El 22 de diciembre de 1992, Naciones Unidas instituye al 22 de marzo como Día Mundial del Agua, fecha que se celebra a partir del siguiente año. El motivo es destacar su importancia como recurso natural ante la presión que sufre y está provocando su deterioro.
El agua es un bien común y su gestión enfrenta un serio déficit y continuas amenazas que, particularmente en el caso del agua dulce, están reduciendo su disponibilidad y calidad en algunas partes, sobre todo, para satisfacer la demanda de la población que la usa con fines domésticos. Según la ONU aún más de 800 millones de personas en el planeta no tienen acceso a agua potable y 2,500 millones a saneamiento, lo cual significa un problema grave y reivindica la postura de este organismo internacional de priorizar el uso de este recurso como un derecho humano.
En México la distribución natural del agua en su territorio ocurre de manera desigual, siendo mayor el déficit en la extensa porción norteña donde se encuentran los grandes desiertos chihuahuense y sonorense. Esto plantea problemáticas diferentes en su gestión con respecto a las zonas templadas del centro o tropicales del sureste del país, ya que en las ecoregiones áridas es menor su disponibilidad, pero también muy fuerte la demanda.
Recientemente se ha acuñado el concepto de Gestión Integral de Recursos Hídricos (GIRH), mediante el cual se contempla que el estudio y manejo del agua debe visualizarse en su conexión con el ambiente (los ecosistemas), la economía y la población. Sin embargo, a la fecha no ha habido avances significativos en tal propósito, su uso se realiza conforme a la demanda que las actividades productivas y domésticas requieren y no de acuerdo a su disponibilidad, surgiendo lo que se ha denominado como brecha hídrica, la cual parece cada vez ensancharse más que reducirse.
Otro concepto que también se acuñado es el de Gestión Integral de Cuencas (GIC), estableciendo que las formas sociales de manejo y uso del agua deben responder a su disponibilidad y distribución natural en un espacio geográfico o territorio que es drenado por un escurrimiento importante, algo sumamente complicado de hacerse si consideramos que dicha distribución natural termina subyaciendo a otras delimitaciones territoriales como la división geopolítica o la dinámica de las actividades económicas.
Hoy en día la gestión integral del agua en cada una de las cuencas hidrográficas resulta más como un ejercicio académico o una utopía social, porque aun cuando existen esfuerzos importantes de integrar su gestión con los ecosistemas, la economía y la población, éstos no han tenido el impacto suficiente para que esa gestión sea sostenible, es decir, que se racionalice el recurso conforme a su disponibilidad ajustando las actividades antrópicas a ella.
Tal afirmación la refrendó la investigadora Helena Cotler, especialista en manejo integral de cuencas, quien el lunes pasado visitó la región y nos dio una conferencia en la que destacó los grandes problemas que enfrentamos en nuestro país para lograr esa gestión sostenible.
En la visión de la doctora Cotler, el país enfrenta grandes problemas que se han convertido en enormes retos para las instituciones responsables de la gestión del agua, para las comunidades científicas, pero también para los ciudadanos, en tanto que usuarios de este recurso. Son de tal magnitud los rezagos existentes que han rebasado las capacidades de esas instituciones para remontarlos, se requieren bastos recursos financieros para atenderlos y una mayor participación de los ciudadanos, pero sobre todo, un cambio drástico en nuestra cultura que revalorice el agua.
Lamentablemente, se vienen aplicando restricciones presupuestarias para llevar a cabo esa gestión sostenible y, en contraparte, debido a la cada vez mayor expresión de conflictos por los usos y los intereses de los usuarios, hay más ciudadanos que se involucran en la resolución de los mismos. Esta situación, como también lo dijo Helena Cotler, obliga a revisar la arquitectura o andamiaje legal, institucional y social en que se basa la gestión de los recursos hídricos.
En tanto bien común del cual depende la vida y las actividades productivas de la población, pero también la salud de los ecosistemas asociados a dicho recurso, deben crearse nuevas formas de organización institucional y social que involucren cada vez más a los ciudadanos en la toma de decisiones sobre sus usos, deben ampliarse los espacios en que ellos participen. Es necesario modificar los actuales esquemas de gobernanza del agua hacia otros más democráticos, transitar del actual esquema centralizado a otro más ciudadanizado.
Esta es la tendencia real que presenta la gestión de los recursos hídricos y no la de la privatización como nos la quiere hacer creer el Gobierno federal con su proyecto de reforma de la Ley General de Aguas, la llamada Ley Pichardo, en el que quieren convertir este recurso en una mercancía que facilite, particularmente, los aprovechamientos energéticos como el fracking, por encima del derecho humano al agua.
A ese proyecto oficial un fuerte núcleo de académicos y representantes de organismos civiles le contraponen una Iniciativa Ciudadana que rescata las directrices y los estándares internacionales sobre uso y manejo del agua, que encuadra mejor en la propia legislación vigente en materia de aguas un modelo de gestión del agua que oriente ésta hacia un desarrollo sostenible. Finalmente, la participación ciudadana hace el contrapeso a políticas públicas regresivas que agravarán los problemas ya enfrentados; por ello la Ley Pichardo no debe pasar.
