La sombra de la violencia y el crimen organizado se ha posado sobre el proceso electoral más complejo de la historia democrática de México. (ARCHIVO)
La sombra de la violencia y el crimen organizado se ha posado sobre el proceso electoral más complejo de la historia democrática de México.
De septiembre de 2017 a la fecha se han registrado 42 asesinatos de personas que pertenecieron a distintos partidos políticos. Se trata de alcaldes, exalcaldes, regidores, candidatos, activistas, miembros de algún partido y funcionarios.
Son 16 entidades de la República en donde se ha registrado este tipo de crímenes. Guerrero encabeza la lista con 12 asesinatos y le sigue Oaxaca, con 8.
Del total de fallecidos, 13 eran del oficialista PRI, 10 del centroizquierdista PRD y 5 del conservador PAN. También los izquierdistas Morena y PT, así como Movimiento Ciudadano, reportan casos.
La situación crítica que se vive en Guerrero motivó al obispo de Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel Mendoza, a reunirse con un capo de la zona.
El propio religioso reveló que la reunión se llevó a cabo el viernes pasado, y que el capo se "comprometió" a no asesinar más candidatos en Guerrero a cambio de ciertas "condiciones".
La noticia generó reacciones de distintos frentes. La principal de ellas fue de la Secretaría de Gobernación (Segob), cuyo titular, Alfonso Navarrete Prida, dijo ayer que "el gobierno mexicano no negocia la aplicación de la ley, y no hay posibilidad alguna de que eso ocurra".
El secretario comentó además que esta semana se presentará ante el Instituto Nacional Electoral (INE) y los partidos políticos el Protocolo de Seguridad para garantizar la integridad de los candidatos en su andar por el país. No obstante, las campañas federales ya están en marcha.
Los atentados contra políticos suceden en el marco de la descomposición que vive el país en materia de seguridad. Con casi 5,000 homicidios dolosos, el bimestre enero-febrero de 2018 fue el más violento desde 1997.
Los estados con la mayor tasa de homicidios en 2017 fueron Colima, Baja California, Guerrero, Baja California Sur, Morelos, Chihuahua y Guanajuato.
Aunque Coahuila y Durango ya no figuran entre los primeros lugares, el año pasado tuvieron repunte en asesinatos vinculados con el crimen organizado.
