(VERIFICADO 2018)
La Estafa Maestra, el desvío de recursos públicos hecho con un esquema ilegal de subcontratación, inició en el gobierno de Felipe Calderón. Según información pública, este esquema se emplea desde 2010 y, a la fecha, no hay funcionarios en prisión por su responsabilidad en el fraude que ha sumado por lo menos 30 mil millones de pesos.
Pese a ello, la candidata independiente, Margarita Zavala, aseguró durante el debate entre aspirantes presidenciales que todos los casos de corrupción vinculados con la gestión de su esposo, el expresidente Felipe Calderón, "han tenido consecuencias y se han deslindado responsabilidades".
Pero una revisión de algunos de los casos más emblemáticos de corrupción que se presentaron en el sexenio 2006-2012, que continúan sin castigo, confirman que la frase de Zavala es falsa.
Una muestra: obras que triplicaron su costo y su tiempo de entrega, como pasó con la Estela de la Luz; uso de organismos públicos para triangular recursos, como pasó con Turissste; o la entrega de contratos a empresas creadas exprofeso y con licitaciones dirigidas.
Verificado 2018 revisó distintos casos de corrupción acontecidos durante la administración de Calderón; que fueron documentados por la prensa y por organismos como la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Se revisaron las sanciones contra exfuncionarios, así como las fechas de la aplicación de éstas, y se concluyó que, cuando hubo consecuencias, pero éstas fueron mínimas comparadas con el daño patrimonial, y las investigaciones judiciales, cuando las hubo, siguen en integración y sólo se acusó a funcionarios menores.
Estela de Luz
La Estela de Luz es un monumento que conmemora el bicentenario de la Independencia y del centenario de la Revolución Mexicana. El proyecto lo ganó el arquitecto César Pérez Becerril y la licitación de la construcción fue otorgado a I.I.I Servicios, empresa filial de Pemex, y la constructora Gutsa.
La Estela de Luz se inauguró en enero 2012, 16 meses después de la fecha prometida (septiembre de 2010), para conmemorar el bicentenario de la Independencia y el centenario de la Revolución Mexicana. Pero no fue lo único que salió del plan, al final, el monumento costó 192% más de lo programado, al pasar de 393 millones de pesos a mil 146 millones de pesos.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentó dos denuncias ante la Procuraduría General de la República (PGR), una de ellas por el sobreprecio de materiales y que significó un quebranto público por 248.9 millones de pesos.
A raíz de la denuncia, en 2013, la PGR giró una orden de aprehensión contra 11 exservidores públicos de III Servicios, empresa subsidiaria de Pemex encargada del proyecto, y uno más de la Secretaría de la Función Pública (SFP). Las aprehensiones fueron emitidas por el uso indebido de atribuciones y facultades y ejercicio indebido del servicio público.
Para el 2015, nueve implicados en el caso seguían el proceso en libertad.
Tras el desfalco de más de 752 millones de pesos, pagados de más por la obra, la SFP sancionó al director general de la empresa estatal III Servicios, Agustín Castro Benítez, ordenando su inhabilitación por 12 años.
Eso no impidió que el sujeto prestara sus servicios en el estado de Morelos, en donde más tarde también fue inhabilitado. El Sistema de Registro de Servidores Públicos Sancionados registra las dos sanciones por "negligencia administrativa".
De acuerdo con un comunicado de prensa que la SFP emitió en agosto de 2011, compartido con el equipo de Verificado 2018 por Jorge Camacho, coordinador de Giras y Comunicación de la campaña de Margarita Zavala, se iniciaron procedimientos sancionatorios contra tres servidores públicos de la empresa paraestatal "III Servicios", los entonces director general, ya señalada, y los gerentes Jurídicos y de Administración y Finanzas. En estos dos últimos casos la sanción fue de inhabilitación por dos años.
Se reporta también que se presentaron denuncias penales contra cuatro funcionarios o exfuncionarios de dicha empresa. Sin embargo, en 2013 un tribunal congeló las órdenes de aprehensión giradas contra exfuncionarios de la empresa III Servicios, acusados por la PGR de contratar con sobrecostos la construcción de la Estela de Luz.
A decir de Gabriel Regino, el abogado defensor de los acusados, los integrantes del comité de adquisición, responsables de definir el método de asignación del contrato -invitación cerrada a tres proveedores-, son los únicos que enfrentan un proceso penal, a pesar de su responsabilidad mínima en el caso.
En contraste, ningún alto funcionario ha sido sancionado.
Turissste
El Sistema de Agencias Turísticas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Turissste) fue el encargado de organizar las ceremonias oficiales del presidente, así como los eventos de la Presidencia de la República, durante la administración de Calderón Hinojosa, asignando los contratos sin concurso de por medio.
La directora de Turissste entre 2006 y 2010, Rossana del Carmen Ortega Rivas, quien fue designada por el entonces director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) y hoy gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares.
De acuerdo a una nota publicada por el periódico Reforma en febrero de 2011, "entre 2006 y 2010, 27 instituciones de la administración pública federal han adjudicado a dicha instancia al menos 185 contratos por un total de mil 862 millones de pesos".
El Informe del resultado de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2009 confirma que en dichas contrataciones existió "opacidad en los procedimientos de adjudicación" de Turissste, al ser contratado por diversas dependencias públicas para el desarrollo de eventos que no corresponden con servicios turísticos, y que, a su vez, subcontrató a otras empresas, sin fundamentos ni motivos, el 100% de los servicios.
Por su parte, Sergio Hidalgo Monroy, quien fue director general del ISSSTE entre 2011 y 2012, declaró en marzo de 2012, ante la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados que, a partir de las anomalías detectadas por la ASF, se promovieron denuncias penales contra tres funcionarios públicos de tercer y cuarto nivel.
En una entrevista que Carlos Loret de Mola tuvo con el extitular de la ASF, Juan Manuel Portal, en marzo de 2013 para indagar sobre el caso Turissste, el periodista le preguntó que si la orden de asignar los contratos sin concurso vino de la Presidencia en tiempos de Felipe Calderón y la respuesta fue: "hay declaraciones de muchas personas… que participaron en algunas partes del proceso (y) algunos dicen una cosa así… que recibieron instrucciones de la Oficina de la Presidencia".
De acuerdo con un reporte que en 2013 entregó la ASF a la Cámara de Diputados, el Órgano Interno de Control del ISSSTE sancionó a Rossana del Carmen Ortega Rivas con tres suspensiones, dos por cinco meses y una más por cuatro meses y 15 días, por las adjudicaciones sin licitación a las empresas de grupo CIE relacionadas con los festejos del Bicentenario.
El diario El Universal, explicó que en ese año Ortega Rivas recibió ocho sanciones "poco relevantes" por parte de la Secretaría de la Función Pública y una multa por siete mil 301 pesos e inhabilitaciones que fueron de entre seis y 18 meses.
La iniciativa Verificado 2018 busca enfrentar el fenómeno de las noticias falsas o malintencionadas, dándole a los lectores un servicio fundamental: revisar la información que circula en internet y en las redes sociales y verificar si es cierta o falsa.
