En días pasados, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) publicó su informe de evaluación correspondiente a 2018. Es un amplio documento que tiene el objetivo expreso de presentar información sobre el nivel de acceso y ejercicio efectivo de los derechos sociales y el desempeño de la administración pública. Sin duda, hay una diversa información que debe ser considerada al elaborar y ejecutar la política económica por parte de la administración federal, el conjunto de los diversos niveles de gobierno y la acción del Poder Legislativo.
Un aspecto clave de la ocupación en el país son las condiciones precarias que caracterizan a amplios grupos sociales. También una gran cantidad de personas recibe ingresos que no permiten cubrir el bienestar mínimo.
De 2005 a 2017, el porcentaje de la población con ingreso laboral inferior a la línea de bienestar mínimo a nivel nacional se incrementó, alcanzando 41% al final del cuarto trimestre de 2017. En los años 2006-2007 la cifra era del orden de 32 a 33%. Más grave es que el mayor incremento se observa en la población urbana que no cuenta con un ingreso para cubrir la línea de bienestar mínimo.
En 2006 era inferior a 28% del total urbano y para finales de 2017 es de 36.4%. Los datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) indican que es muy pequeño el grupo de personas que tienen un ingreso mayor a ocho salarios mínimos y que no está creciendo en el total de los ocupados.
Según una publicación del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico (IDIC), el problema mayor de México es la precarización del mercado laboral. Sostiene que de un total de 52.4 millones de personas ocupadas únicamente 531 mil tienen ingresos superiores a 10 salarios mínimos, es decir 1% del total. Los que no reciben ingresos superan en 6.5 veces a los que ganan más de 10 salarios mínimos.
En el informe del Coneval se advierte que la masa salarial real disminuyó 3.4% anual entre el cuarto trimestre de 2016 y el mismo periodo de 2017. En el plazo de 2006-2007 a finales de 2017 también se observa una disminución, debido al decremento de la masa salarial real urbana.
Un dato más de la precarización laboral es el mantenimiento de la mayor parte de la población ocupada en condiciones de informalidad laboral. Con base en datos de la ENOE, la tasa de informalidad laboral al cuarto trimestre de 2017 fue de 57%, una disminución menor, teniendo en cuenta que a finales de 2009 era de 60%. La alta tasa de informalidad laboral se corresponde con el comportamiento del ingreso corriente total por habitante mensual en términos reales. En 1992 fue de 3 mil 508.7 pesos y en 2016 de 3 mil 628.3 pesos. En 2006 se tiene un ingreso mayor, existiendo una relativa tendencia a la baja desde esa fecha. Es en este contexto que se observa una mínima disminución de la pobreza en términos porcentuales, a la vez que aumenta el número de pobres. Según los datos del Coneval en 2008 hay 49.5 millones de personas en pobreza y en 2016 son 53.4 millones. Lo más notable es que el incremento casi total en el número de personas pobres sucede en áreas urbanas. Hay además ciertos grupos sociales en que los aumentos son mayores, revelando carencias sociales significativas.
Entre la población infantil la pobreza es aún mayor. En el grupo de 0 a 11 años de edad el porcentaje de pobres es de 52.3%. Si se suman los vulnerables por carencias sociales, más los vulnerables por ingreso son 81.1% del total. Es decir para la inmensa mayoría de las niñas y niños no existen las condiciones de vida adecuadas para contar con educación. El problema mayor son los ingresos en sus familias. Muchos crecen en condiciones de desnutrición que afectan negativamente su desempeño escolar. En el grupo de 12 a 17 años las cifras no son mejores. La población no pobre y no vulnerable es 19.3% del total, apenas 2.7 millones de 14.1 millones de personas. En conjunto hay que modificar las condiciones del mercado laboral, propiciar un incremento en el ingreso real de las familias, aumentar los salarios desde el mínimo y alcanzar tasas sostenidas de incremento del PIB muy superiores a las de los 25 a 30 años previos, para generar condiciones educativas pertinentes.
Departamento de Economía. Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa.
