Modalidad. La trata incluye la explotación laboral de menores de edad. (EL SIGLO DE TORREÓN)
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social en Durango tiene al menos tres casos denunciados que involucran indicios sobre el delito de trata de personas en la entidad.
El titular de la dependencia, Israel Soto Peña informó que uno de los casos ha sido detectado en la comunidad de Ceballos, en el municipio de Mapimí.
"En otros dos temas tenemos todos los elementos para actuar y lo estamos haciendo (...) no podemos determinar si hay trata, hay indicios, hay supuestos y hasta que se hagan las verificaciones y tengamos los elementos podremos determinar si hay trata", aclaró.
SEÑALAMIENTOS PREVIOS
Apenas el martes, el secretario general de Gobierno, Adrián Alanís Quiñones informó que se podría en marcha una serie de operativos en el municipio de Tlahualilo ante los señalamientos de la probable comisión del delito de trata en esa región.
Este municipio había sido el único señalado en la entidad con la comisión de este delito desde que en enero, el Grupo de Trabajo para Atender la Solicitud de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en Durango hiciera el señalamiento en torno a la presunción de que eran al menos tres los puntos en los que menores de edad eran prostituidas.
El documento apuntó que, además de Tlahualilo, los municipios de San Dimas, Santiago Papasquiaro, Gómez Palacio y Durango presentaban situaciones de riesgo que deberían ser atendidas en los próximos seis meses.
Como parte de las recomendaciones que se le hizo al Gobierno del Estado y que se canalizó a la Fiscalía General del Estado, se incluyó la creación de tres protocolos, uno de los cuales versa sobre el delito de trata.
Al respecto, el funcionario estatal informó que se prevé que este viernes instancias como la Procuraduría General de la República (PGR), el Instituto Nacional de Migración (INM), el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), la Secretaría de Seguridad Pública, la Fiscalía General del Estado y la propia Secretaría del Trabajo y Previsión Social implementen un protocolo de actuación en los casos en los que haya indicios de este delito.
Explicó que la falta de un protocolo impide incluso que las víctimas accedan a un proceso para resarcir el daño, porque al ser detenida una persona con cargos por este delito, un juzgado puede argumentar que no se cuidó el debido proceso, lo que aumenta la posibilidad de que sea puesta en libertad.
