A las 6:00 de la tarde del día primero de julio, luego de la jornada electoral, comenzará la cuenta progresiva del tiempo en que se sabrá para dónde corre el agua de la sucesión presidencial, de la composición del nuevo Congreso de la Unión y de los ayuntamientos ahí donde también habrá relevo. Comenzará al mismo tiempo, rumbo al 1 de diciembre, la cuenta regresiva de la recta final del sexenio de Enrique Peña Nieto. El adiós esperado.
Languidece otra administración de reformas estructurales y mano dura. La inserción de México en la economía global se ha caracterizado por la falta de transparencia de los acuerdos comerciales, así como por la intervención estatal para privilegiar a unos cuantos y dejar a una buena parte de la población a merced de los intereses corporativos.
En el ámbito de la economía se ha dado continuidad a la apertura económica, a pesar de los resultados adversos que la aplicación de estas políticas ha tenido en la población. Se ha beneficiado a las élites económicas, en tanto que la desigualdad sigue siendo uno de los rasgos más notables de la sociedad.
En continuidad de los sexenios de Vicente Fox y de Felipe Calderón, la economía mexicana sigue siendo en el de Peña Nieto poco competitiva, al mismo tiempo que los procesos de apertura comercial han abatido los lazos sociales, en todos los niveles, tanto entre el empresariado pequeño y mediano, como entre los trabajadores; la exclusión ha crecido, a la vez que los índices de violencia y delincuencia se mantienen en grados altos.
El país sigue siendo, en el nuevo panorama mundial, un país que ofrece sus recursos: petróleo y gas sin procesar, mano de obra calificada, tierra para la agricultura de exportación, agua para la industria transnacional, bosques y minas. Además, cuenta con un sistema impositivo en el que los impuestos son destinados en una importante proporción a pagar los errores financieros de los gobiernos saliente y anteriores.
A varias décadas de la persistencia de un modelo que sacrifica la consolidación de procesos sociales -de los cuales un signo eran las prestaciones sociales alcanzadas como esfuerzo de innumerables luchas sociales- con el fin de generar condiciones que debían propiciar la riqueza y su equitativa distribución, el país se encuentra con que la riqueza, aun produciéndose, no se distribuye, sino que se fuga, en tanto que la sociedad va siendo despojada de sus derechos.
La conversión de los recursos en mercancías ha impulsado agresivas estrategias que favorecen el despojo a las comunidades, la alteración de formas tradicionales de vida, la imposición de modelos de organización ajenos a las decisiones de los grupos vulnerados, el silencio de las voces que reclaman el derecho a determinar su propio presente y futuro y desplazamientos forzados en nombre de beneficios que, paradójicamente, nunca lo son para los principales afectados y, en la mayoría de los casos, alcanzan exclusivamente a los grupos favorecidos por las instancias gubernamentales.
A veinticuatro años de la aplicación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el prometido arribo a las ventajas de la economía globalizada está demasiado lejos para la mayoría de la población. A los cuestionables resultados en cuanto a la creación y distribución de la riqueza a lo largo de estos sexenios, se añade el acelerado deterioro ambiental y la voraz explotación de los recursos naturales.
En los últimos sexenios, los megaproyectos se han diversificado y su número incrementado, amenazando o arrasando el territorio de comunidades. La reforma energética y sus leyes secundarias se tradujeron en nuevo peligro con la complicación de que las actividades estipuladas en ésta se consideran de interés social y orden público. No es raro, entonces, que pueblos y comunidades se levanten en defensa de su tierra, formas de subsistencia, vida y territorio. Las grandes empresas y las autoridades, que ven esta labor como contraria a sus intereses, han respondido con represión, criminalización y estrategias de división, ruptura de tejidos sociales, manipulación y administración de conflictos; además, la inseguridad y el crimen organizado aumentan los riesgos para quienes defienden los bienes comunes.
La impunidad, la corrupción y el control de instituciones del Estado por parte de grupos de poder ajenos a la dinámica democratizadora permanecen latentes.
Sus efectos se hacen sentir a 7 semanas de la jornada electoral del primero de julio.
@kardenche
