La reconfiguración del mapa político nacional y de la región tras la jornada electoral del 1 de julio representa una oportunidad de oro para la construcción de una democracia basada en el diálogo directo y la franca negociación. Como nunca antes, tres bloques partidistas se despliegan por todo el territorio nacional en un reparto inédito de fuerzas. Ciertamente que el gran ganador de la contienda, Morena de Andrés Manuel López Obrador, emerge con fuerza para quedar en una posición más cómoda que la que tuvieron sus antecesores Peña Nieto, Calderón, Fox y Zedillo, la presencia de gobiernos y legislaturas estatales, así como alcaldías, emanadas de distintos partidos obligará a las diferentes fuerzas a ejercer la política en el mejor sentido del concepto.
Lo primero que se observa en el plano nacional es que el futuro presidente de la República contará con una mayoría simple de legisladores afines en las dos cámaras del Congreso de la Unión. Esta mayoría le permitirá impulsar modificaciones a las leyes secundarias, pero no reformas constitucionales, para las cuales necesita mayoría calificada, es decir, de los votos de dos terceras partes de los legisladores, que no tiene en este momento. En consecuencia, López Obrador tendrá que debatir y negociar con las fuerzas representadas en el Congreso si quiere impulsar cambios en la Constitución. Esto lejos de representar un problema, puede ser favorable si ese debate se da con la suficiente calidad y altura para mejorar las propuestas.
En cuanto a los estados, llama la atención que Morena no sólo logró ganar cinco de las nueve gubernaturas en juego (Cd. de México, Veracruz, Chiapas, Tabasco y Morelos), sino que consiguió ser mayoría en 19 de las 26 entidades en donde hubo renovación de congresos locales. Este escenario, aunado al ya existente en el resto de entidades, significa que en una buena parte de los estados el partido gobernante no tendrá el control de la legislatura. Es el caso de Durango, en donde el gobernador panista, José Aispuro, tendrá que lidiar con un congreso mayoritariamente morenista producto de la elección del 1 de julio; pero también de Coahuila, en donde el gobernador priista, Miguel Riquelme, enfrenta una legislatura con mayoría de oposición derivada de los comicios de 2017.
En el plano regional, el panorama se vuelve más complejo. Por primera vez en la historia de La Laguna, los cuatro municipios de la zona metropolitana estarán gobernados por alcaldes de tres distintos partidos: PRI en Gómez Palacio y Lerdo, Durango; PAN, en Torreón, y Morena en Matamoros, Coahuila. Las presidentes municipales de los dos primeros ayuntamientos lidian ya con un gobernador emanado del PAN y a partir del 1 de diciembre tendrán que hacerlo con un presidente emanado de Morena. Esto último se replica para los munícipes de las ciudades coahuilenses, pero con la diferencia de que tienen sobre sí a un gobernador de extracción priista.
Es decir, se trata de un escenario inédito y variopinto que pone a prueba la capacidad de diálogo de todos los actores involucrados y, sobre todo, su voluntad de coordinación para construir el bienestar que el país y la región necesita. Con una jornada ejemplar, la ciudadanía habló el domingo antepasado y dejó constancia de su confianza, a pesar de todo, en las urnas para mejorar la vida pública. Toca el turno a los representantes y gobernantes. Es hora de la política.
