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EDITORIAL

Verdades y Rumores

EL AGENTE 007
sábado 21 de julio 2018, actualizada 6:10 pm


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Cuentan que en la puja y el regateo de las curules plurinominales de la próxima legislatura federal no todo está perdido para Jesús de León. Nuestros subagentes disfrazados de matracas blanquiazules reportan que el PAN ha iniciado una batalla legal en contra de la sobrerepresentación de Morena en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, luego de que el partido del Peje arrasara con más de 210 distritos en la elección del 1 de julio, a los que hay que sumar los escaños que obtendrán por la vía de la representación proporcional. Dicen que en una de ésas es chicle y pega, y el Tremendo Trife pudiera darle la razón a Acción Nacional, lo que implicaría un reparto diferente de pluris en beneficio de otros partidos y en detrimento de los morenistas.

De darse el fallo que los panistas esperan, don Chuy pudiera llegar al Congreso de la Unión por la vía plurinominal, con lo que obtendría una compensación luego del sacrificio que tuvo que hacer para dejar que su correligionario Guillermo Anaya se quedara en la fórmula para el Senado de la República. Lo que son las cosas: don Memo ha quedado fuera de la cámara alta tras el descalabro sufrido en las urnas que lo mandó al tercer sitio junto con su compañera Esther Quintana, mientras que De León pudiera colarse a la máxima tribuna de la República y saludar desde ahí a quienes no le permitieron hacer campaña. Pero falta todavía para que esto se concrete, ya que hay aún un pleito legal qué ganar. Sobre Anaya, corre la especie de que el futuro no pinta de colores para los próximos meses o años, toda vez que con esta ha sumado su tercera elección perdida al hilo. Las lenguas viperinas dicen que, en ese tenor, tal vez Torreón cuente próximamente con una nueva notaría pública, ya que hay que recordar que don Memo tiene muy bien guardado su fiat que le regaló el exgober priista Enrique Martínez. O sea que de cualquier forma va a caer de pie.

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Y ya que hablamos de diputados, dicen que está en proceso el estirón de orejas para los curulecos locales que, desde la oposición, están dándole al gober priista Miguel Riquelme los votos que necesita para pasar sus iniciativas en el Congreso estatal. Y es que, como habían reportado nuestros subagentes, hay varios diputados del hipotético bloque opositor que al parecer han sido seducidos por las iniciativas presentadas por el tricolor ya que no sólo les han dado el beneficio de la duda sino también el privilegio de su voto. Tal es el caso, dicen, de Juan Carlos Guerra, del PAN, de quien se comenta que la petición de los integrantes de su partido para que se le sancionara hasta ahora ha quedado sólo en eso, una petición. Pero el que parece que sí va a dejar su partido es el udecista Édgar Sánchez, a pesar de que en principio el líder moral de la UDC, Evaristo Lenin Pérez, había dicho que sólo hablarían con él. Don Édgar hizo unas declaraciones sobre que él no recibía línea de nadie y que de ser necesario, se haría independiente para que los de su partido no le estuvieran diciendo cómo votar o no votar. El asunto es que, al parecer, el dirigente udecista, Ramiro Moreno, ya le tomó la palabra y solicitó que se inicie un proceso de expulsión. Respecto a la legisladora Elisa Villalobos, de Morena, los subagentes reportan que el Comité Directivo Estatal del partido solicitó una investigación sobre el trabajo de su diputada para valorar si merece o no una sanción. Por último, en el caso de Claudia Isela Ramírez, del PRD, las malas lenguas dicen que ahí no habrá ningún tipo de sanción por votar las iniciativas del PRI a favor, sino que todo lo contrario, tal vez haya hasta una felicitación puesto que, cuentan, está cumpliendo la línea de Mary Telma Guajardo, jefa del Sol Azteca en Coahuila, quien como se sabe es cercana a la línea oficial del estado desde hace varios años.

