Justicia. Los 'soñadores' que entablaron la demanda dijeron que están convencidos de que su lucha es verdadera y justa. (AP)
La Corte de Apelaciones del Noveno Circuito, en Pasadena, California, comenzó ayer a dirimir la batalla legal entre beneficiarios de la Acción Diferida (DACA) y el gobierno de EU y que podría ser crucial en el futuro de este amparo migratorio. La Administración de Trump intentó convencer a los magistrados de que el Gobierno eliminó el programa por ser ilegal y que los tribunales no tienen la autoridad para revisar esta decisión.
Hashim M. Mooppan, abogado que representa al Gobierno estadounidense, reafirmó a los jueces la posición del Ejecutivo sobre la ilegalidad del beneficio migratorio que ampara a casi 700 mil jóvenes que llegaron indocumentados al país siendo niños, y reiteró que "DACA está en violación de las leyes federales de inmigración y que por esta razón la Administración se deshizo del programa". En medio de la arremetida contra DACA, la jueza Kim McLane Wardlaw, primera mujer de origen hispano en ser nombrada en el alto tribunal, emplazó al abogado del gobierno al cuestionar los argumentos de que los tribunales no pueden decidir sobre la cancelación de DACA.
"Si la Corte del Quinto Circuito de Apelaciones pudo revisar el beneficio de DAPA (Acción Diferida para Padres de Ciudadanos y Residentes Permanentes de Estados Unidos), por qué el tribunal no puede revisar DACA", insistió la jueza.
El abogado Luis Cortés, que forma parte del equipo de letrados que asesora al grupo de seis "soñadores" demandantes, dijo que el Gobierno está intentando por todos los medios quitarle la legitimidad a las demandas. No obstante, ya habían acudido a la Corte Suprema de Justicia para que esta emitiera un veredicto.
