Mientras Andrés Manuel López Obrador hace cálculos políticos para concretar sus propuestas sobre la forma en que realizará lo que hasta ahora ha nombrado como "pacificar el país" (cualquier cosa que entienda por ello) y discute moderadamente con las instituciones electorales a causa del uso del fideicomiso destinado a las víctimas de los terremotos de septiembre pasado, mientras tanto, en el resto del país siguen asesinando funcionarios públicos y líderes sociales.
El viernes pasado fue asesinado Eliseo delgado Sánchez alcalde electo para el municipio de Buenavista en Michoacán. El municipio cuenta con un poco menos de 48 mil habitantes y colinda con el estado de Jalisco. En la cabecera municipal, la localidad de Buenavista Tomatlán, en un restaurante frente al edificio de la alcaldía fue asesinado el candidato triunfador de la coalición encabezada por MORENA.
Apenes el 27 de junio pasado fue asesinado al alcalde interino de se mismo municipio Javier Ureña González, quien se desempeñaba como secretario del ayuntamiento hasta que Lorenzo Barajas Heredia pidió licencia de su cargo de alcalde para buscar reelegirse en los comicios del primero de julio. Ambos militantes del el PRD. Lorenzo Barajas en la madrugada del 28 de noviembre 2016, ya en funciones de presidente municipal, sobrevivió a un ataque con armas de grueso calibre al salir de un restaurante en Zapopan, según el informe de la Fiscalía General de Jalisco.
Con el asesinato de Eliseo Delgado son seis ataques contra candidatos en el estado de Michoacán solamente en el pasado proceso electoral. Los otros afectados pertenecen a los partidos del PAN, PRI y un independiente. Es decir, los candidatos que han sufrido ataques en esa región no pertenecen a un mismo partido político. Fue en ese mismo estado que en diciembre de 2006 se puso en marcha el primer operativo de seguridad en el sexenio de Felipe Calderón. La estrategia combinaba fuerzas policiales locales con elementos del ejército.
Según informó la Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC), de ese entonces hasta el 20 de julio de este año, pasando por el sexenio de Peña Nieto, fueron asesinados 58 alcaldes en funciones, 10 alcaldes electos, 67 exalcaldes, un total de 135, de los cuales 69 pertenencia al PRI. Por estos hechos violentos los estados identificados como zonas de riesgo son Veracruz, Guerrero, Oaxaca y Michoacán.
El pasado 17 de julio fue asesinado Abraham Hernández González, quien era el coordinador regional del Comité por la Defensa de los Derechos Indígenas. Los hechos ocurrieron en la localidad de Salchi, en el municipio de San Pedro Pochutla, Oaxaca. Con este asesinato suman ocho casos de personas defensoras de derechos humanos que son víctimas de homicidio en lo que va de este 2018. El de Abraham es el primero después del día que más de 30 millones de electores celebraron un triunfo que llamaron "democrático".
Apenas ayer, 24 de julio, fue asesinado el periodista Rubén Pat Cahuich en Playa del Carmen, Quintana Roo. El periodista era director del Semanario Playa News. El año pasado Rubén Pat fue detenido ilegalmente y torturado por policías municipales de Solidaridad, Quintana Roo, según documentó la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los derechos Humanos. El 29 de junio fue asesinado José Guadalupe Chan Dzib, periodista del mismo semanario. Con ellos dos son ocho periodistas asesinados en lo que va del año y uno más que está desaparecido.
Estos asesinatos a funcionarios públicos, defensores de derechos humanos y periodistas son un signo de la escalada de violencia que se vive actualmente en México. El primer salto en la espiral de violencia fue cuando a partir de 2006 aumentó el número de decesos de presuntos narcotraficantes y de bajas de miembros de las fuerzas del estado. Un segundo avance en la escalada se dio crecen exponencialmente los asesinatos de civiles y el número de desaparecidos. Todo indica que se está consolidando un tercer nivel de escalada en el actual ciclo de violencias; éste se muestra en el asesinato de personas que ejercen alguna forma de liderazgo público en la sociedad.
El candidato que bendice las redes sociales (ya que les atribuye parte de su triunfo) no ha dedicado ni una sola publicación en la plataforma de Twitter para condenar los recientes asesinatos de alcaldes electos, defensores de derechos humanos y periodistas. Ni siquiera condenó el asesinato del integrante de su partido. Estos primeros silencios de López Obrador no se traducen precisamente en confianza de que el gobierno que va a encabezar reconozca los derechos de las víctimas en términos de acceso a la justicia, a la verdad, a la reparación y a garantías de no repetición.
Twitter: @davidsecular
