Sombras sobre la República
Más allá de la crispación y el nivel de confrontación por los que transita el proceso electoral del que saldrá el próximo presidente de la República, existen señales inquietantes que configuran un escenario de riesgo mayor para la incipiente democracia mexicana. Ya hemos mencionado en este espacio que una de las características de la elección en curso es la ausencia de principios claros. La visión pragmática de alcanzar el poder que tienen los contendientes y/o los grupos que los respaldan, ha propiciado situaciones que evidencian el desdibujamiento de los partidos y el agotamiento del sistema partidista en general. Institutos de derecha e izquierda forman sendas alianzas increíbles para postular dos candidatos. Frente al desprestigio de su marca, el partido oficialista abandera a un funcionario de gabinete por primera vez no militante. Los dos aspirantes independientes no lo son tanto ya que sus pasados están marcados por su militancia. A ras de suelo, amplios grupos de políticos y electores cambian de color en pos de colocarse u obtener algún beneficio que en su instituto de siempre ya no poseen.
Esta exclusión de principios ideológicos no sólo genera confusión, sino que también refuerza la idea de que lo que importa es el candidato, no la plataforma que lo impulsa. Además de ser un absurdo, esta forma de ver la competencia electoral afianza la política de caudillos, al poner el acento casi exclusivamente en el perfil de quien aspira a gobernar el país. En este contexto surgen las soluciones mágicas a los problemas de la República, que sólo necesitan del triunfo de uno u otro candidato para, inexplicablemente o por inercia, llevarse a cabo. Como si no tuviera que existir un ideario definido o una base sólida estructural sobre la que trabajar todos los días para cumplir los objetivos, desde cualquier trinchera. También agudiza la política de facciones, en donde los seguidores de éste o aquel aspirante están dispuestos a creer cualquier barbaridad con tal de fortalecer su postura o descalificar la del rival. Bajo esta óptica es difícil que haya un posible punto de entendimiento, ya que el simpatizante de un candidato asume como absoluta su verdad y como mentira la del otro. La polarización es una consecuencia de ello.
Igual de inquietante es la creciente desconfianza en los árbitros y fiscales electorales. El manoseo y simulación constantes de los partidos en las leyes electorales y, sobre todo, ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, han hecho de este organismo un ente errático con cada vez mayores responsabilidades que parecen rebasarlo frecuentemente. Las dudas sobre los criterios de fiscalización son sólo una prueba. Algo similar ocurre con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que ante la creciente judicialización de los procesos -propiciada por normas cada vez más absurdas y rebuscadas y el incumplimiento sistemático de las mismas por los partidos- ha tomado decisiones bajo argumentos muy débiles y altamente cuestionados por especialistas y organismos de la sociedad civil. Al final, lejos de brindar certeza respecto a la limpieza de los procesos electorales, el Tribunal termina obviando pruebas y recursos y alimentando la incertidumbre. Las elecciones de Coahuila y Estado de México, y la decisión de permitir a Jaime Rodríguez Calderón estar en la boleta, son sólo dos muestras. Para completar el cuadro, la polémica salida de Santiago Nieto de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Electorales, bajo la presión del caso Odebrecht-Lozoya, acabó con la escasa credibilidad que tenía esta importante institución y, sobre todo, despejó cualquier esperanza de autonomía en sus criterios.
Preocupante, también, el debilitamiento de las instituciones civiles en el combate a la delincuencia y el empoderamiento y legalización de las fuerzas armadas en esta tarea. La Ley de Seguridad Interior impulsada por el Ejecutivo federal es la consumación de la militarización de las funciones policiales en México, iniciada en el sexenio pasado. Con dicha ley se abre la puerta a que los gobiernos estatales y municipales renuncien indefinidamente y al amparo del marco legal a su obligación de brindar seguridad a la población, y que en su lugar sea el Ejército o la Marina la que actúe, con las consecuencias que ello implica en materia de Derechos Humanos. Los vacíos de la ley y su ambigüedad en criterios de rendición de cuentas allanan el camino a un uso discrecional de las fuerzas armadas que pudiera derivar en violaciones a las garantías individuales sin que su despliegue signifique una disminución de la delincuencia, como ha quedado demostrado en los casi 12 años de "guerra contra el narcotráfico". Hoy, con todo y soldados en las calles, la situación es peor que cuando inició el combate.
Y mientras se fortalece la presencia de la milicia en la vía pública, el debilitamiento de los organismos de representación popular avanza. En un arrebato de populismo de la más baja ralea, los partidos políticos han comprado la idea de que quitar el fuero constitucional a los integrantes de los poderes Legislativo y Ejecutivo, en los tres niveles de gobierno, hace de estas instituciones entes más democráticos y "cercanos al pueblo". El fuero protege a los legisladores y mandatarios de partido distinto al hegemónico de abusos y represión. Sin el fuero, la tentación del próximo presidente de la República de deshacerse de diputados, senadores, gobernadores, alcaldes y regidores será mayor, puesto que podrá hacerlo con más facilidad, incluso si considera que sus opiniones atentan contra su investidura. Con esta reforma, y la mencionada en el capítulo anterior, la actual legislatura le está poniendo en bandeja de plata al futuro primer mandatario un poder legal extraordinario, al cual habrá que agregar la controvertida iniciativa de ley de publicidad oficial que, como está planteada, podría reforzar el control del gobierno sobre los medios de comunicación en vez de garantizar la equidad esperada.
Por último, están las armazones institucionales de combate a dos pesados lastres: corrupción y pobreza. El esperanzador impulso del Sistema Nacional Anticorrupción ha degenerado en un cúmulo de dudas sobre la eficiencia del modelo y la autonomía de sus instituciones, y una demora en la designación de las principales cabezas que impide poner en marcha la maquinaria. Más allá de la falta de acuerdos para nombrar a los encargados de cada una de las instituciones, principalmente la Fiscalía General de la Nación, que debe sustituir a la PGR, hoy peligrosamente acéfala, resulta inquietante la colonización de los gobiernos estatales en los sistemas locales y la falta de claridad sobre la autonomía del sistema nacional. Está claro que debe ser autónomo del Poder Ejecutivo, pero ¿cómo se va a garantizar que lo sea de los poderes fácticos que pudieran utilizarlo para quitar a un gobernante o legislador "incómodo"? En cuanto al combate a la pobreza, baste decir que poco o nada se ha avanzado en este sexenio para eliminar la discrecionalidad en el uso de recursos de programas asistenciales, situación que además de impedir que se camine a un mejor ritmo en la disminución de la miseria, permite que los gobiernos sigan construyendo enormes bases clientelares. Y, lo hemos visto aquí y en otras latitudes, las clientelas pueden convertirse en el soporte de un régimen por más corrupto e ineficiente que sea.
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