Ahora sí ya no hay ninguna duda: la actual institucionalidad electoral (todavía con múltiples oportunidades de mejora y algunos arreglos estructurales muy cuestionables) sí garantiza que prevalezca la voluntad popular por sobre todas las irregularidades e ilegalidades, cuando la ciudadanía se expresa con claridad.
Unos días antes de que se cumpliera el trigésimo aniversario del fraude electoral en la elección presidencial de 1988 que le impidió la llegada al poder a Cuauhtémoc Cárdenas, se concretó un arrollador triunfo en las urnas del candidato de la izquierda mexicana: Andrés Manuel López Obrador.
La ciudadanía se sobrepuso a todos los intentos de impedir el triunfo de quien había competido por primera ocasión por la Presidencia de la República hace 12 años, en la muy controvertida elección presidencial del 2006. Las embestidas fueron múltiples: desde las distintas instancias de gobierno; desde las cúpulas empresariales; y desde las otras fuerzas políticas que también recurrieron a la guerra sucia. Enumero todas aquellas que violaron preceptos legales o se realizaron en forma encubierta o anónima.
No menciono a los intelectuales que manifestaron abiertamente su oposición a López Obrador o a aquéllos que hicieron públicas sus dudas o diferencias, pues esas son expresiones indispensables en el marco de la democracia. Como también es válida la participación abierta y definida de la ciudadanía, los distintos grupos sociales y demás expresiones a favor o en contra de cualquiera de los candidatos a la Presidencia de la República.
Pero contrario a lo que ha señalado el hoy virtual presidente electo, el gobierno de Enrique Peña Nieto sí intervino ilegalmente en el pasado proceso electoral, la diferencia en esta ocasión es que no fue suficiente, que la ciudadanía ya no se dejó engañar, que a pesar de todas sus maniobras prevaleció la voluntad popular.
Valgan estos ejemplos para dejar clara su intervención: la remoción del titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, Santiago Nieto, para evitar que se resolviera el caso Odebrecht y se sancionará la compra y coacción del voto en las elecciones del Estado de México y Coahuila; el uso faccioso de la justicia en contra del candidato de la Coalición por México al Frente, Ricardo Anaya, ya que sin prejuzgar sobre su responsabilidad en el asunto inmobiliario, fue ilegal al difusión de videos y audios; la inscripción del candidato independiente Jaime Rodríguez a pesar de no haber cumplido con el requisito del número y dispersión de firmas de apoyo; y el uso partidario de los programas sociales federales, como evidenciaron organizaciones de la sociedad civil, particularmente por el incremento en los presupuestos y los "beneficiarios".
Exactamente el mismo ejercicio puede hacerse con las cúpulas empresariales, que financiaron subrepticiamente proyectos como el de "pejeleaks", la fantasmal serie sobre el populismo latinoamericano y hasta las presiones para que sus empleados y trabajadores no votaran por "ya sabes quién".
Pero lo importante a destacar hoy es que nada de esto fue suficiente para manipular la voluntad ciudadana y que la institucionalidad electoral (a pesar de todos sus defectos) fue capaz de encauzar la masiva participación electoral y emitir un resultado electoral indiscutible.
Entre otras de las razones por las que el país no ha podido concretar una auténtica transición a la democracia, que conlleve el empoderamiento ciudadano, se encuentra el seguir colocando en el centro del debate del sistema político mexicano su sistema electoral y las reformas al mismo aparecen en cualquier reforma política.
Ya es tiempo de realizar la todavía inconclusa reforma del Estado mexicano, que haga una revisión integral de todos los parches y enmiendas que se han hecho, incluyendo toda esta proliferación de órganos con autonomía constitucional, que en los hechos son capturados por las entidades a las que deben regular.
Revisar y discutir con franqueza y apertura el federalismo mexicano, tan vulnerado en los últimos años por toda una serie de legislaciones que permiten atraer muchos de los asuntos a las llamadas instancias nacionales; pero muy endeble en la medida en que los estados dependen de manera prioritaria de las participaciones federales, muchas de ellas distribuidas de manera totalmente arbitraria y discrecional. La proliferación de programas sociales, que de acuerdo al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) llegan a seis mil quinientos programas, en las tres instancias de gobierno (federación, estados y municipios), lo cual por supuesto los vuelve totalmente ineficaces e ineficientes, pero les permite mantener sus redes clientelares.
En fin, el recuento es inacabable: son muchas reformas institucionales que hay que hacer para iniciar la auténtica transformación de este país y, que en muchos de los casos, irían directamente a atender las causas estructurales que están entre las causas de algunos de los temas urgentes como la corrupción y la inseguridad.
Hoy es posible dejar de lado lo electoral, ya no podemos seguir anclados en el mismo tema, especialmente cuando ya se demostró que a pesar de todos los defectos, sí la voluntad popular es clara y comprometida, de nada servirán todos los intentos de manipulación y alteración de los resultados electorales.
Los esfuerzos hoy deben dirigirse a resolver los grandes problemas nacionales y, después una vez que las soluciones estén en marcha, se puede revisitar el asunto electoral y, eventualmente, buscar simplificarlo. El masivo y arrollador mandato ciudadano no involucra una nueva reforma electoral; desde hace varios años había que trascender lo electoral, pero hoy todavía es más claro y evidente.
