Rechazan Ley de Seguridad Interior

Rechazan Ley de Seguridad Interior, al considerar que eso significaría perpetuar el actual modelo de seguridad. Representantes de organizaciones de la sociedad civil coincidieron en que la estrategia actual no ha sido la más adecuada.

Genaro Manrique, del Departamento de Derechos Humanos de la Ibero, señaló que la Ley de Seguridad Interior es una forma de recuperar la fuerza que perdió el Estado luego de verse en la coyuntura con los grupos delincuenciales, para lo que se establecieron dos soluciones, la militarización del país para recuperar el control y la reforma constitucional para fortalecer al Estado y acabar con el problema de legitimidad. Sin embargo, esta militarización se hizo sin un marco jurídico.

"Está mal el diagnóstico, la Ley de Seguridad Interior no es la solución ni lo va a ser", expresó, "ahora, otra vez, quieren convencernos de que la militarización es la forma de proteger al país, y el otro argumento vacío, es que si ya lo están haciendo, hay que darles el marco jurídico para que operen".

Consideró que la Ley debe terminar en las impugnaciones que enfrenta en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de lo contrario, la ciudadanía deberá seguir insistiendo en su abrogación.

Ayer se desarrolló el Foro Regional sobre la Ley de Seguridad Interior en la Universidad Iberoamericana, con la participación de representantes de organismos de la sociedad civil en Coahuila, Chihuahua, Nuevo León, Zacatecas y Tamaulipas.

Edwin Urizar, de Ciudad Juárez, explicó que, como consecuencias de la violencia y la militarización en el país, se han detectado la polarización social, una mayor desconfianza, relaciones sociales superficiales; un desconocimiento como comunidad; miedo que aisla a las personas; estigmatización de las familias de las víctimas, a quienes se dice que se dio trato de delincuentes; y culpa social.

Dijo que van más de 10 mil 800 homicidios dolosos en Juárez y el 73 por ciento han sido jóvenes de 15 a 30 años, además de más de 37 mil desaparecidos reconocidos oficialmente, por lo que más de 70 organizaciones han firmado un acuerdo que exige poner fin a la estrategia de guerra y se agrega la derogación de la Ley de Seguridad Interior, con un repudio a las políticas que presenta. En este sentido, dijo que Juárez ha sido el epicentro del dolor, pero hoy también es el epicentro de la esperanza, pues se lucha, por parte de la sociedad civil, en varios frentes, en la Corte Interamericana y denunciando los crímenes de lesa humanidad, así como las desapariciones forzadas.

Varios participantes expusieron cómo vivieron la experiencia de perder a un ser querido debido a la actuación arbitraria de las Fuerzas Armadas. Teresa Mireles, de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila (FUUNDEC), dijo que elementos de la Policía Federal se llevaron a su esposo, Héctor Armando, a quien sacaron de su casa en la madrugada durante el sexenio de Felipe Calderón y desde entonces no lo ha visto.

"Si antes no tenían permiso para matar, ahora que lo tienen, es un riesgo para los ciudadanos", dijo, e indicó que la militarización no es la respuesta para tener seguridad.

Víctor Herrera compartió su experiencia sobre la desaparición de su hermano por elementos del Ejército, e indicó que la desaparición forzada de personas es un problema sistemático porque las autoridades actúan para no encontrarlos.