A más tardar el día 30 del presente mes de abril, los 38 ayuntamientos de Coahuila y el gobierno del estado deben entregar al Congreso local sus respectivas cuentas públicas, las correspondientes al ejercicio de 2017.
En principio deben ser 39 cuentas públicas. Pero como los nueve órganos estatales autónomos (ICAI, CEDH, IEC, UAC, Fiscalía General, etc.) las presentan por separado, así como también los 53 organismos públicos descentralizados del gobierno estatal y 19 paramunicipales, más 22 sistemas de aguas y saneamiento y las 38 propiamente de los gobiernos municipales, más una por cada uno de los tres Poderes del estado, dan un total de 144. Sí, ¡ciento cuarenta y cuatro cuentas públicas!
A manera de ejemplo de esa fragmentación, el municipio de Torreón presenta once, de otras tantas "entidades" (así las llama la ley), a saber: del ayuntamiento, Simas, Coproder, Dirección de Pensiones, Hospital Municipal, Instituto de Música, Instituto Municipal de Cultura y Educación, Instituto Municipal de la Mujer, Instituto Municipal de Planeación y Competitividad, Instituto Municipal del Deporte y Sistema Integral de Mantenimiento Vial del Municipio. ¡Once!
Pues bien, sendos torrentes de papeles y discos con archivos electrónicos ya se han venido recibiendo en el Congreso, que los turna a la Comisión de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública (CAGyCP), que yo coordino, la que a su vez los hace llegar a la Auditoría Superior del Estado (ASE) para que ésta proceda a su revisión y fiscalización superior. La ASE debe concluir esta tarea a más tardar el próximo 31 de diciembre cuando entregue al Congreso, por conducto de la CAGyCP, el "Informe de Resultados de la revisión a la Cuenta Pública de 2017". A su vez, la CAGyCP dispondrá de 60 días naturales para presentar un dictamen al Pleno del Congreso sobre la labor desarrollada por la ASE.
Para cumplir con su función, la ASE, además de revisar el mundo de papeles que ya viene recopilando, está facultada para llevar a cabo "visitas domiciliarías" a las dependencias auditadas, así como "revisiones de gabinete", en las propias oficinas de aquélla.
Cabe aclarar que cuando la ASE proceda a revisar las cuentas públicas que le son entregadas en abril de este año, no parte de cero. No, porque ya en el curso del año pasado recibió cuatro reportes periódicos denominados "Informes trimestrales de avance de la gestión financiera", con los cuales empezó a poner manos a la obra.
De acuerdo con su programa de trabajo aprobado el pasado mes de marzo, para llevar a cabo la revisión de las cuentas públicas de 2017 la ASE llevará a cabo un total de 1,944 auditorías. De éstas, 1,497 serán de las llamadas auditorías de cumplimiento, 143 de legalidad, 155 de desempeño, 143 financieras y seis coordinadas (no alcanza en esta ocasión el espacio para explicar en qué consiste cada uno de estos tipos de auditorías).
De cada visita domiciliaria practicada por personal de la ASE se levanta un acta final. De no haberse detectado irregularidad alguna, así se hará constar en esa acta. Concluidas sus facultades de comprobación, ya sea a través de visitas domiciliarias o de revisiones de gabinete, la ASE dispone de 30 días hábiles para emitir pliegos de observaciones, o bien de recomendaciones, a las dependencias auditadas. Luego éstas cuentan con 15 días, también hábiles, para solventarlas o atenderlas, según se trate. Luego la ASE dispone de hasta 60 días hábiles para pronunciarse sobre las respuestas emitidas por las entidades fiscalizadas.
Agotado el anterior procedimiento, en caso de proceder, la ASE está facultada por la ley para promover sanciones ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado por faltas graves detectadas en sus auditorías e investigaciones; así como para presentar denuncias y querellas penales ante la Fiscalía Especializada en Delitos por Hechos de Corrupción. Asimismo, la ASE debe presentar, cuando corresponda, denuncias de juicio político ante el Congreso.
Cabe hacer notar que la ASE está facultada además para coadyuvar con la citada Fiscalía Especializada en los procesos penales, tanto en su etapa de investigación como judicial. Además, la Fiscalía le debe consultar previamente cuando determine declinar su competencia, abstenerse de investigar hechos denunciados, archivar temporalmente las investigaciones o decretar el no ejercicio de la acción penal. Y si la Fiscalía llegara a proceder en estas situaciones de manera injustificada, la ASE debe impugnar tal conducta ante la autoridad competente.
¿Tiene la ASE facultades, "dientes" como se suele decir, recursos y "capacidad instalada" suficiente para llevar a cabo bien esta enorme, muy necesaria y delicada tarea? Lo veremos en algunos de los siguientes artículos.
