En México, como en muchos otros países, la famosa austeridad republicana sólo se conoce en épocas de crisis. Cuando la Secretaría de Hacienda se ve obligada por la realidad económica mundial o nacional a ejercer fuertes recortes en el gasto, los tres niveles de gobierno anuncian sendos planes de austeridad, con el fin de hacer más con menos. Mientras no haya crisis evidente, el dispendio suele ser la constante y los planes de gasto eficiente permanecen en los cajones de los escritorios.
Andrés Manuel López Obrador, virtual presidente electo de México, prometió, además de combatir la corrupción e impunidad y acabar con la violencia, entre otras muchas cosas, ejercer con una austeridad a rajatabla los recursos del erario. Para ello ha anunciado una serie de medidas que van desde la venta del avión presidencial y demás aeronaves al servicio de funcionarios federales, hasta la disminución de los sueldos y prerrogativas de servidores públicos de primer nivel y empleados de confianza, pasando por la compactación de una buena parte del aparato burocrático.
La propuesta ha sido tomada de diferentes maneras. En varios sectores, principalmente sociales y empresariales, ha generado beneplácito por lo que consideran un ajuste necesario al gasto público. Pero en el ámbito político ha provocado escepticismo, sobre todo por las complicaciones que pudiera traer el llevar a cabo un plan así y la molestia que pudiera generar entre los trabajadores del gobierno, aunque el futuro presidente ya dijo que no se tocarán los intereses de los sindicalizados y empleados de base.
Como quiera que sea, la promesa representa una gran oportunidad para meter orden en el sector público, principalmente en lo que tiene que ver con los sueldos y salarios. Y no sólo en el nivel federal, sino también en estados y municipios, en donde deberían comenzar a tomar nota para replicar y/o mejorar las medidas que el próximo presidente de la República pretende aplicar. Porque a estas alturas no existe una clara justificación sobre las percepciones de los servidores públicos en México y la disparidad de criterios es enorme. ¿Por qué gana un alcalde, gobernador o presidente lo que gana, por ejemplo? ¿Cuáles son los parámetros?
Pero la austeridad no sólo debe abarcar el aspecto de las remuneraciones. Un ejercicio responsable del gasto implica forzosamente la ejecución de programas y obras con diagnósticos adecuados, necesidades comprobadas, bajo estrictos planes y una supervisión efectiva. En México abundan los casos de obras o programas que terminan costando más de lo proyectado originalmente sin que se logre justificar el incremento y, peor aún, sin tener la certeza de que el dinero se utilizó para lo que estaba destinado.
Hará falta mucho más que el simple ejemplo, como propone López Obrador, para obligar a todos los gobernantes y funcionarios de primer nivel a ejercer de manera más responsable el recurso que sólo se ha puesto en sus manos de manera temporal y con el único fin de administrarlo en beneficio de la ciudadanía que los puso en el lugar en donde se encuentran. El mejor aliciente para que la obligada austeridad sea permanente es un esquema eficiente de rendición de cuentas. Lo demás son sólo buenas intenciones.
