Ataques. Guerra sucia. Políticos asesinados. Sombra del voto del crimen. Violencia. Candidatos desaparecidos. Denuncias de mega-corrupción. Polémicas. Ciudadanía desorganizada. Oleada de privatización. Asesinato y criminalización de defensores de los pueblos. Resistencia indígena. Quince días antes del primero de julio, en México se vive con mucha expectación. Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aparece como el más probable sucesor de Enrique Peña Nieto. Muchas preguntas siguen sin respuesta.
Participantes en los mercados financieros globales, los mayores controladores bancarios con sede en Nueva York, prevén estabilidad económica si gana AMLO. Descartan más depreciación del peso o alza en las tasas de interés por parte del banco central. Les preocupa el futuro del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, de la reforma energética y Petróleos Mexicanos. Los inquieta la posible intervención en el agro con precios de garantía para los productores. Pero visualizan un crecimiento del país sostenido en el segundo semestre de 2018 y en 2019. Su duda es, más bien, si su coalición "Juntos Haremos Historia" logrará la mayoría en el Congreso. La elección, dicen, eliminará la incertidumbre y eso daría un entorno favorable para las variables financieras.
En la recta final, las campañas de Anaya y de Meade luchan por revertir los números de las encuestas pero sus recursos discursivos y mediáticos están prácticamente agotados. Tendrían que emplear algo ciento por ciento desconocido y contundente como para tumbar a su contrincante, imposible. Sobre todo el PRI-Gobierno concentra su estrategia en no ceder el control del Poder Legislativo.
El 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente, a menos de un mes del primero de julio, el gobierno federal anunció la concesión de 300 cuencas hídricas hasta por 50 años a empresas privadas. Se trata de territorios que concentran 55 por ciento de lagos y ríos. Eliminarán las vedas que decretaban las reservas de agua y entregarán permisos de extracción. Gran parte de las cuencas coincide con los sitios donde se prevén actividades de fracking, minería y extracción de hidrocarburos. Los decretos desconocen las garantías de los pueblos campesinos e indígenas. Facilitan que gobiernos locales cedan el servicio de agua potable a empresas privadas -por ejemplo Odebrecht y Aguas de Barcelona-, como ya ocurre en Veracruz, Puebla y Saltillo, entre otros municipios.
La respuesta de los afectados es inmediata. Miles de núcleos agrarios preparan amparos.
La conflictividad por el agua no cesa. El miércoles 13 de junio fueron asesinados en Namiquipa, Chihuahua, el dirigente barzonista y defensor del agua Ramón Hernández Nevárez, y su hijo Anselmo Hernández Andujo, en represalia por denuncias en materia agraria, informó El Barzón; habían sido amenazados, dijo; defendían el agua de la cuenca hidrológica del Río del Carmen; daban seguimiento a una querella por depredación de acuíferos.
La captura del Estado ocurre cuando una élite económica se apropia de la política y la economía nacional para beneficio propio; privilegia intereses privados en detrimento de la sociedad en general. Como resultado, el Estado de Derecho y los mecanismos democráticos fallan al obligarles a rendir cuentas.
Las acciones de gobierno de Enrique Peña durante los últimos meses de su gestión, dejan al descubierto sus prioridades. Fundamentalmente da continuidad a políticas económicas que ofrecen promesas vanas, en tanto que cancela en los hechos la vigencia de derechos sociales. Se prolongan violencia e inseguridad, que ahora impactan al sistema político-electoral. En este cuadro, se acota el espacio para el ejercicio efectivo de la ciudadanía, reducido casi a la acción del voto.
En materia de derechos humanos, la administración que fenece carece de una verdadera política de Estado que permita avanzar en el cumplimiento de las obligaciones que México ha contraído mediante la firma y ratificación de los instrumentos internacionales.
En esta sucesión, resulta urgente garantizar la participación de las poblaciones afectadas en la toma de decisiones sobre las políticas públicas y los proyectos que les afectan. Asegurar el derecho a la información pública, a la consulta y al medio ambiente sano.
En particular, garantizar el respeto a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, en la resolución de conflictos que hoy en día enfrentan ciudadanos, pueblos y comunidades.
@kardenche
