El agua sí está en peligro. Tal es la advertencia que lanzan organizaciones mexicanas en defensa del agua previo a la jornada electoral del 1 de julio -domingo de votación- y luego de los 10 decretos emitidos por el gobierno federal el pasado 6 de junio en materia de levantamiento de veda, que según sus investigaciones constituyen un retroceso en la protección al ambiente y de las generaciones futuras y podrían poner incluso en entredicho el derecho humano al agua.
Las organizaciones de la sociedad civil ven en los 10 decretos una vía para que se haga negocio con bienes hídricos comunes cuyo uso estaba limitado, mientras la Conagua niega que sea una privatización.
Como se sabe, el gobierno promulgó 10 decretos que eliminan la protección de casi 300 de las 757 grandes cuencas, que concentran más de la mitad de los ríos y lagos de México, y las convierte de zonas de veda -donde la extracción de agua estaba casi completamente restringida- en zonas de reserva -también protegidas pero en las que se permite la explotación, uso o aprovechamiento del agua, incluso por parte de privados, si las autoridades lo consideran "de utilidad pública"-, y deja en manos de la Conagua la posibilidad de otorgar concesiones de uso de este bien común a compañías de diversos sectores, entre ellos la agroindustria, minería, fracturación hidráulica (fracking), industria refresquera o generación de energía hidroeléctrica.
Las empresas requieren de seguridad jurídica en sus concesiones. Por tal, los decretos permitirán a la Conagua garantizar los volúmenes que exigen las empresas agroindustriales, mineras, petroleras y privatizadoras de sistemas urbanos de agua, a costa de los derechos al agua de pueblos indígenas, núcleos agrarios y comunidades rurales ubicadas en zonas de afectación, afirma la coordinadora nacional Agua para Todos.
Hasta 50.000 derechos de uso de ejidos y comunidades indígenas en estas zonas protegidas que ya han caducado se liberarán para poder ser concesionadas a privados, advierte.
Esto quiere decir que aquellos volúmenes que no están comprometidos se podrán explotar, usar o aprovechar mediante la expedición de nuevos títulos de concesión o asignación hasta por 50 años.
Los decretos no se expidieron con la mejor y más actualizada información científica disponible sino que se basan en estudios técnicos que toman como referencia información generada en 2016 y en algunos casos en 2011; esto es preocupante atendiendo a una realidad en donde los efectos del cambio climático, la deforestación, la contaminación y el crecimiento de las manchas urbanas afectan la disponibilidad y calidad del agua.
Los acuíferos de La Laguna, de Coahuila y de Durango, no aparecen en los decretos, pero no están exentos de que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) siga negociando con el agua en cuencas centrales del norte, que sufren de por sí creciente estrés hídrico.
Sabido es que las vedas han sido violadas sistemáticamente por la autoridad federal del agua en las últimas tres décadas.
Se estima que en promedio los decretos solo establecieron una protección de poco más del 30 % para conservación ecológica y menos del 1 % para uso doméstico y público urbano. Lo anterior deja sin protección a casi el 70 % del volumen de las cuencas; en algunos casos el levantamiento de vedas y la siguiente imposición de reservas permite la liberación de volúmenes incluso más significativos.
Salta la preocupación de organizaciones ciudadanas cuando descubren que los decretos son instrumentos intencionalmente ambiguos para mantener la discrecionalidad del manejo del agua que caracteriza a la Conagua, que reafirma su desprecio por los aspectos sociales, culturales y ambientales del bien común al declarar que la gestión del líquido es un problema meramente técnico.
Declara el director de Conagua que protege a las generaciones futuras, cuando el 30 de agosto de 2017 emitió los "Lineamientos para la protección y conservación de las aguas nacionales en actividades de exploración y extracción de hidrocarburos en yacimientos no convencionales", que al amparo de las disposiciones de la reforma energética habilitan a las empresas a la realización de proyectos de fracking que precisamente atentan contra las generaciones presentes y futuras.
Es por eso necesaria la protección de los volúmenes de agua en las cuencas donde se levantó la veda, así como un manejo justo, democrático, equitativo y sustentable del agua en México.
@kardenche
