Un juez resolvió que la Procuraduría General de la República (PGR) admita nuevas pruebas de los afectados en el caso 'Pegasus'. (ARCHIVO)
Un juez resolvió que la Procuraduría General de la República (PGR) admita nuevas pruebas de los afectados en el caso "Pegasus", al considerarlas conducentes para la investigación, por lo que ahora la procuraduría deberá pedir información a distintas instancias gubernamentales y recabar información relacionada con la contratación del sistema y de quiénes intervinieron.
Un juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Sur, resolvió la impugnación 19/2018 presentada por las víctimas de "Pegasus" en contra de la decisión de la PGR de no admitir pruebas ofrecidas por la defensa el 20 febrero y que son relevantes para el avance de la investigación.
En un comunicado, la organización Mexicanos Primero, uno de los afectados, indicó: "Desde el momento en el que se presentó la denuncia, las víctimas del espionaje advertíamos sobre la falta de capacidad y voluntad de la PGR para investigarse a sí misma, por lo que se exigió la incorporación de la intervención de un panel de expertas y expertos independientes que brindara asistencia técnica internacional y garantías mínimas de autonomía e independencia, lo que a la fecha no ha ocurrido".
Señalaron que a casi un año de qué se presentó la denuncia radicada en el expediente FED/SDHPDSC/UNAI-CDMX/0000430/2017, la preocupación se agrava; ya que, de aproximadamente 70 pruebas ofrecidas por la defensa, la PGR ha desahogado cerca de 9, mientras que 49 se han negado expresamente, entre ellas, las que fueron materia de la impugnación.
Explicaron que en la audiencia que del pasado 21 de mayo se constató "que el software 'Pegasus' comercializado por NSO a gobiernos, fue adquirido al menos por la Agencia de Investigación Criminal de PGR, por lo que el juez señaló que la línea de investigación debe centrarse en su adquisición y posterior uso ilegal por parte de esta instancia".
El juez reconoció también el derecho de las víctimas a participar en la investigación y la obligación de la PGR de conducirse con debida diligencia, señalando que no debe trasladarse la carga de la prueba a los afectados.
Tras escuchar los argumentos, el juez determinó revocar la negativa de la PGR, exigiéndole la admisión de las pruebas ofrecidas por las víctimas por considerarlas conducentes para el desarrollo de la investigación.
A partir de esta resolución, la procuraduría deberá pedir información a distintas instancias gubernamentales y recabar información relacionada con la contratación del sistema y de quiénes intervinieron.
La PGR solicitó al juez la reserva de la información que eventualmente pudiera obtenerse para que las víctimas no pudieran tener acceso a ella, lo cual fue denegado.
Ante ese panorama, los afectados insisten en que se incorpore un panel de expertos independientes que den garantías de imparcialidad y solidez técnica a la investigación.
Hicieron un llamado a los candidatos para que se pronuncien sobre la importancia de investigar adecuadamente y en su caso sancionar a los responsables del espionaje, puesto que "en un Estado democrático, la vigilancia no debe ser usada arbitrariamente, y mucho menos contra de periodistas, activistas y personas defensoras de derechos humanos".
