La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) solicitó al Gobierno del Estado de México la implementación de medidas cautelares, luego de la explosión de material pirotécnico en La Saucera, municipio Tultepec, cuyo saldo es de 24 personas fallecidas y al menos 49 lesionadas.
Lo anterior para evitar la repetición de ese tipo de hechos y con ello la consumación irreparable de violaciones a derechos humanos o daños de difícil reparación que se pueden originar con motivo de esos sucesos.
En un comunicado, lamentó la tragedia y expresó sus más sentidas condolencias y solidaridad a los deudos de las personas reportadas como fallecidas y heridas. Urgió a las autoridades correspondientes a tomar medidas que erradiquen las condiciones que propician estas tragedias "que hoy volvemos a lamentar".
En el oficio, dirigido al secretario general de Gobierno del Estado de México, Alejandro Ozuna Rivero, pidió se realice una coordinación entre las autoridades de Salud pública locales y federales.
El objetivo de esa coordinación es brindar atención médica especializada de segundo y tercer niveles a los afectados con el fin de garantizarles servicios médicos especializados.
Además se facilite a los familiares de las personas fallecidas en el evento todo trámite para la identificación y entrega de cuerpos, así como para las denuncias penales que, en su caso, requieran presentarse.
Del mismo modo, pidió que las autoridades estatales de protección civil trabajen coordinadamente con sus homólogas federales a fin de realizar una supervisión efectiva sobre el manejo de materiales explosivos, y la producción, almacenaje, distribución y venta de juegos pirotécnicos, a fin de evitar actos lamentables como el ocurrido.
La CNDH resaltó que la solicitud de medidas cautelares que se solicitan por el tiempo que sea necesario tiene como fundamento los artículos tres, seis fracción II y 40 de ley que la rige, así como 116, 117 y 118 de su Reglamento Interno.
Finalmente, solicitó se le informe de manera inmediata respecto de la aceptación de las medidas requeridas y, en caso de ser aceptadas, reportarle las actividades que se realicen para su cabal cumplimiento.
Lo anterior para evitar la repetición de ese tipo de hechos y con ello la consumación irreparable de violaciones a derechos humanos o daños de difícil reparación que se pueden originar con motivo de esos sucesos. (EL UNIVERSAL)
