Desde 1994, el Instituto Federal Electoral (IFE) y su sucesor el Instituto Nacional Electoral (INE) han venido realizando conteos rápidos, lo que ha permitido determinar si un candidato a la Presidencia ganó la contienda. Se trata de ejercicios estadísticos que, mediante un muestreo aleatorio y un tamaño lo suficientemente holgado, pueden dar resultados con una precisión bastante exacta.
Los conteos rápidos se consolidaron como un mecanismo para dar un resultado oportuno y han contribuido a dar certeza a las elecciones. De esta forma, a las 23:00 horas el consejero presidente del IFE podía anunciar la victoria de un candidato, salvo en el caso de la contienda de 2006, en la que la competencia fue tan cerrada que el Comité de Expertos recomendó no dar un ganador, aunque ello injustamente se le reclamó al organismo.
Desde que se discutió la reforma electoral en los 90, los conteos rápidos fueron demandados por los partidos de oposición y por las organizaciones de la sociedad civil, como un instrumento para evitar que los representantes del partido oficial pretendieran alterar los resultados en las casillas en las que no había representantes opositores u observadores del voto.
Puesto que los conteos rápidos se basan en las actas de escrutinio y en un procedimiento científico, su estimación tiende a ser casi idéntica al resultado del cómputo final.
Es decir, los conteos no son encuestas de salida, donde la gente por diversas razones puede falsear el sentido de su voto, por ende son procedimientos mucho más fidedignos. Si el cómputo total de las casillas fuese estadísticamente diferente de manera significativa de la estimación aportada por el conteo rápido, y la autoridad electoral fuese imparcial, habría motivos válidos para anular dicho proceso. Sin embargo, eso no fue lo que pasó en las elecciones de Coahuila en 2017.
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) rechazó el procedimiento de conteo rápido que propuso el INE, alegando que como se van a presentar elecciones concurrentes es factible que algunos votos no se depositen en la urna correspondiente.
Cabe precisar que la confusión sería en las urnas de las elecciones de Presidente, senadores y diputados federales, ya que las elecciones locales se hacen en un segundo paso. De acuerdo con mi experiencia personal, esto se ha presentado en muy pocos casos, por lo que el cómputo preliminar en una casilla no difiere mucho del final.
El INE alertó que al no darse un resultado oportuno y retrasar demasiado un anuncio sobre un posible ganador, se generaría tensión y desconcierto entre la ciudadanía y terceros interesados en el proceso electoral (mercados financieros).
Para subsanar las objeciones del TEPJF, el Consejo General del INE aprobó que el conteo rápido de la elección presidencial y de las nueve gubernaturas, se alimente del cuadernillo de operaciones el pasado 28 de febrero. El anterior método de conteo rechazado se basaba en una doble apertura de urnas para identificar boletas mal colocadas.
La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (2014) determina que los conteos rápidos deberán basarse en las actas de escrutinio y cómputo de casilla, a fin de conocer las tendencias de los resultados el día de la jornada electoral, y que éstos serán difundidos por el consejero presidente del INE, previo acuerdo del Consejo General, después de las 22:00 horas del día de la jornada electoral.
El Partido Verde Ecologista de México impugnó la segunda medida propuesta por el INE ante el Tribunal Electoral, haciendo hincapié en lo que dice la ley electoral.
Funcionarios del INE han alertado que si se acepta la impugnación, el resultado del ganador a la Presidencia se daría hasta las 3:00 horas, es decir, nueve horas después de que cerraron las casillas.
Si se considera lo que dice la ley electoral sobre conteos y encuestas, es altamente probable que sea aceptada la impugnación presentada por el Verde. De ser este el caso, el TEPJF estará generando un fuerte incentivo para que el partido oficial y el gobierno, que en este proceso electoral no ha disimulado su parcialidad, pretenda violentar la voluntad popular, al dejar de ser el conteo rápido una herramienta para prevenir y desalentar los intentos de trampa.
Se olvida que lo que más les interesa a los inversionistas, no es quién gane, sino cómo lo hace, esto es, que la victoria no sólo sea legal, sino legítima. Por eso los tratados de libre comercio modernos han incorporado la cláusula democrática en sus textos. Ya no estamos en el siglo XX, pues.
Catedrático de la EST-IPN Correo electrónico: [email protected]
