Nadie puede restarle méritos a lo definitivo del triunfo electoral de Andrés Manuel López Obrador en las elecciones de 2018. El 53% de la votación es más que suficiente para acreditarlo. Aunque el remanente no es un número despreciable, no significa que esté formado de enemigos jurados buscando su fracaso, sino está compuesto por ciudadanos que no negarán su apoyo para contribuir a que el país sea más habitable y grato. Lo que prevalece es una actitud de darle a AMLO el beneficio de la duda.
Hay cosas que son buenas que están emergiendo de las primeras semanas en el desempeño del futuro Presidente de la República. Es benéfica la tranquilidad que Andrés Manuel ha estado sembrando en sus declaraciones a la prensa y en los coloquios que ha sostenido con los principales jerarcas de la iniciativa privada.
En estos momentos de transición es sensato que AMLO afirme que el equipo negociador actual del TLCAN debe continuar y que el tratado debe permanecer como tripartito y no reducido a un par de tratados paralelos, uno con Canadá y el otro con nosotros, para hacer valer el "América First"-.
Hay, por otra parte, asuntos que empiezan a ventilarse durante este curioso período transicional y que, sin ser esenciales para el desarrollo nacional , serían un muy costoso distractor e impedimento para aclerarlo sin demora.
Uno de los puntos más reiterados es el que, después de un lapso convenido, quizás tres años por ejemplo, se consulte a la ciudadanía si el Presidente de la República debe continuar con su gestión o abandonarla. La propuesta es extremadamente inapropiada para un país, como el nuestro, en momentos en que los equilibrios políticos están bajo un confuso escrutinio público. La propuesta resulta extremadamente paradójica y dañina, aún más porque una de las razones por la que el señor López Obrador ganó la Presidencia es que hay una urgencia clara en confiar en una gestión administrativa segura y sin desvíos de ningún tipo.
Pedirle al electorado que reconsidere su aprobación de mandatario a cada rato es provocar una confusa inestabilidad que resta autoridad y seguridad a programas de siquiera mediano, ya no de largo plazo que son los que México más necesita.
Otro caso es el resucitado proyecto de dispersar por todo el ámbito nacional, no oficinas operativas del gobierno, sino las superiores. La dispersión de las Secretarías se examinó y discutió hace al menos 25 años, en tiempos del Arquitecto Ramírez Vásquez. Ahora nuevamente tendría la finalidad de acabar con el congestionamiento de la ciudad capital de la república para repartirlo en varias localidades.
Por lógica se no se distribuirían las secretarias a ciudades ya excedidas en población como Guadalajara, Monterrrey, Chihuahua, Puebla o Querétaro.
La finalidad del proyecto es aparentemente equilibrar el desarrollo y la distribución urbana en el país. Se entenderá que para hacer esto posible se dotaría a las nuevas ciudades-sedes de los elementos que los habilitaran para recibir las nuevas oficinas que, por definición son numerosas.
No hay en esas consideraciones ninguna que atienda a la comodidad de los ciudadanos que tenemos que tratar en diferentes oficinas superiores un determinado asunto. La atención a cuestiones agrarias, por ejemplo que tienen que ver con la SAGARPA al igual que con la SHCP, o la de Economía simultáneamente, se vería severamente entorpecida para su atención si el interesado promovente tuviera que trasladarse de una ciudad a otra para abarcar las diversas facetas de un mismo asunto. El interés, el tiempo y los gastos del ciudadano común y corriente son, una vez más, los que menos se toman en cuenta.
Se alegará que las comunicaciones extremadamente rápidas y eficientes de hoy en día sustituyen con ventaja la presencia física de los interesados y que todo asunto ya puede manejarse a distancia entre computadoras y redes de comunicación. No es así. No todo el mundo dispone de redes. La presencia física y la interlocución personal son indispensables y siempre lo serán por mucho, que la comunicación, incluso por videos o por satélite, se perfeccione.
Las ciudades "e" que se inician en algunos países y que comienzan en algunas alcaldías se aplican a tramites que pueden realizarse impersonalmente: declaraciones fiscales, la obtención de documentos públicos o notariales, los permisos de toda índole, que sin duda pueden resolverse vía terminales electrónicas. No así los asuntos de coordinación de actividades entre organismos públicos o privados, que queremos propiciar cada vez más y para lo cual la reunión personal y directa es insustituible. No así los asuntos que preocupan a personas de escasos recursos a los que sería infame obligarlas a peregrinar de una ciudad a otra buscando atención.
En éstos, como en varias otras áreas de la administración futura que ahora está en diseño, sería altamente recomendable que los personajes que se responsabilizarán de ellas aprovechen este largo período de transición para visitar los países donde ya se hayan ensayado las novedades que se pretenden recetar a México. López Obrador debe pensar siempre en el ciudadano.
