El Capital Natural está conformado por los ecosistemas y la biodiversidad en ellos albergada, incluye la totalidad de especies silvestres y domesticadas que habitan el planeta. México tiene la fortuna de ser el cuarto país megadiverso, privilegio escasamente valorado más allá de las comunidades científicas que lo estudian, de los núcleos campesinos que con él conviven, particularmente los pueblos indígenas que han sido su principal custodio desde la ocupación hispana del territorio nacional, o de los organismos ciudadanos que defienden su conservación.
Es contradictorio que el Gobierno federal a través de organismos públicos descentralizados como la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, el Instituto Nacional de Ecología, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y otros, estén invirtiendo recursos humanos y financieros en proteger el Capital Natural, otros se hayan propuesto proteger y conservar esta riqueza ecosistémica y biogenética, los diputados se convertirán en los facilitadores de la expoliación que devendría si se aprueba.
El Capital Natural no es sólo un listado de plantas y animales como lo quieren ver una parte de nuestros gobernantes mostrando con ello su ignorancia, cada vez más evidente como lo denotan los diputados que están promoviendo la Ley de Biodiversidad, con la cual pretenden mercantilizarlo. No es una lista de mercancías de una tienda de abarrotes, pues nuestros representantes ya no sólo pretenden mercantilizar el agua para continuar el desastre que están provocando con la deficiente gestión de los recursos hídricos, sino también de nuestros recursos biogenéticos.
Esta visión mercantilista y abarrotera que tienen el Gobierno federal y los partidos inscritos en el discurso y práctica del neoliberalismo debe cerrar su ciclo, ya agotaron sus propuestas de la agenda ambiental y por ello ya nada tienen que hacer, no pueden continuar tomando decisiones sobre el patrimonio natural de México. Los candidatos a ocupar puestos públicos en el proceso electoral de próximo julio también tienen que posicionarse ante este intento de aprobar la Ley de Biodiversidad, no hay que votar por quienes la avalen o no se definan claramente por rectificar los apartados que amenazan el Capital Natural.
En concreto, los diputados del Partido Revolucionario Institucional, el Partido Verde Ecologista o de otros partidos que se sumen a esta cargada, deben rectificar su postura de aprobar dicho proyecto de Ley. Los militantes o simpatizantes de estos organismos políticos deben saber que sus representantes en el poder legislativo y dirigentes están actuando como facilitadores de los depredadores del Capital Natural; hay que sumarse a los organismos ciudadanos que reclaman con debida justeza la realización de una consulta pública nacional que esclarezca la regulación a que se debe someter el manejo y los usos de nuestros recursos biogenéticos.
Este proyecto de Ley de Biodiversidad contraviene directrices internacionales de Naciones Unidas, propone una norma regulatoria laxa sobre el uso de los recursos biogenéticos del país y amenaza con facilitar la explotación minera en áreas naturales protegidas. Resulta contradictorio que corporativos empresariales privados como Peñoles han adoptado políticas que restringen esta actividad en los espacios protegidos del país, no adquiriendo predios o extrayendo recursos mineros en ellos, en tanto los políticos pretenden hacer lo contrario.
De aprobarse, los diputados que la voten a favor y sus partidos, abundaran la brecha que les separa de los ciudadanos y cada vez menos representaran sus intereses: su ignorancia u omisión voluntaria no los autoriza para tomar este tipo de decisiones cuyas repercusiones no han valorado debidamente como no lo han hecho con el proyecto de Ley Pichardo, la Ley General de Aguas que sustituirá a la actual Ley de Aguas.
Los impactos que derivarán de la aprobación de esta Ley serán acentuar los cambios en el uso del suelo y otras de las amenazas ya existentes de la biodiversidad en las áreas naturales protegidas, el deterioro de los ecosistemas naturales, la expoliación de los recursos biogenéticos, particularmente de las especies de flora y fauna ubicados en estatus de riesgo conforme a las normas oficiales mexicanas.
A esos impactos derivados de la legislación que pretende disminuir las regulaciones sobre el uso de la biodiversidad, que en suma se refieren las actividades humanas, se agregarán los provocados por fenómenos naturales, particularmente el cambio climático cuyos pronósticos recientes no ha sido posible atinar; fenómenos cada vez más aleatorios e impredecibles como éste tendrán repercusiones en la vida diaria y laboral de la población, pero también en los hábitat naturales donde reside la fauna y flora silvestres.
En regiones como La Laguna, la Ley de Biodiversidad podrían tener una impacto negativo en la Reserva de la Biosfera de Mapimi, en el Parque Estatal Cañón de Fernández y el la Reserva Ecológica Municipal de Jimulco. El pronóstico para los ecosistemas áridos como los nuestros será variable y afectará el Capital Natural ahí existente en la medida que flexibilizara las actuales regulaciones para usarlo. Aunado a las constantes amenazas que sobre ellos vierten quienes quieren lucrar con los recursos naturales ahí existentes, tenemos la poca atención que se les ha prestado desde las oficinas gubernamentales donde se achican los presupuestos y se mina la colaboración con los organismos civiles que se agregan en el esfuerzo por protegerlos y conservarlos.