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Corre la especie de que los ajustes en las delegaciones federales en los estados pudieran generar algunos dolores de cabeza a los gobernadores. Y es que dicen los que saben que más allá de arrebatar el control a los mandatarios estatales de algunas de las dependencias del gobierno central en las entidades, hay otros dos objetivos más importantes que es donde pudieran darse los principales roces. El primero de ellos tiene que ver con la operación de los programas clientelares -perdón, sociales- para los que históricamente en estados con gobiernos del mismo color que el federal se tendía a empatar los padrones con las listas partidistas. Pues ahora que Morena llega al poder de la mano del López Obrador, dicen que las cosas van a cambiar y que una de las principales consignas de los nuevos jefes políticos o procónsules plenipotenciarios va a ser la de controlar férreamente el uso de los dineros en materia de asistencia social para evitar la merma de votos y el premio con chambas a sus allegados, vicio originario desde la independencia nacional. Se espera que en este rubro se libren batallas interesantes en las colonias y ejidos en donde la estructura priista aún está fuerte en estados como Coahuila. El otro asunto que pude generar cierta incomodidad a los gobernadores es que la instrucción que han recibido los futuros superdelegados es hacer mucho con poco, para lo cual tendrán que aplicar un fuerte plan de austeridad. Y como las comparaciones son odiosas pero necesarias, los más avezados en esto de la cosa pública creen que en caso de que los procónsules sigan al pie de la letra las instrucciones, algunos gobernadores podrían quedar mal parados a la hora de que el respetable compare cómo se ejerce el gasto en las entidades desde la oficina federal y desde el gobierno estatal.

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A propósito de eso, dicen que el actual gobierno del preciso Peña Nieto ya ha girado instrucciones para que comiencen cuanto antes los recortes en las delegaciones federales así como la operación limpieza para evitar sobresaltos en el cambio de administración. Por ejemplo, en Coahuila los encargados de enlace y comunicación social de varias delegaciones, como Sedesol, ya comenzaron a despedirse y a sacar sus cosas de las oficinas, cuando todavía faltan cinco meses para el cambio de poderes. Cuentan los agudos observadores que esto se debe a que desde las oficinas centrales quieren hacer los amarres necesarios para que las cuentas empiecen a cuadrar y que, una vez que asuma el enviado del futuro preciso López Obrador, no encuentren demasiadas cosas que señalar. Y es que, por ejemplo en la provincia coahuilense, Reyes Flores Hurtado ya anda filoso revisando los gastos de las delegaciones actuales y está levantando un reporte sobre lo que considera gasto excesivo. Visto así, parece que la cosa va en serio. Vamos a ver si así se mantienen.

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En otros asuntos, cuentan que agentes del Ministerio Público siguen haciendo de las suyas en la región. Es un secreto a voces que estos servidores públicos de pronto hacen sus “arreglos” para consignar o no a los detenidos, pero el asunto ahora es que hace unos días en Torreón los “agarraron” con las manos en la masa. Resulta que una mujer se quejó que una de las abogadas a quien sólo identificó como la Lic. Favela y que fue asignada a la recién creada “Unidad de Centro de Operaciones Estratégicas” que aunque suena tan rimbombante, no es más que pan con lo mismo, pues la unidad se creó para ver únicamente delitos relacionados con drogas. El asunto es que la quejosa denunció que aún y que su familiar estaba casi a media audiencia la abogada le estaba pidiendo la nada despreciable cantidad de 7,500 pesos, pues le aseguró que el detenido saldría libre, cuando se supone que ellas no tienen la certeza de que eso pase, pues es el juez quien lo determina. El asunto es que la denuncia llegó hasta los oídos de la coordinación de ministerios públicos, la superior los reunió a todos y las echaron de cabeza, pues ahí pusieron en evidencia a otras dos abogadas de nombre Karla y Alejandra, a quienes también se les acusó de pedir cantidades considerables de dinero para aceitar la maquinaria de la justicia. Pero además en esa reunión se ventiló que ellas impiden que los familiares de los detenidos contraten por su cuenta abogados para que lleven sus casos, ya que son ellas quienes les proponen a los defensores de oficio que acuden a la Fiscalía y debido a que va de por medio una “pequeña” ayudita. Vaya cosas.

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