Responsable. Según la Casa Blanca, la decisión de la pregunta descansó enteramente en el secretario de Comercio, Wilbur Ross. (AP)
Nueva York encabezará una coalición de estados que demandarán al gobierno del presidente Donald Trump por la decisión de incluir la pregunta sobre ciudadanía en el censo 2020, una decisión que de inmediato suscitó denuncias de que intimidará a los inmigrantes y los desalentará de responder, se anunció el martes.
El recuento de población que se realiza cada 10 años es un requisito constitucional. Se lo utiliza para determinar la cantidad de bancas de cada estado en la Cámara de Representantes y la asignación de fondos a cada entidad. Ayuda a las comunidades locales a determinar dónde construir escuelas y toda clase de instalaciones.
La Casa Blanca respondió diciendo que la decisión no se tomó desde la presidencia. La portavoz Sarah Sanders indicó que la Casa Blanca "apoya" la medida, pero la decisión se "tomó a nivel departamental".
El fiscal general del estado de Nueva York, Eric Schneiderman, demócrata, denunció ayer que ese tipo de pregunta podría sembrar el miedo entre los inmigrantes, inhibirlos de responder y por lo tanto tergiversar el número de habitantes registrados en el conteo demográfico.
La coalición también incluirá a Nueva Jersey, Massachusetts y California.
Schneiderman dijo que la decisión de incluir la pregunta sobre nacionalidad "es un atentado directo" contra aquellos estados que cuentan con grandes comunidades de inmigrantes.
Horas antes el secretario de Justicia de California, Xavier Becerra, había dicho que el estado demandará al gobierno por esa decisión.
"Estamos preparados para hacer lo necesario para proteger a California de un censo deficiente", dijo Becerra. "Incluir una pregunta sobre ciudadanía en el censo 2020 no sólo es una mala idea: es ilegal".
Una coalición de secretarios de Justicia estatales exhortó al Departamento de Comercio a no incluir esa pregunta porque podría desalentar la participación de inmigrantes y provocar un recuento erróneo de la población.
La jefa del bloque demócrata en la cámara baja, Nancy Pelosi, dijo que la pregunta "provocará miedo y desconfianza en comunidades vulnerables. Las comunidades tradicionalmente sujetas a recuentos insuficientes sufrirán una subrepresentación, exclusión financiera y retraso aún mayor".
El Departamento de Comercio dijo el lunes que los datos de ciudadanía ayudarán a la justicia a aplicar la ley del derecho al voto, que protege los derechos de las minorías. Dijo que entre 1820 y 1950, casi todos los censos incluían algún tipo de pregunta sobre la ciudadanía.
El censo se realiza por correo y por trabajadores que van de casa en casa. La Oficina del Censo dijo que en el recuento de 2010, el 74% de los hogares envió los formularios por correo y el resto lo respondió a los trabajadores a domicilio.
El secretario de estado de Massachusetts William Galvin, demócrata, dijo a AP que su estado probablemente será parte de la demanda, calificando la decisión como un intento de los republicanos de suprimir el conteo de habitantes en estados con nutridas comunidades de inmigrantes.
"La Constitución establece que hay que contar a todos los que están viviendo en Estados Unidos, no a todos los ciudadanos", declaró Galvin.
Desde hace algún tiempo los demócratas sospechaban que esa decisión estaba en ciernes. Han convocado a numerosas conferencias de prensa para denunciarlo y en varias interpelaciones en el Congreso, le increparon sobre el tema al secretario de Comercio, Wilbur Ross.
'Asalto' a inmigrantes
Como inconstitucional y un "asalto" para hacer "invisibles" a los inmigrantes en EU calificaron ayer activistas y políticos la inclusión de una pregunta sobre el estatus de ciudadanía en el Censo 2020, que llevó incluso a la Fiscalía de California a demandar al gobierno de Trump. "Incluir la pregunta no es sólo una mala idea, es contra la ley", afirmó ayer el fiscal de California, Xavier Becerra. Según el fiscal, la pregunta, agregada antier lunes por el Departamento de Comercio, pone en riesgo la incorporación en los datos estadísticos de la población total de EU de "varios millones" de indocumentados que residen en el país.
"Si no nos cuentan, no contamos", agregó el fiscal hispano. Se trata de "otro asalto más a los inmigrantes, a los latinos y al Censo 2020", manifestó Arturo Vargas, director ejecutivo de la Asociación Nacional de Funcionarios Latinos Elegidos (Naleo, en inglés). "Trump y los republicanos empujan una agenda racial y partidista que busca asustar y hacer invisibles a las comunidades inmigrantes", criticó por su parte Tom Pérez, director del Comité Nacional Demócrata (DNC).
Pérez lamentó que ello "resultará en una cuenta inexacta de la población que costará recursos y representación (política) para estas comunidades a lo largo y ancho del país". En febrero pasado, una coalición de una veintena de fiscales estatales, entre ellos Becerra, había advertido al secretario de Comercio, Wilbur Ross, que "una pregunta sobre ciudadanía violaría la Constitución de EU y los estatutos federales". El exfiscal general de la nación Eric Holder dijo ayer que se trata de una "decisión irresponsable".
"Está especialmente dirigida para crear miedo y confusión entre las comunidades inmigrantes", matizó Jerry González, director ejecutivo del grupo latino de Georgia Galeo. La población total estimada de Estados Unidos por la Oficina del Censo para 2017 fue de 325,7 millones, con un 14 % de inmigrantes. El número de inmigrantes indocumentados que residían en EU en 2016 era de 11.3 millones, según el Centro de Investigación Pew. (Con información de EFE)
