¿Cómo enfrentará el próximo gobierno la crisis de derechos humanos y corrupción enlazadas por la impunidad que padece México? Pregunta pertinente.
Hablemos de algunos mecanismos de impunidad que afectan a las investigaciones criminales y que han sido identificados por organizaciones civiles en diagnósticos y propuestas. Uno es el de formalismo y burocracia en el sistema penal mexicano.
El sistema penal padece excesivo formalismo y burocratización exorbitante, en parte debido al sistema inquisitivo que todavía predomina en algunos estados y que seguirá prevaleciendo para investigaciones de delincuencia organizada.
Es posible que este obstáculo se corrija, al menos en parte, con la transición a un sistema acusatorio oral. Pero la burocratización es producto de prácticas arraigadas y no solo de diseños legales; se trata de una cultura institucional. Es posible, incluso probable, que si no se toman medidas proactivas su inercia subsista en el nuevo sistema.
El sistema favorece consignar en documentos todo lo actuado y documentar por escrito cada movimiento, lo que repercute en que las investigaciones sean excesivamente rígidas. Lo sustancial se sacrifica frecuentemente a favor de lo procesal. Este formalismo limita los alcances del sistema legal.
No se trata de criticar la formalidad, que en el ámbito de derecho penal siempre expresa garantías, se trata de señalar que deviene en un formalismo ritualista donde se pierde lo sustancial por preservar lo adjetivo.
Por ejemplo, el volumen excesivo de expedientes que el formalismo genera supone dificultades para conocer integralmente la información que estos contienen, dado que no son de rápida lectura para abogados de las víctimas ni para el abogado defensor.
El Ministerio Público además no comparte sus índices de las averiguaciones y carpetas con los coadyuvantes, y ni siquiera con agentes del Ministerio Público adscritos a juzgados donde se ventilan las causas penales.
El formalismo también diluye la responsabilidad de los distintos funcionarios que intervienen en la investigación.
Varias personas diferentes pueden intervenir en una misma actuación sin que ninguno tenga el escenario completo de lo que se ha ido recabando, al tiempo que estas actuaciones terminan siendo firmadas por funcionarios menores a quienes se considera legalmente responsables si algo llega a salir mal: los mandos a cargo de las investigaciones no firman ningún papel por el que después se les pueda responsabilizar.
No identificar con precisión al funcionario encargado implica que la responsabilidad no sea de nadie y que no se asuma una visión global del caso que ayude a conducir las investigaciones complejas.
Ahora bien, la relevancia de confesiones y declaraciones de inculpados como pruebas en investigaciones penales es enorme. Aunque la confesión haya perdido valor, la prueba reina para adelantar una investigación en contra de alguien siguen siendo las declaraciones rendidas ante el Ministerio Público: las estructuras criminales se construyen a partir de quién señala a quién y no a partir de medios objetivos como, por ejemplo, quién llama telefónicamente a quién o quién le deposita bancariamente a quién.
En delincuencia organizada, para probar la participación del imputado en un hecho delictivo basta con su confesión y el señalamiento de un coimputado, cosa que no sucede en otros países. Así, las pruebas objetivas y científicas son secundarias y hasta excepcionales.
El valor que se otorga a la declaración del inculpado puede influir de manera negativa en la actuación de los agentes del Ministerio Público: es necesario lograr la confesión del inculpado, aunque para ello los medios no sean adecuados. Ese enfoque desmotiva la necesidad de esclarecer plenamente el caso y contrastar las declaraciones con otras pruebas ya sea para validarlas o rechazarlas.
Siguiendo solamente la declaración de los inculpados es sencillo incurrir en errores u omisiones que luego pueden llevar a la impunidad.
No se puede depender de la versión de un individuo que puede tener distintas razones para declarar en el sentido que lo hace.
La preponderancia de confesiones y declaraciones de testigos como pruebas centrales incentiva la práctica de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes y, por lo tanto, recurrir a medios ilegales de investigación que pueden poner en riesgo el derecho al acceso a la justicia de las víctimas.
Tarea ineludible, revertir la impunidad.
@kardenche
