La semana pasada me referí al creciente ambiente de descomposición que priva en la vida pública del país y la región. Si bien es cierto que el asesinato, la desaparición forzada y la agresión física son los rostros más extremos de la violencia política, no se debe minimizar el ataque escrito o verbal, sobre todo porque se está volviendo la forma dominante de comunicación política desde las propias instituciones, partidos y gobiernos. Las redes sociales virtuales han abierto, sí, una gran oportunidad para la comunicación e información, pero también se han convertido en la caja de resonancia más efectiva para agredir a personas o instituciones. El linchamiento mediático es una estrategia cada vez más utilizada para desprestigiar, calumniar, difamar o amedrentar voces que son consideradas incómodas o "enemigas" por un grupo político, de poder fáctico o gobierno.
Es muy importante visibilizar y discutir este fenómeno, ya que se trata de una forma de violencia que enrarece el debate público, polariza la actividad política, cancela la vía del diálogo como superación de diferencias y termina por abonar y abrir paso a otras formas de violencia más extremas que impactan en toda la ciudadanía. En la "guerra sucia" no son argumentos, ideas o desempeños lo que se discute, son burdas descalificaciones personales las que se lanzan en forma de improperios. Calumniar o atacar a una persona en su integridad moral termina alentando y normalizando, a los ojos de la turba, agresiones todavía más graves contra la víctima de esas campañas. No es raro escuchar o leer que, en el colmo de la inconsciencia y la total falta de responsabilidad, haya quien "justifique" el asesinato, agresión física o desaparición de una persona bajo el absurdo de que "se lo merecía porque en algo malo andaba metido". En muchos casos, los ataques físicos son precedidos de ataques verbales, amenazas u hostigamiento. El primer paso para frenarlas es evidenciar estas campañas negras que atentan contra las libertades no sólo de las víctimas, sino de la sociedad en general.
Hay dos características dominantes en este tipo de campañas o "guerra sucia": el anonimato y la injuria. Quienes orquestan el linchamiento, la mayoría de las veces a sueldo de los citados grupos de poder, lo hacen desde la cobardía del anonimato basándose en supuestos hechos, no comprobados, que atentan contra la dignidad, el honor o la credibilidad de la persona que consideran "incómoda". Una vez armada la calumnia, ya sea escrita, en audio o en video, se lanza al ciberespacio a través de redes sociales y en algunos casos se intenta "viralizar" artificialmente con el uso de cuentas bots (robotizadas) o trolls "profesionales" (personas pagadas para administrar una o varias cuentas). En ocasiones también hay medios de comunicación que, por subordinación a actores políticos o gubernamentales, se suman a la campaña reproduciendo los mensajes injuriosos con el objetivo de abonar al linchamiento.
Si bien existe responsabilidad de quienes a sueldo operan y reproducen estas campañas de desprestigio, así como, en menor medida, de quienes acríticamente las replican desde la ignorancia de los hechos, la mayor de las responsabilidades radica en los actores políticos o gubernamentales que las ordenan y financian con recursos públicos. El actual proceso electoral, que es el más complejo, sucio y violento de la historia del país, está dejando constancia de la generalización y normalización del uso de la estrategia de linchamiento por parte de gobiernos, partidos y candidatos. Ajenos a toda ética y responsabilidad, los equipos de los contendientes, oficiales u opositores, que trabajan en la sombra vierten en las redes virtuales todo tipo de basura que termina salpicando la escena política completa y alejando aún más a una ciudadanía cansada de políticos mediocres. Denuncias sin fundamento, calumnias, descalificaciones, insultos... la ley de la selva digital en la que la lucha se da por ver quién grita más fuerte. Simplemente no se puede construir un ambiente democrático en medio de tal nivel de putrefacción.
En los últimos días, compañeros periodistas de El Siglo de Torreón han sido cobardemente atacados con campañas de desprestigio y hostigamiento. Yolanda Ríos, Iván Corpus, Fabiola Pérez-Canedo y Angélica Sandoval han sido víctimas de agresiones viles lanzadas desde el cobarde anonimato. La asociación Artículo 19 emitió ya una alerta la semana pasada en la que, entre otras cosas, establece que, por los mensajes y las cuentas utilizadas es posible identificar que en tres de los casos los ataques provienen del Gobierno municipal de Torreón que encabeza el PAN, mientras que en el otro caso provienen del PRI y/o de la administración estatal de Coahuila que encabeza dicho partido. Además en dos casos hay de por medio hostigamiento e invasión del entorno privado y amenazas a familiares. Esta situación es muy grave porque estamos hablando de agresiones orquestadas desde el poder político contra periodistas que todos los días hacen su trabajo de frente a la opinión pública y sus fuentes. Nada, absolutamente nada, justifica estos ataques y el hostigamiento de que están siendo víctimas. Externo mi repudio y condena a estos actos, provengan de donde provengan, así como mi solidaridad y apoyo a mis compañeros agredidos, y exijo que esta campaña de intimidación termine de inmediato y se deslinden responsabilidades.
En la medida en que los ciudadanos hagamos visible estos procedimientos deleznables, que no los alimentemos reproduciendo los mensajes, y levantemos la voz para demandar un alto es que se podrá ir disminuyendo el impacto de estas prácticas. Pero las autoridades están obligadas a actuar, primero frenando a quienes al amparo del poder político orquestan estas campañas y, segundo, ampliando las garantías del ejercicio del periodismo y la libertad de prensa que configuran, al final, el derecho a la información de todos los ciudadanos.
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