Hace unos días, la organización Impunidad Cero publicó los resultados de una evaluación de las procuradurías del país en un texto denominado: Índice estatal de desempeño de las procuradurías y fiscalías 2018. El estudio usa una metodología cuantitativa en la que agrega varios indicadores de relativa comparabilidad para crear un índice. El resultado es un listado de instituciones ordenadas de la mejor a la peor. El primer lugar lo ocupa Chihuahua y el último: Puebla.
Guillermo Zepeda, autor del documento, cuenta con más de 20 años de experiencia observando meticulosamente la estadística relacionada con las procuradurías del país.
El índice estatal de Impunidad Cero abona al llamado a fortalecer las fiscalías y procuradurías estatales, las instituciones que investigan y judicializan más del 90% de los delitos denunciados. Para quienes estudiamos crimen y la respuesta institucional al mismo, sabemos que es precisamente el Ministerio Público uno de los elementos más negativos en la ecuación de impunidad en el país.
Además de los datos que comparan los ministerios públicos entre entidades, el estudio publica un resultado importante sobre el Nuevo Sistema de Justicia Penal. Según el autor, las modificaciones que introdujo el Código Nacional de Procedimientos Penales respecto al Ministerio Público permiten que un mayor número de casos se concluyan. Mientras en 2016, bajo el sistema anterior se finalizaron 9% de casos, en el mismo año la tasa de resolución en el sistema reformado fue de 22%, diferencia de más del doble.
El estudio muestra una importante variación en la mayoría de los indicadores considerados. ¿Qué significa esta variación entre parámetros? Significa que no todas las procuradurías son harina del mismo costal. Esto tiene implicaciones en términos de las descripciones y prescripciones que debemos hacer.
Del lado descriptivo, la variación de desempeño debe alertar a políticos, periodistas y analistas sobre la inclinación de generalizar a partir de datos y observaciones incompletas. Por ejemplo, algunos reporteros que colaboran con medios de cobertura nacional generalizan sus diagnósticos a partir de lo que observan en la procuraduría capitalina, institución que cercana a su centro de trabajo. Sin embargo, como es evidente, el Ministerio Público de la Ciudad de México tiene el mayor gasto per cápita con una de las tasas de conclusión de casos más baja, convirtiéndola en una de las procuradurías con menos efectividad. Además, tiene el nivel más bajo de confianza. Describir el sistema a partir de una sola entidad o con un solo indicador es un error.
Por otro lado, en términos de la prescripción, la variación en los parámetros debe ayudarnos para ubicar cuáles son las instituciones que se desempeñan mejor y, como siguiente paso, documentar las recetas de gestión pública que son dignas de replicarse, adaptarse y promoverse.
En términos de los hallazgos de Guillermo Zepeda y a la luz de que Chihuahua lleva dos años consecutivos laudada como la mejor procuraduría, es tarea inexcusable documentar lo que ahí sucede. En última instancia, lo que más queremos en México no es avergonzar a políticos sino contar con instituciones que funcionen. De ahí que el estudio es un primer paso para dar los otros que necesitamos en la reparación de las fiscalías que hoy por hoy no sirven.
Twitter: @LaydaNegrete
