En días pasados la Suprema Corte de Justicia resolvió un tema importante, que afecta la relación entre ciudadanos y las fuerzas policiales; según lo han expuesto diversos medios, se pronunció a favor de las facultades de la policía para inspeccionar a las personas o sus vehículos, sin previa orden judicial, siempre que haya sospecha razonable de la comisión de algún delito.
Si bien aún no es de dominio público la sentencia definitiva ni el contenido de todas las posturas de los ministros, este debate ya ha polarizado a la sociedad. Hay voces que señalan que, a partir de esta resolución, se fomentará la violación de diversos derechos humanos; por otro lado, también se ha argumentado que, si somos coherentes con las reformas del sistema penal, la policía dejó de ser un simple instrumento del Ministerio Público, para dotársele de verdaderas facultades de investigación y que por eso es necesaria su regulación en ley.
Desde luego se debe discutir y resolver la constitucionalidad de estas atribuciones, pero debemos reconocer que, de fondo, la discusión refleja una profunda desconfianza en nuestros cuerpos policiales, y que ello denota la tarea pendiente de profesionalizarlos y dignificarlos.
No es, por tanto, sólo un tema legal. Avalar este tipo de preceptos, sin que vayan de la mano del adecuado desarrollo policial, nos pone en riesgo a todos. Sin un adecuado desarrollo policial, que incluye temas salariales, de capacitación, de carrera policial, de régimen disciplinario… seguiremos enfrentando situaciones de vulnerabilidad: la ciudadanía, que puede ser víctima de abusos de todo tipo y nivel (basta ver el escuadrón de la muerte en que se convirtió la policía de Veracruz); y las policías mismas, que pueden en cualquier momento caer en situaciones de responsabilidad administrativa o penal.
Por ello, el debate de fondo no debe de partir solamente del análisis abstracto de una facultad, sino también de la necesidad de que nuestras normas vayan acordes a las capacidades y desempeño de nuestras policías. Si seguimos únicamente debatiendo leyes, sin atender el desarrollo institucional de nuestras policías, seguiremos evadiendo el problema de fondo. De hecho, resulta esquizofrénico no pagarles bien y no prepararlas bien, pero pedirles que nos protejan.
México no debe apostar a que la mejor política criminal es aquella que paraliza a sus policías. La desconfianza que justificadamente hoy existe hacia ellas, no debe ser la guía de nuestras políticas públicas. Al contrario, deberíamos romper este círculo vicioso imaginando nuevas corporaciones que cuenten con apoyo presupuestal, con apoyo legal, con apoyo social. Lo hemos dicho en diversas ocasiones: si queremos que las policías nos cuiden, empecemos por cuidarlas.
De hecho, el debate en torno a esta facultad nos remite también al debate sobre el sistema de justicia penal acusatorio. Diversos actores políticos sostienen que dicho sistema es demasiado garantista y que ello permite la liberación de criminales. No es así, el sistema es afortunadamente garantista y, si es verdad que un número importante de criminales se encuentra libre, es por la incapacidad de las policías, los ministerios públicos y los jueces para acreditar su culpabilidad. De nueva cuenta, el problema no está en el ordenamiento, sino en la falta de preparación de los operadores del sistema.
Desde luego es sano y necesario debatir permanentemente que las facultades que se otorgan a nuestras policías vayan siempre subordinadas al imperativo de salvaguardar derechos y garantías fundamentales. Pero también seamos claros en que, sin facultades esenciales de investigación y de prevención, y sin una debida preparación, no podremos nunca exigirles que cumplan con su función esencial de velar por la seguridad pública.
(Colaboró: José Francisco de Villa Soto, investigador de Causa en Común).
Twitter: @MaElenaMorera
(Presidenta de Causa en Común)
