Reza el dicho popular: "En esa familia ya eran muchos…y parió la abuela". Con ello se quiere dar a entender, según dice otro refrán, que "llueve sobre mojado". Es decir, cuando hay abundancia de algo y no se desea ya su aumento, a pesar de eso se registra un incremento.
Como se pretende que suceda en el Congreso del Estado de Coahuila. Cuenta éste con veinticinco comisiones legislativas permanentes más cuatro comités para un total de veinticinco diputados. Y se propone que tenga una comisión más, para totalizar veintiséis. O treinta, si se consideran los cuatro comités. Un número demasiado elevado, superior al que tienen, por ejemplo, la Cámara de Representantes de los EUA o el Senado de ese país. Sencillamente no es posible.
En efecto, en la sesión del pasado 14 de marzo la Legislatura "aprobó", a propuesta del PRI, la creación de una comisión especial cuya denominación será: "para la Garantía de los Derechos Humanos de Niñas, Niños y Adolescentes". Un par de cosas cabe decir al respecto:
La primera, que ya hay al menos cuatro comisiones en el Congreso local cuya materia son los derechos humanos. A saber: la de Defensa de los Derechos Humanos, prevista en el artículo 104 de la Ley Orgánica del Congreso, LOC; más las comisiones de Igualdad y No Discriminación (art. 103), la de Atención a Grupos en Situación de Vulnerabilidad (art. 109) y Contra la Trata de Personas (art. 112 Bis).
Segunda: las comisiones especiales, según lo dispone el art. 84 de la LOC son "aquellas que se establecen de manera transitoria" (que no es el caso de la que se pretende crear, porque se propone sea por todo lo que resta de la Legislatura, con lo cual carecerá de "transitoriedad") y su creación tiene como requisito que sea aprobada por "las dos terceras partes de los votos de las y los diputados presentes".
Medida tal mayoría calificada en términos porcentuales, las dos terceras partes de los votos equivalen al 66.67 por ciento del total. Pues bien, a la hora de votarse la mencionada propuesta estaban presentes 23 diputados y sólo 15 votaron a favor. Éstos últimos equivalen al 65.22 por ciento, proporción que matemáticamente es inferior a las dos terceras partes (66.67 por ciento).
Los priistas afirman que en tales casos se deben considerar como alcanzadas las dos terceras partes, porque así lo establece un criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, criterio que por cierto no ha sido posible localizar y menos aún alguna jurisprudencia sobre el punto. Lo que sí se ha encontrado es una sentencia de la sala superior del Tribunal Electoral de la Federación, que dice exactamente lo contrario. Es decir, que las dos terceras partes, en términos porcentuales, se han de alcanzar necesariamente, o bien, superar.
El incidente ha puesto de manifiesto, una vez más, que la regulación interna que rige el funcionamiento del Congreso local de Coahuila está incompleta. Muy incompleta. Su vigente Ley Orgánica fue publicada el 30 de diciembre de 2014 y entró en vigor el 1 de enero de 2015. Su Artículo Tercero Transitorio ordenó que "el Congreso deberá expedir la reglamentación procedente en un plazo de 30 días contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto", es decir, de la LOC.
Desde entonces han transcurrido no 30 días, sino más de 37 meses y no se han dictado, entre otros, el Reglamento de Prácticas Parlamentarias, al cual hace referencia el artículo 38 de la LOC, ni tampoco el Reglamento de Sesiones, al que aluden los arts. 217 y 233 de la propia LOC, entre otros.
Habiendo quedado claro a la actual Legislatura local la necesidad de contar con los reglamentos internos que están haciendo falta, se reunió ya la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y tomó el acuerdo de iniciar de inmediato los trabajos que tendrán como resultado subsanar a la brevedad la carencia de normas internas, a fin de que el Congreso cuente en el menor tiempo posible con los reglamentos de los que ahora carece. Así se espera.
