Decreto. No se menciona el derecho humano al agua, que debiera ser el centro de estas políticas. (EL SIGLO DE TORREÓN)
Preocupa decreto aprobado por Enrique Peña Nieto en cuanto al agua, pues advierten que implica un avance para favorecer a empresas mineras, desarrolladores urbanos y petroleras.
Pilar López, ambientalista de Encuentro Ciudadano Lagunero por la Calidad del Agua, explicó que se tocan temas como las vedas, las concesiones actuales, se violan los artículos 1, 2, y 4 de la Ley de Aguas Nacionales.
Refirió que este decreto permitirá posicionar la nueva Ley de Aguas Nacionales que se pretende aprobar y que se verán más afectados los estados del sur del país, incluyendo el tema de la construcción de la presa Las Cruces, en Nayarit, donde se afectaría a los usuarios del río, se reserva en San Pedro Mezquital, de 2 mil millones de metros cúbicos para la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Indicó que Encuentro Ciudadano Lagunero está con la organización internacional Agua para Todos, que ha externado una postura al respecto, donde se establece que los Decretos de Reserva quitan las vedas para extender la lógica del sistema de concesiones impuesto en México a través de la Ley de Aguas Nacionales (1992) como pre-condición para entrar en el TLCAN por encima y en desconocimiento de la multitud de formas de tenencia del agua y pertenencia al agua-territorio existentes en el país, ya que ni siquiera Estados Unidos maneja sus aguas a través de un sistema único de concesiones.
Aunque las vedas han sido violadas sistemáticamente por la Conagua a lo largo de sus 29 años de existencia, las empresas trasnacionales requieren de concesiones con seguridad jurídica, lo cual requiere formalmente eliminar las vedas.
Indicó que, aunque están siendo promovidos como una medida de protección al ambiente, incluyen reservas para uso urbano, y en algunos, para la generación de energía eléctrica y solo un poco más de 300 para uso ambiental. Los decretos se basan en la Ley de Aguas Nacionales, la cual, según el tercer transitorio de la reforma al 4 Artículo Constitucional, tendría que haber sido reemplazada en febrero 2013, con una ley centrada en el derecho humano al agua, la cual "sentaría las bases" para la participación de la ciudadanía junto con los tres niveles de gobierno para la consecución del "acceso y uso equitativo y sustentable" del agua.
Los decretos extinguen los derechos al agua de los núcleos agrarios que no fueron renovados a tiempo. Hay 50 mil concesiones "caducadas" en el país, principalmente de ejidos, comunidades y pueblos, que no se imaginaban que sus derechos al agua tendrían que renovarse.
¿Qué se destaca?
Otros puntos:
⇒ Destinan las grandes asignaciones para "uso público urbano" a los estados, con vigencia a 50 años.
⇒ La reasignación de agua hacia las zonas urbanas, a costa de los derechos de núcleos agrarios y en desconocimiento de derechos de pueblos indígenas, pone en riesgo el derecho humano al agua de las comunidades rurales.
⇒ Permiten el otorgamiento de los volúmenes reservados a cualquier entidad eligible.
