El alcalde de Torreón Jorge Zermeño Infante enfrenta un reto singular e inédito, al estar participando como candidato para reelegirse en el cargo por los próximos tres años, porque ello da pie a que en forma cotidiana, se le cuestione sobre las presuntas ventajas que le ofrece a su candidatura, la permanencia en cargo de alcalde durante las campañas.
Los conflictos con los sindicatos de los trabajadores y empleados municipales por ejemplo, se han convertido en algo cotidiano, porque los líderes de tales agrupaciones se aferran a privilegios indebidos que rayan en la corrupción, concedidos por intereses clientelares de las pasadas administraciones priistas, cuyas prácticas son repudiadas por el grueso de los electores que el año pasado votaron por la alternancia.
Por otra parte, no pasa un solo día sin que los regidores del PRI enquistados en el Cabildo, lancen acusaciones respecto al supuesto desvío de recursos del erario en favor de la promoción de la imagen del alcalde a través del trabajo ordinario de las dependencias municipales, sobre todo de aquellas por medio de las cuales se distribuyen apoyos para combatir la pobreza.
Lo anterior indica que el andar en campaña al mismo tiempo que se ejerce el cargo como hoy día lo permiten las leyes que nos rigen, plantea un dilema de muchas caras respecto a paralizar la acción de gobierno y por tanto la atención que con razón demandan los ciudadanos o ser señalado por utilizar durante la campaña, recursos públicos que por naturaleza están destinados a satisfacer necesidades colectivas básicas, cuya atención no es posible posponer.
En suma, la condición de alcalde candidato es arma de dos filos y con mayor razón, por haber recibido Zermeño hace escasos tres meses, una ciudad administrada de manera opaca, con una infraestructura en franco deterioro y con finanzas al borde de la quiebra.
El caso del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento ofrece un ejemplo particular al respecto, puesto que se trata de una dependencia que administra un producto indispensable para la vida humana, que las pasadas administraciones explotaron como botín, e hicieron instrumento de control político electoral.
A lo anterior se deben las cifras escalofriantes según las cuales el setenta y ocho por ciento del agua que extrae SIMAS para servicio de la comunidad torreonense no se cobra, sea porque se pierde en las deterioradas redes de conducción carentes de mantenimiento, o porque ni se mide ni se paga su consumo, en el caso de un conglomerado social que vive siendo rehén de la escasez del vital líquido.
El respeto al derecho humano de acceso al agua por una parte, y el abuso y la manipulación por otra, en el caso son dos caras de la misma moneda, que plantean un dilema en específico que debe ser enfrentado, a partir de los esfuerzos por medir y cobrar el consumo de agua vivienda por vivienda, sin que ello implique eludir la responsabilidad solidaria e incluso subsidiaria, con las personas y comunidades de escasos recursos económicos que así lo requieran.
Una política de compromiso social en esta materia, exige partir de una administración transparente, que es precisamente lo que en SIMAS faltó en las dos últimas administraciones priistas y por ello, los esfuerzos de la actual administración por establecer un orden elemental, que permita mejorar el servicio midiendo el consumo en cada vivienda y racionalizando la determinación de las tarifas desde una óptica de responsabilidad y de justicia, hayan sido enfrentados el lunes pasado, en las oficinas de SIMAS, por una manifestación de ciudadanos de las colonias del sur de la ciudad, que simple y sencillamente no pueden o no quieren pagar su consumo de agua.
No debemos permitir los torreonenses que los círculos viciosos de nuestra vida pública nos dividan, cuando es posible resolverlos. En el caso del agua, se trata de un problema complejo que tiene varias vertientes: Administrativa, financiera, técnica, etcétera, que el alcalde sabe que, aunque requiere una solución de mediano a largo plazo, el inicio de su aplicación es urgente y no admite demora.
