En el marco de la crisis sociopolítica que comenzó el 18 de abril pasado y ha dejado al menos 320 muertos. (ARCHIVO)
La tensión creció hoy en varias ciudades de Nicaragua en medio de denuncias de amenazas de nuevos ataques de las fuerzas del Gobierno y el levantamiento de más barricadas para repelerlos, en el marco de la crisis sociopolítica que comenzó el 18 de abril pasado y ha dejado al menos 320 muertos.
En Jinotega, al norte de Nicaragua, donde entre abril y junio pasados al menos 8 personas murieron por ataques adjudicados a fuerzas del Gobierno, los manifestantes "autoconvocados" volvieron a levantar barricadas para evitar nuevas acometidas de las "fuerzas combinadas" gubernamentales.
En Sébaco, otra ciudad del norte del país, los "autoconvocados" denunciaron esta mañana que simpatizantes del Gobierno marcaron las de algunas sus viviendas, y dijeron temer que sean incendiadas como ha ocurrido de Masaya, Managua, León y Matiguás.
En Masaya la tensión se extendió desde anoche debido a continuos tiroteos y el sobrevuelo de drones supuestamente del Gobierno, y un apagón que generó temor de un nuevo ataque armado que finalmente no ocurrió.
Masaya, declarada territorio "del dictador" por su comunidad indígena, está ahora mismo es máxima, luego de que el Gobierno anunció el lunes su intención de realizar allí "el repliegue", una de las fiestas más importantes del sandinismo, en una fecha que no fue revelada.
El "repliegue" consiste en una caminata encabezada por el presidente nicaragüense, Daniel Ortega, desde Managua hasta Masaya.
Los nicaragüenses amanecieron con la resaca de la intensa jornada del lunes, cuando un grupo de paramilitares agredió al nuncio Stanislaw Waldemar Sommertag, al cardenal Leopoldo Brenes, al obispo Silvio Báez, y a los sacerdotes Miguel Mántica y Edwin Román.
Nicaragua atraviesa la crisis sociopolítica más sangrienta desde la década de 1980, con Ortega también como presidente.
Las protestas contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo iniciaron por unas fallidas reformas de la seguridad social y se convirtieron en una exigencia de renuncia del mandatario, después de once años en el poder, con acusaciones de abuso y corrupción.
