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Retienen a funcionarios electorales en Oaxaca

Además, emplazó a la Secretaría General de Gobierno (Segego) y la Fiscalía General del Estado a intervenir para la liberación de los servidores públicos. (ARCHIVO)

Además, emplazó a la Secretaría General de Gobierno (Segego) y la Fiscalía General del Estado a intervenir para la liberación de los servidores públicos. (ARCHIVO)

EL UNIVERSAL

Al menos 12 trabajadores del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) cumplieron 24 horas retenidos en las oficinas del órgano ubicadas en la capital, por parte de miembros de la organización Lexie, protesta que es encabezada por la dirigente de la asociación, Guadalupe Díaz Pantoja.

En tanto, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) emitió medidas cautelares a favor de los funcionarios, que acusaban que no recibían alimentos.

Además, emplazó a la Secretaría General de Gobierno (Segego) y la Fiscalía General del Estado a intervenir para la liberación de los servidores públicos.

Encabezados por la líder de la organización Lexie, Díaz Pantoja, quien además inició una huelga de hambre desde el sábado, retuvieron desde el lunes a los funcionarios electorales en las instalaciones del instituto para exigir el registro como Partido de Mujeres Revolucionarias, revocado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) porque no cumplió con uno de los requisitos.

El TEPJF ordenó al IEEPCO y al INE reponer el procedimiento para determinar si la asociación cumple o no con la totalidad de los requisitos para constituirse en partido político local.

Las mujeres inconformes exigen al órgano electoral que agilice los procesos para su reconocimiento como partido político y demandan la destitución del consejero presidente, Gustavo Meixueiro Nájera.

Precisaron que las personas no están retenidas y las puertas del organismo, en la colonia Reforma, se encuentran abiertas.

La Defensoría dio un plazo de 24 horas a la Segego y a la Fiscalía General del Estado para aceptar las medidas cautelares e informar sobre las acciones tomadas para lograr la liberación de los servidores públicos.

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