Inseguridad... ¿nacional?

Menudo error. A la administración se le olvidó gobernar.

Hechizada por el trámite y la instrumentación de las reformas hoy sujetas a revisión, se le pasó prestar atención a minucias tales como la seguridad pública que, hoy, deriva en amenaza a la seguridad nacional y la democracia.

Ahora, el crimen intensifica y diversifica su actuar en los campos de su tradicional dominio... y en otros más. Golpea no sólo a la sociedad, sino también a la economía: a centros neurálgicos del funcionamiento del Estado -vías de comunicación, banca y suministro de energía-. Por si ello no bastara, emite con anticipación su voto, amedrentando o eliminando aquí o allá a quienes no quiere ver en la boleta.

La administración vive un apuro, su candidato ni se diga. El crimen trabaja con denuedo y a los observadores extranjeros les inquieta la incapacidad oficial de dar garantías para votar y ser votado. Los invitados a certificar la pureza del proceso electoral miran con azoro la anormalidad democrática en que transcurre la campaña. Y, quizá, les asombra el dicho presidencial describiendo a México como una historia de éxito, mientras la gobernabilidad se desmorona.

No es una burla oficial, es un agravio cuanto está ocurriendo.

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Desde que la administración elevó a rango de monumento a los indicadores macroeconómicos y los venera en el retablo de la estadística, optó por ignorar la realidad y la sociedad. Se desentendió de ambas.

Los reclamos ciudadanos le parecieron un zumbido, un ruido impertinente en la sinfonía de las reformas y los indicadores. Un ronroneo, digno de acallar con un spot: "¡Ya chole con tus quejas!", rezaba a finales de 2015 aquella propaganda de los genios de la comunicación oficial. Desde hace tiempo, la administración está sentida por la incomprensión. Malagradecida, nomás falta que digan a la sociedad.

Pese al creciente malestar, la administración mantiene la actitud. Insiste en regañar a la sociedad por su enojo y malhumor. "Piensen con la cabeza", le recomienda el jefe del Ejecutivo y, a manera de sedante, le recita el logro molido del porvenir que nomás no llega. Nada de lamentar tragedias, es hora de celebrar la felicidad.

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El problema es que, en plena campaña electoral, el crimen ha resuelto encarar al Estado, y la administración nomás no halla qué hacer.

El diccionario de la criminalidad engrosa de más en más el lomo de su edición en piel. Asalto, atentado, amenaza, cobro de piso, colgado, cuota, decapitado, encobijado, entambado, desaparición, descuartizamiento, diluido, ejecución, extorsión, feminicidio, huachicoleo, levantado, mutilación, ordeña, robo, saqueo, secuestro, trata, tortura, víctima, violación... forman ya parte del vocabulario cotidiano. Y el lenguaje criminal incorpora palabras día a día, contando en cada una de ellas una historia de horror. Historias familiares o personales que, en la lógica oficial, no reflejan la historia nacional. La distorsionan.

En estos días, sin embargo, la expansión de la industria criminal coloca en un predicamento a la administración en el templo de su veneración. A la vulneración de la seguridad pública se suma la de la seguridad nacional, considerando como tal la economía.

El incremento del robo de vehículos y del transporte de mercancías vía carretera o ferrocarrilera; el aumento del cobro de piso a empresas o industrias; el crecimiento de la succión de ductos de combustible; y, ahora, el hackeo del sistema de pagos electrónicos interbancarios, golpean a la administración justo donde le duele: la confianza en la inversión y la certeza del Estado de derecho.

Si el descuido de la seguridad pública no alteró, a su parecer, su proyecto económico y sólo le acarreó el repudio social, el descuido de la seguridad nacional pega en el corazón de la economía: la inversión.

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El impulso del transporte vía férrea derivó, en cierta medida, del incremento del robo en el autotransporte de mercancías carretero. Si, ahora, el crimen es capaz de descarrilar trenes en cuestión de minutos y contratar un ejército de saqueadores, el problema es en extremo delicado.

Aun cuando suene absurdo, no importa tanto el monto del robo o la merma provocada por el daño, como la evidencia de la incapacidad oficial para ejercer el dominio y el control de las vías de comunicación terrestres, las venas de la economía. En Orizaba se taponó una arteria.

Si el aumento en el asalto a ferrocarriles es consecuencia de los operativos contra la ordeña de ductos, como refieren algunas fuentes, asombra que, tras acumular una pérdida de treinta mil millones de pesos durante el año pasado, a causa de más de diez mil piquetes en las tuberías, la autoridad haya considerado hacer algo al respecto. En doble sentido, el Estado perdió y pierde energía.

Si no se esclarece y castiga el robo cibernético a la banca, poco importará la cantidad sustraída. La gran pérdida se cifrará en la desconfianza en esa institución central de la economía. Si persiste el cierre de almacenes, minas, refresqueras e industrias por negarse a pagar derecho de piso y prevalece el doble tributo -fiscal y criminal-, la inversión terminará por frenar su ritmo.

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Los atentados contra electores y candidatos revelan la ausencia de garantías para votar y ser votado, los atentados a las vías por donde corre la economía revelan la ausencia de gobierno.

Hoy, no mañana, la democracia, la economía y el Estado de derecho están en peligro. Convendría gobernar, aunque sea un rato, al final de la gestión.

 EL SOCAVÓN GERARDO RUIZ