Restan dos semanas para acudir a las urnas y, aun cuando la tensión derivada del concurso electoral tiende a disminuir, falta traspasar algunas aduanas.
Los obstáculos por salvar son cinco e involucran a autoridades gubernamentales y electorales, así como a los principales protagonistas de la contienda. Se trata de los atentados de origen criminal o político contra candidatos a puestos municipales o legislativos; el impulso de prácticas ilegales o antidemocráticas, significadas en la compra o coacción del voto; las actitudes de soberbia presumiendo el triunfo; los actos de desesperación ante la previsible derrota; y la tentación de impugnar sin fundamento el resultado, jugando con la nulidad.
A la autoridad gubernamental y la electoral corresponde actuar con prontitud y firmeza frente a los dos primeros; a los candidatos presidenciales, moderar y madurar su conducta aun en el último jalón o esfuerzo. Sólo así se podrá transitar de la sana incertidumbre electoral a la imprescindible certeza política que, por la adversidad proveniente del exterior, es fundamental para mantener en lo posible la estabilidad económica y social.
Incurrir en omisiones, errores o excesos al cierre de la contienda, la jornada o la calificación electoral podría acarrear un elevado costo nacional, cuando el entorno demanda correr con pies de plomo y, luego, conciliar y cerrar filas.
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En las últimas dos semanas, la combinación de varios ingredientes contribuyó a distender la atmósfera.
El acercamiento al Consejo Mexicano de Negocios resultaba clave en el curso final de la campaña para Andrés Manuel López Obrador y, a partir de las versiones del encuentro, se atemperó la confrontación e, incluso, se plantó un principio de entendimiento entre ellos. Importante también, pero no primordial, era el respectivo diálogo de Ricardo Anaya y José Antonio Meade con ese sector del empresariado. Las diferencias entre aquellos y el Consejo eran menores ante la magnitud de las que se presumían con el abanderado de la coalición Juntos Haremos Historia.
A su vez, la consonancia -matices de por medio- de la macroencuesta de preferencia electoral realizada por Coparmex-Fundación Este País con otros estudios de opinión serios, convalidó los reportes del posicionamiento y la distancia entre los candidatos al momento de levantarse esos sondeos.
Asimismo -y a reserva de conocer más adelante otros estudios de opinión-, la realización del tercer y último debate no sugirió ni sugiere un ajuste mayor en la situación de los presidenciables. Y, claro, el inicio del campeonato mundial de futbol -coincidente cada doce años con las elecciones en México- resta presencia a la contienda.
Sin desconocer que, al final, en toda elección cuentan sólo los votos, los ingredientes mencionados han distendido el ambiente que, por lo demás, no se cifra ni se cifraba en la duda de quién encabezaba la preferencia, sino en el carácter y el calado de su propuesta.
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Es, en ese marco, donde los obstáculos a salvar durante las próximas semanas adquieren particular importancia.
Ante el homicidio de ciento catorce políticos y candidatos desde el pasado ocho de septiembre, fecha de inicio del proceso electoral, no basta la reiterada promesa de que el domingo primero de julio se votará en libertad y en seguridad. El único respaldo a la palabra empeñada es procurar justicia. No hay más. Presentar y consignar, al menos, a algunos de los homicidas que, por motivos criminales o políticos, liquidaron a quienes no querían ver en puesto de elección. Insistir en la pura declaración sin la acción abre la puerta a la actuación de esos grupos el día de los comicios.
Las notas, videos y fotos publicados por Reforma de operadores priistas y perredistas pretendiendo comprar o coaccionar el voto, reclaman la actuación rápida y decidida del fiscal electoral si pretende darle credibilidad a su función y a la elección. No proceder con prontitud y parar en seco esas prácticas antes de la jornada electoral vicia el proceso. De nada valdrá y servirá actuar después, cuando se haya lastimado ya la elección.
Si bien Andrés Manuel López Obrador, el puntero de la preferencia electoral, puede respirar con cierta tranquilidad y administrar su ventaja, cometería un error si asume una actitud de soberbia y, en la presunción anticipada de la victoria aún no coronada, insufla a los sectores radicales de su partido para desconocer un hecho innegable: parte de la ventaja del candidato deriva de su corrimiento al centro político. Uno de los muchos desafíos de López Obrador será cumplir las expectativas generadas a militantes, simpatizantes y aliados, integrantes, valga la paradoja, de un diverso universo y sostener las garantías ofrecidas a quienes temen de él acciones radicales o populistas.
Por último, desde luego los otros candidatos están impelidos a dar el último tirón, pero igual a contener a los desesperados, conversos y radicales que, también, hay en el seno de su respectiva organización. Es claro que, en la desesperación, hay a quienes tienta la idea de descarrilar los comicios en su último tramo, o bien, plantear su anulación aun sin elementos. Ante el desafío de las fuerzas derrotadas sería un desastre caer en tentaciones siniestras.
Sería peligroso ignorar las aduanas faltantes y descuidar la conclusión del proceso electoral frente a la adversidad proveniente del exterior y la urgencia de conciliar al país para encarar la circunstancia. Madurez, mesura y sensatez son exigencia. No entenderlo así pondría en juego la posibilidad nacional.
EL SOCAVÓN GERARDO RUIZ
La evidencia aflora día tras día; aquí, allá o acullá; en esta o aquella obra. Ni qué decir.
