes asuntos públicos sino de otros relativos a problemas, mínimos, o mínimos al menos en apariencia, en los que tienen interés o sólo afecta a pequeños grupos de la población. Pero sean de sectores amplios o reducidos, los legisladores deben estar en la disposición de oír y atender a todos.
No siempre resulta fácil determinar cuál solución, en la esfera legislativa, de entre las posibles, es la que más se ajusta a los requerimientos del bien común. Es el caso del asunto que han planteado ante la "Comisión de Desarrollo Urbano, Infraestructura y Transporte" del Congreso local, de la que formo parte, ciudadanos dedicados a la prestación del servicio de transporte escolar.
El art. 77 de la vigente Ley de Transporte y Movilidad Sustentable para el Estado de Coahuila, promulgada apenas en noviembre de 2017, define dicho servicio de transporte escolar de la manera siguiente: es el que "se presta a estudiantes y maestros de todos los niveles educativos, (que) consiste en el traslado del domicilio a los centros educativos y su retorno al lugar de origen, en horarios de clase; realizándose en vehículos con una antigüedad máxima de quince años a partir de la fecha de fabricación del mismo y que cumplan con las características establecidas en la presente Ley, en sus normas reglamentarias y en las normas oficiales mexicanas correspondientes".
Realizados por los interesados los trámites burocráticos de rigor y comprobado el cumplimiento de la serie de requisitos establecidos por la ley, el solicitante recibe de la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad del gobierno del estado el correspondiente permiso para llevar a cabo la prestación de dicho servicio.
Sin embargo, un problema grave enfrentan los permisionarios, cuyos representantes de la ciudad de Torreón y de la región Centro de Coahuila (Monclova) han comparecido ya ante la mencionada Comisión legislativa, lo mismo que el subsecretario de Transporte en el estado, para plantear los términos del problema y proporcionar la información del caso.
El problema consiste en que un altísimo porcentaje de los vehículos de los permisionarios tiene una antigüedad superior a los 15 años, que como máximo permite el art. 77 de la ley, arriba transcrito, requisito reiterado por el art. 78 de la misma.
Tanto la autoridad administrativa como los permisionarios han proporcionado a los diputados diversa información sobre el tema. Y ciertamente el problema es grave. ¿Qué tanto? Bastante.
De acuerdo a los datos aportados, dicho servicio de transporte escolar se presta en 16 ciudades del estado, a través de un total de 650 vehículos. La mayor parte de éstos se concentra en Torreón con 161, Saltillo 126 y Monclova 110. Y en Parras y Ramos Arizpe apenas uno en cada población.
De los 650 vehículos sólo 71, menos del once por ciento del total, están dentro de los quince años de antigüedad que establece la ley. Y 579 no cumplen esta disposición. El más antiguo es uno que da servicio en San Buenaventura a pesar de sus 46 años. Exceden hasta en cinco años la antigüedad 159 vehículos, entre seis y quince años 358, entre 16 y 25 años suman 53, y con más de un cuarto de siglo y hasta 30 años son 8. En total 579 sobrepasan la antigüedad permitida.
¿Es sobre este punto la legislación de Coahuila demasiado exigente? Parece que no. Una investigación para efectos comparativos realizada por la Subsecretaría de Transporte estatal arroja que la misma antigüedad prevé la ley en los estados de Nuevo León y Durango. En Tamaulipas es de doce años y en Guanajuato y Ciudad de México es hasta de diez años.
Los permisionarios insisten en que su negocio no es ni medianamente rentable. Que en realidad lo desarrollan como un complemento al ingreso familiar. De hecho no son pocas las mujeres que lo atienden. En la práctica están descapitalizados y jamás les alcanzaría para adquirir unidades nuevas y ni siquiera modelos de menos de 15 años.
Que, asimismo, prestan el servicio a familias de economía muy precaria que claramente ven no están en condiciones de pagarles una tarifa mayor. Algunos padres de familia les pagan por quincena, otros por semana y no faltan quienes lo hacen en forma diaria. Y aun con estas facilidades, hay casos en que les demoran la paga durante meses. A pesar de todo, el servicio es indispensable, necesario, muy útil para quienes lo requieren. Y ellos están dispuestos a seguirlo prestando en las condiciones en que lo vienen haciendo.
Una solución fácil sería modificar la ley para ampliar la antigüedad de los vehículos. Pero el día, ojalá y nunca, en que suceda algún accidente que signifique la pérdida de vidas de niños por las malas condiciones de los vehículos, la opinión pública señalará como culpables a los legisladores por la modificación hecha a la ley de manera tan irresponsable.
En este caso y otros similares se deben diseñar programas de apoyo y fomento con la participación del Gobierno estatal, no de dádivas, sino a través de esquemas financieros viables. El gran problema es que en Coahuila nada de esto es posible con las arcas saqueadas como se tienen y por el oneroso servicio de la deuda pública, que como bien todos sabemos fue un monumental atraco que hasta la fecha sigue impune. Así las cosas.
