Resolución. Un juez federal ordenó la suspensión definitiva de las obras; aún falta la audiencia constitucional. (EL SIGLO DE TORREÓN)
El Juzgado Tercero de Distrito en La Laguna determinó la suspensión definitiva de la construcción de una planta de cianuro de sodio en Dinamita del municipio de Gómez Palacio por parte de Chemours, a lo que los representantes de ésta mencionaron que la empresa está "sumamente decepcionada" por la resolución judicial y aseguró que esto no representa la cancelación del proyecto ni la interrupción permanente del mismo, sino hasta la emisión de la sentencia definitiva en el juicio de amparo.
La sentencia se emitió el día de ayer y representaría la cancelación del proyecto, aunque está pendiente de realizarse la audiencia constitucional en la que el juez federal resolverá el fondo del asunto.
Esto significaría que el juicio podría tardar incluso años, ya que la empresa tiene el recurso de solicitar una revisión de la sentencia por parte del Tribunal Colegiado.
La suspensión definitiva se emitió ante la promoción del amparo indirecto especializado en materia ambiental 312/2018, por parte de la agrupación civil Pro Defensa del Ciudadano de esta ciudad.
Dicho amparo hace alusión al Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes (COP) y sostiene que la operación de la planta de cianuro de sodio pondría en riesgo a la población y "es un veneno que haría imposible la restitución de la vida de las personas".
Apenas el pasado viernes 16 de marzo el juzgador determinó la suspensión provisional de las obras, en atención a esta solicitud.
La empresa Chemours tenía considerada una inversión de 150 millones de dólares en dicha planta, así como la creación de mil empleos durante el proceso de construcción y otros 350 una vez en operaciones, los cuales serían de alto nivel salarial.
La primera piedra de esta obra se colocó el sábado 24 de junio de 2017, por parte del gobernador de Durango, José Aispuro Torres y la alcaldesa Leticia Herrera, además de representantes de la compañía.
Integrantes de la asociación civil Pro Defensa del Ciudadano señalaron que la sentencia definitiva es el segundo revés del juez federal en contra del proyecto Chemours Laguna, lo que desde su perspectiva les da la razón cuando argumentaron que se ocultó información sobre las actividades que realizaría la planta, además de que no se consultó a los habitantes de los alrededores.
Desde que se anunció este proyecto, se han presentado actos de inconformidad por parte de los pobladores de comunidades aledañas.
Dichas protestas dieron lugar a un enfrentamiento con elementos de las corporaciones policiacas en marzo pasado.
La empresa añadió "esta decisión impacta directamente a cientos de trabajadores mexicanos que dependen del empleo de nuestro proyecto y proveedores de la región. Las consecuencias de este retraso impactan directamente a los numerosos negocios locales que se ven beneficiados por la derrama económica; además de nuestros socios comerciales quienes han invertido millones de dólares en la zona para la realización de este proyecto" señaló la compañía mediante un comunicado.
Indicó que las actividades en la planta se llevan a cabo en cumplimiento de las estrictas normas y regulaciones medioambientales en México.
También cuentan con todos los permisos requeridos por las autoridades federales, estatales y municipales. "Utilizaremos todos los recursos y opciones a nuestro alcance para poder reanudar nuestras actividades de construcción lo más pronto posible", según el documento.
La empresa también agradeció a las autoridades por su iniciativa para promover mesas de diálogo y espera que a través de éstas se explique y aclaren todos los detalles del proyecto a las personas de las comunidades vecinas e interesadas.
