La aplastante victoria que obtuvo Andrés Manuel López Obrador en el pasado proceso electoral, que permitió que la coalición que lo postuló logrará la mayoría en ambas cámara del Congreso de la Unión, ha hecho olvidar que el Poder Legislativo estrenará atribuciones muy importantes a partir del próximo 1 de diciembre.
La reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero del 2014 avanzaba en lo que se ha llamado "parlamentarizar el presidencialismo", es decir, establecer disposiciones constitucionales que produzcan un mayor equilibrio entre los Poderes Legislativo y Ejecutivo.
Entre otras facultades que estrenará la Cámara de Diputados se encuentra la de "ratificar el nombramiento que el Presidente de la República haga del Secretario del ramo en materia de Hacienda…así como de los demás empleados superiores de Hacienda", lo cual desde luego incorpora a los subsecretarios, pero también a algunos directores generales. La misma cámara deberá aprobar el Plan Nacional de Desarrollo, que hasta el gobierno que se encuentra a punto de concluir no requería de dicho trámite, simplemente el Ejecutivo lo elaboraba y publicaba, sin que tuviese que pasar por la aprobación de ninguna instancia ajena al mismo Poder.
Mientras tanto, el Senado de la República también estrenará facultades: ratificar al Secretario de Relaciones Exteriores, así como de los empleados superiores de dicho ramo. Esta cámara también tiene la facultad de "Aprobar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública…" En una reforma posterior, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de mayo del 2015, también se le otorgó la facultad de ratificar el nombramiento del Secretario de la Función Pública, misma que utilizó por primera ocasión con la designación de Arely Gómez el 27 de octubre del 2016.
Cuando se aprobaron estas reformas constitucionales del 2014, los legisladores tricolores tuvieron buen cuidado de agregar en el artículo décimo segundo transitorio que todas estas disposiciones entrarían en vigor el 1° de diciembre del 2018, para no obligar al actual presidente Enrique Peña Nieto a pasar por este trámite. ". Era comprensible que la reforma constitucional no aplicará para los secretarios ya en funciones, pero no existía ninguna razón para que en caso de que hubiese un cambio en dichas secretarías (Hacienda y Relaciones Exteriores) prevaleciese la no aplicación.
El transitorio permitió a Peña Nieto designar como Secretario de Relaciones Exteriores a Luis Videgaray el 4 de enero de 2017, que al menos hubiese sido muy discutido en el Senado. Mientras tanto en el caso de la designación de Virgilio Andrade Martínez, como secretario de la Función Pública el 3 de febrero del 2015, para no someter dicha designación a la ratificación del Senado, el presidente y los legisladores tuvieron buen cuidado de hacer la reforma constitucional hasta después de que ya lo habían designado con la encomienda de exonerarlo del conflicto de interés en el caso de la "Casa Blanca de Las Lomas".
Como puede verse casi al final de su mandato, esa protección fue determinante para que Peña Nieto pudiera hacer dos designaciones que resultaron cruciales para él, pero muy dañinas para México.
En el caso del Plan Nacional de Desarrollo es comprensible que no se obligara al Ejecutivo a someterlo a la aprobación de la Cámara de Diputados, pues ya estaba en vigor en el momento en que se aprobó la reforma. Sin embargo, en el caso de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública la situación era muy distinta, pues la misma reforma constitucional fue la que instauró la obligación de elaborarla, por lo cual hubiese sido factible que el transitorio contemplase un tiempo prudente para la construcción de la misma y su presentación ante el Senado, para su aprobación.
En febrero del 2014, cuando se promulgó la reforma constitucional, los índices delictivos se encontraban en declive, tras el pico del 2011, sin embargo, empezaron el repunte nuevamente a fines de ese año. Haber optado por obligar al gobierno actual a diseñar e implementar una estrategia que tenía que someter al escrutinio del Senado, posiblemente hubiese permitido no únicamente evitar el repunte en los índices delictivos, sino eventualmente mantener la tendencia a la baja.
Dado que la coalición encabezada por López Obrador logró, (de acuerdo a las proyecciones conocidas hasta el momento) 306 diputados y 69 senadores, es de esperarse que las propuestas del Ejecutivo sean aprobadas por las Cámaras, sin embargo, el hecho de que tengan que someterse a su discusión y que la oposición tenga la posibilidad de expresar sus comentarios y objeciones desde la tribuna parlamentaria, obligan a un mayor rigor en la elaboración de los documentos y a la presentación de candidatos honorables y defendibles frente a la opinión pública.
Particularmente relevante es la obligación de presentar la estrategia de seguridad pública, pues obliga a elaborarla y justificar los rasgos más significativos y relevantes, ya que más allá de lo que suceda en el Senado, habrá un documento público que estará sujeto al escrutinio de organismos internacionales, académicos, expertos en el tema y medios de comunicación. Basta pensar que si esta obligación hubiese existido en el 2006, el entonces presidente Felipe Calderón, hubiese tenido que reflexionar más su decisión de iniciar la "Operación Michoacán", en diciembre de ese año, que optó por militarizar la seguridad pública y desencadenó la ola de inseguridad.
Así, aunque las propuestas del próximo presidente de México sean aprobadas sin mayores sobresaltos, las nuevas facultades del Congreso obligarán al nuevo gobierno a diseñar e implementar mejores planes, programas y políticas públicas, así como, a seleccionar mejor a su gabinete.
