¡Bravo! ¡Hurrah! ¡Albricias! Finalmente los diputados hacen algo bueno al eliminar el fuero. Finalmente la clase política decide combatir la impunidad que le permite actuar como una mafia en el poder. Se acabará con casos como la Casa Blanca y Odebrecht y "La Estafa Maestra", insisten. Habrá funcionarios imputados y juzgados y removidos del puesto, argumentan. Tiempo de celebrar un poco de rendición de cuentas, parecería. Pero no es así. Ciudadanos furibundos, cual tigres hambrientos, se lanzan con frenesí sobre la carne roja aventada al circo romano en el que se ha convertido la contienda presidencial. La opinión pública enojada ante los abusos aplaude una iniciativa mal articulada y mal diseñada que no servirá para lo anunciado, pero sí podría acarrear efectos contraproducentes. Porque la ley propuesta no quita el fuero, sólo lo remodela como apunta José Roldán Xopa.
Antes de brincar de felicidad, hay que mirar la letra chiquita. Lo que no es obvio ni evidente. Lo que el populismo legislativo de todos los partidos ante la elección de 2018 esconde. Lo que el PRI y José Antonio Meade presumen como su gran logro, apoyados por la oposición que no se atreve a disentir porque sabe cuán popular es la propuesta que no han leído. Tanto para quienes lleguen a la Presidencia como para quienes sean sus opositores, la eliminación del fuero -tal y como está planteada- podría entrañar su destrucción. Unos y otros, vulnerables al uso político de un fuero reeditado de manera torpe, sólo para ganar puntos electorales y no para resolver problemas fundamentales. La Cámara de Diputados parece no haberse dado cuenta de lo que aprobó con tanto bombo y platillo. Los legisladores improvisan, pensando en el corto plazo y no en las implicaciones para el futuro, para la democracia que dicen apoyar.
AMLO, de ganar la Presidencia, se volvería vulnerable a la posibilidad de un juicio político, cuyas razones no están claramente tipificadas. Podría procederse en su contra por razones tan ambiguas como "actuar en perjuicio de los intereses públicos" o "de su buen despacho". Javier Corral, como gobernador de oposición si no ganara Ricardo Anaya, podría ser víctima de medidas cautelares impuestas por un juez si lo considera "sospechoso", incluyendo "el sometimiento o cuidado de una institución o una persona"; la "prohibición de concurrir a determinadas reuniones o acercarse a ciertos lugares"; "la colocación de localizadores electrónicos". Cualquier legislador de oposición si triunfara el PRI o el Frente o Morena, y peor aún con mayoría en las cámaras, podría ser objeto de la aplicación politizada de la ley. Podría convertirse en perseguido político tan sólo por la voluntad de la mayoría. Diputados y senadores erigidos en jueces por una ley mal pensada que les permitiría serlo. Con la capacidad para enviar a cualquiera a la guillotina por revancha o miedo o pulsiones para purgar.
Habrá quien argumente que esta posibilidad de linchamiento político es necesaria. Fuera con los corruptos, clamarán los miembros del coliseo candente. A la cárcel, gritarán los espectadores enardecidos. Pero el dictamen aprobado y con rumbo al Senado ni siquiera asegura eso. La iniciativa "engañabobos" -como la ha bautizado correctamente Roldán Xopa- lleva a creer que los funcionarios acusados acabarán encarcelados. Pero la iniciativa votada contiene salvedades que dificultarían ese desenlace: dice que mientras prosiga la investigación no procederá la prisión preventiva ni la separación del cargo. Mientras el sistema penal ignora la presunción de inocencia para el común de los mortales, en la clase política será sacralizada. Es decir, los privilegios continúan, la discrecionalidad sigue, el fuero no acaba. Se replantea.
Ojalá los senadores de oposición tengan la valentía y la claridad para rechazar este engaño. Ojalá no caigan en la trampa que ha tendido el Congreso. Ojalá la opinión pública no piense que eliminar el fuero así llevará a reducir la impunidad y combatir la corrupción, cuando eso requeriría una Fiscalía autónoma y un Fiscal Anticorrupción con dientes; cambios fundamentales que el Congreso ha obstaculizado. Sin duda el fuero necesita remodelación, pero no la que sus usufructuarios proponen. La iniciativa actual nos coloca en el peor de ambos mundos: permite la persecución política de inocentes y no remueve del cargo a culpables.
