Control. Elementos de la Policía Federal, Marina, Policía Estatal y Militar resguardaron las instalaciones del penal estatal. (AP y EFE)
Un motín ocurrido en el penal estatal de mediana seguridad La Toma, asentado en la zona montañosa central de Veracruz, dejó siete muertos -seis elementos de la Policía Estatal y municipales, así como un hombre aún no identificado- y al menos 22 heridos: 15 agentes y siete reos.
La revuelta en la penitenciaría, que alberga a mil 300 internos, inició a las 22:00 horas del sábado debido a un fuerte operativo estatal para sacar del reclusorio a cuatro reos de alta peligrosidad que seguían operando desde dicho centro, de acuerdo con autoridades del estado.
Fue hasta las seis de la mañana de ayer domingo cuando se recuperó el control del Centro de Readaptación Social (Cereso), en medio de duras medidas contra los internos.
Se trata del motín más violento de que se tenga memoria en el sistema penitenciario de Veracruz, compuesto por 17 Centros de Readaptación Social y un módulo de detención que albergan casi a 7 mil internos.
Después del penal de Pacho Viejo, asentado en la zona de Xalapa, el de La Toma, ubicado en el municipio de Amatlán de Los Reyes, alberga a más internos acusados por delitos, tanto del fuero común como del federal.
La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) de Veracruz informó que envió a visitadores al penal una vez que tuvo conocimiento de la situación que se presentaba.
"Se trasladaron con el objetivo de que los protocolos aplicables en estos casos fueran aplicados por las autoridades", señaló un funcionario de la CEDH.
LA REVUELTA
De acuerdo con las autoridades, un centenar de elementos antimotines de la Secretaría de Seguridad Pública estatal ingresó para tratar de controlar la situación, lo que generó violentos enfrentamientos con los reclusos, quienes utilizaron armas hechizas y herramientas de la carpintería, además quemaron colchones.
En un primer reporte, el Gobierno estatal notificó de la muerte de siete agentes policiacos, pero horas después rectificó que fallecieron seis agentes estatales, municipales y de la Policía Auxiliar, así como un hombre no identificado. Detalló que siete reos heridos fueron trasladados a hospitales de la localidad.
Elementos de la Policía Federal, Marina, Policía Estatal y Militar resguardaron las instalaciones para evitar que familiares de los internos ingresaran al penal o se realizara una fuga masiva de reclusos.
En tanto, el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares arribó al mediodía a las instalaciones del Cereso, donde fue interceptado por decenas de familiares de los reos, quienes exigían información sobre lo ocurrido durante la noche del sábado.
Más tarde, en conferencia de prensa, el mandatario confirmó que esto fue el resultado del operativo para el traslado de cuatro reos de alta peligrosidad, pues al entrar un grupo de policías estatales y municipales, fueron emboscados por los internos, quienes los confinaron y prendieron fuego.
La Fiscalía General del Estado (FGE) abrió varias carpetas de investigación para determinar responsabilidades, aunque se negó a informar si el director del Cereso será removido de su cargo.
Precisó que siete reos presentan lesiones, dos graves y cinco entre moderadas y leves, y que otro grupo está en el área de enfermería del reclusorio, además de que 15 agentes están hospitalizados, uno de ellos, grave.
Anunció que en el caso también intervendrá la Comisión Estatal de Derechos Humanos y que la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) mantendrá el resguardo del penal hasta que vuelva a la normalidad.
Yunes Linares negó que algún funcionario de su administración haya amenazado de muerte a algún reo y aseguró que el audio que circula en redes sociales sobre el motín pertenece a quienes participaron en la muerte de policías.
El gobernador panista aceptó que desde el año pasado se conocía de las actividades ilícitas en las que participaban los reos y por ello se buscó enviarlos a cárceles de máxima seguridad, aunque no especificó por qué no se logró.
La agresión contra los policías, argumentó, se debió al traslado de los cuatro reos de muy alta peligrosidad que generaban violencia en la zona de Córdoba-Orizaba.
En febrero pasado, el gobernador minimizó el reporte de la CEDH que señaló la existencia de sobrepoblación de penales en el estado -incluso de hasta 70%-, pues afirmó que las cárceles de Misantla, Jalacingo, Tantoyuca, Pánuco y Chicontepec, son "menores".
"En estos centros es probable que exista sobrepoblación, pero en general no existe sobrepoblación en penales de la entidad", argumentó cuando fue dado a conocer el reporte del organismo de Derechos Humanos.
