Indagan. Funcionarios de la ONU dijeron que su investigación les permite pensar que agentes dependientes directamente de Maduro ejecutaron a los siete rebeldes.
Las fuerzas de seguridad venezolanas matan gente sin justificación y aparentemente sin sufrir las consecuencias a medida que se desvanece el estado de derecho, sostuvo un informe de Naciones Unidas publicado ayer.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) dijo que los agentes de seguridad implicados en unas 500 muertes cuestionables aparentemente no han sido acusados. Es una señal de erosión de los controles y equilibrios, lo que exime a las autoridades estatales de rendir cuentas, dijo el alto comisionado Zeid Ra'ad Al Hussein.
El informe destaca el caso, meses atrás, del agente de policía rebelde Óscar Pérez y seis miembros de su grupo que fueron abatidos cuando intentaban rendirse. Los funcionarios de la ONU creen que el grupo fue ejecutado por orden de altas autoridades del gobierno en violación de sus derechos fundamentales. "El estado de derecho está prácticamente ausente en Venezuela", dijo Zeid. "La impunidad debe terminar".
El gobierno de Nicolás Maduro rechazó, al considerar "arbitrario" y "politizado", el inform que sugiere una intervención de la Corte Penal Internacional (CPI) ante los graves abusos cometidos y la impunidad generalizada en Venezuela.
La Cancillería venezolana publicó un comunicado en el que descalificó el informe al señalar que es el "resultado de una metodología altamente cuestionable que sepulta la credibilidad y rigor técnico exigido a una Oficina de esa naturaleza y vulnera los principios de objetividad, imparcialidad y no selectividad".
El país sudamericano está sumido en una crisis política y económica creciente caracterizada por la escasez de alimentos y medicamentos y una inflación galopante que ha llevado a miles a buscar una vida mejor en otras partes. El gobierno ha sido objeto de condenas internacionales desde el año pasado, cuando funcionarios leales al presidente socialista Nicolás Maduro formaron una asamblea constituyente que despojó de sus poderes al congreso elegido democráticamente y controlado por la oposición.
El informe de la ONU estudia casos de aplicación excesiva de la fuerza por parte del gobierno y también menciona ejemplos de oficiales que amenazan o detienen a trabajadores de la salud por denunciar la falta de medicamentos y las malas condiciones. Según el informe, entre 2015 y 2017 unos 373 agentes fueron investigados por la muerte de 505 personas en supuestas operaciones de allanamiento en los barrios.
Pero la fiscal general, que era crítica de Maduro, fue reemplaza en agosto y no se ha publicado más información sobre las investigaciones en relación con esos homicidios, dice el informe, y añade que aparentemente han desaparecido las pruebas de los archivos.
"El Estado parece no tener la capacidad ni la voluntad de enjuiciar a los responsables de las graves violaciones de los derechos humanos", dijo Zaid.
