De acuerdo a información compartida al diario Reforma, en entrevista con la profesora Azaola, las cárceles se utilizan para beneficio de los inversionistas y no para la rehabilitación de los internos. (ARCHIVO)
A pesar del costo que representan las cárceles federales bajo la modalidad de Asociación Público-Privada (APP), estas son "desaprovechadas y no se utilizan para mejorar las condiciones de los presos", señala la investigadora Elena Azaola del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS).
De acuerdo a información compartida al diario Reforma, en entrevista con la profesora Azaola, las cárceles se utilizan para beneficio de los inversionistas y no para la rehabilitación de los internos.
"Los penales en APP además del alto costo que representan, cuentan con canchas al aire libre, auditorios, aulas, talleres y clínicas que no se utilizan por estar dependiendo de los intereses de los inversionistas", dice la investigadora.
Y continúa, las empresas no quieren invertir en talleres, maestros o clases; mientras los reclusos viven encerrados tras las rejas, con pocos vigilantes que tienen que encargarse de 100 a 200 personas, entonces no los pueden dejar salir.
Ayer publicó Reforma que el gobierno del panista Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) se comprometió a pagar durante 22 años 199 mil 476 millones de pesos por la construcción y operación de ocho centros carcelarios.
Actualmente siete ya están en funciones, pero se encuentran a la mitad de su capacidad.
La profesora Azaola, que ha investigado sobre el sistema penitenciario, lamentó que la inversión no hubiera sido destinada a mejorar las condiciones de las cárceles ya existentes y que cuentan con "situaciones deficientes".
Además el Estado debe pagar a las empresas como si los presidios en APP estuvieran llenos, dado que así lo estipuló el contrato. Una vez entregada la obra comienza el pago por 2,500 personas (capacidad total de los sitios), aunque dentro sólo estén mil presos.
Aparte de las cárceles en APP, existen otros 11 penales que se encuentran a la mitad de su capacidad. Una ocupación de 47.2 por ciento.
En opinión de la investigadora, a pesar de que la población en los presidios se reduce, las condiciones no mejoran y "nadie ve eso como una prioridad".
