D E mano en mano, de fajo en fajo, de maletín en maletín. El dinero ilegal que fluye por el sistema electoral mexicano, corroyéndolo. Recursos que recorren múltiples rutas y llegan a múltiples destinos, pero siempre con la misma intención: obtener un beneficio, conseguir un contrato, comprar impunidad, obtener reglas favorables. Como los que destinó Roberto Madrazo para comprar la gubernatura en Tabasco, como los que utilizó Vicente Fox vía sus amigos para influenciar la elección que ganó, como los que el PRI desvió a Chihuahua y ha triangulado a otras partes del país. Escándalos exhibidos pero no perseguidos, denunciados pero no consignados. Lo dicen María Amparo Casar y Luis Carlos Ugalde en el reporte Dinero bajo la mesa. Financiamiento y gasto ilegal de las campañas políticas en México: la democratización de las elecciones trajo la democratización de la corrupción.
Uno de los grandes problemas de la democracia mexicana hoy se llama dinero. Antes era la equidad, ahora es su alteración. Antes era la falta de pluralismo, ahora es que todos los partidos -en mayor o menor medida- violan las reglas. Un modus operandi construido sobre desvíos y dinero ilegal que trasciende siglas, ideologías, candidatos, opciones. Tan sólo entre 2012 y 2016, en la revisión de la Cuenta Pública hay 243 mil millones de pesos sin comprobar. Dinero que nadie sabe a qué campaña fue a parar, cuantos votos compró, qué cantidad de elecciones alteró. Pero se estima que, en promedio, por cada peso que un candidato a gobernador declara y la autoridad fiscaliza, hay 15 pesos que se mueven en la opacidad. Una campaña para gobernador puede costar hasta 10 veces más del tope legal. El Banco de México estima que en años electorales, hay un aumento inexplicable en el uso de efectivo en el país.
Dinero ilegal utilizado para el clientelismo electoral, para la compra de voto, para la movilización de electores, para la operación en tierra con representantes de casilla y otros operadores, para comprar cobertura mediática favorable o golpear al adversario. Pero no se trata sólo de ganar; las elecciones también son un negocio. "Campaña que no da para rancho no es campaña", dicen quienes lo usan como pretexto para conseguir y redistribuir recursos. Y es posible por las reglas absurdas que regulan las contiendas. Topes de gasto de campaña poco realistas y siempre rebasados. Fórmulas irracionales para estimar la bolsa de financiamiento público a los partidos. Límites al financiamiento privado demasiado bajos, que incentivan el ocultamiento de apoyos. Todo esto exacerbado por la cultura de la ilegalidad que permea un sistema donde la impunidad está garantizada y el clientelismo es considerado normal. 2018 será un año con las elecciones más caras y las más corruptas.
Los partidos hacen trampa, el INE no logra fiscalizar exhaustivamente, las multas no son un disuasivo suficiente, y en cada elección el círculo vicioso se repite. La brecha cada vez más grande entre el gasto reportado por los candidatos y lo que verdaderamente erogan. En las 15 elecciones para gobernador en 2016 y 2017, los candidatos reportaron un gasto de 1,017 millones de pesos y la fiscalización del INE logró detectar 241 millones no reportados. 19% que trató de esconderse. En Coahuila, 1.8 millones de pesos fueron acreditados como gasto no reportado, y aun así la elección fue declarada válida. Partidos embusteros, réferis rebasados, árbitros omisos, y elecciones envenenadas. Nadie se salva. En los últimos dos años, el partido más multado ha sido el PRI (20.83%), seguido por Morena (19.42%) y el PAN (18.36%). Todos compiten entre sí para gastar y para ocultar.
Con empresas fantasma. Con el uso político de programas sociales. Con los descuentos de nómina. Con el otorgamiento de permisos, como construcción o ambulantaje. Con sobrecostos en adjudicación, servicios y obra pública. Esos mecanismos gubernamentales para desviar recursos públicos, reconvertirlos, reciclarlos para que no sean contables. Esos métodos partidistas para distribuir montos que no puedan ser rastreados. Todo en venta, todo para comprar. Playeras y espectaculares y columnas y encuestas y cargos públicos y licitaciones. Operaciones ocultas que sólo cesarán si hacemos efectivo el principio constitucional del voto obligatorio. Si no, las maniobras debajo de la mesa endeble de la democracia acabarán tumbándola.
