EDITORIAL Sergio Sarmiento Caricatura Editorial Columna editoriales

El secreto de estado como defensa

JULIO FAESLER

Sorprende que el caso Odebrecht no haya provocado ni la más pequeña ola en la indiferente superficie política y legal de México. Se divulga así un mensaje tranquilizador a los que cometen audaces delitos financieros.

Diligente para algunos casos, como la embestida del PRI contra Ricardo Anaya, la PGR no ha movido ni un dedo para perseguir a los que dieron y recibieron cohechos de a constructora brasileña para asegurarse de astronómicos contratos. Lo inverosímil de la situación reta a la inteligencia.

Será que la campaña contra la corrupción no existe si toca a personajes importantes del PRI gobierno. En tratándose de PEMEX es claro que el océano de cohechos que se dieron al abrigo de esa institución rebasa toda cifra imaginable. No queda más que concluir que nada se hará hasta que el Presidente de la República lo ordene.

A pesar de que el honor y la credibilidad del gobierno están en juego, esto se sacrifica fácilmente si hay razón para mantenerlo como un secreto de estado. No importa que con esto se nulifique la seriedad de la mil veces anunciada persecución de fraudes.

En el caso de las adjudicaciones en favor de Odebrecht de imponentes obras en las refinerías de Tula y de Miguel Hidalgo se confirma que con suficiente dinero se pueden comprar las decisiones oficiales.

Las declaraciones de altos funcionarios de Odebrecht como las del señor Luis Meneses que estuvo al frente de Odebrecht México ente 2010 a 2017, son contundentes en el sentido de especificar las conversaciones que tuvo con el Emilio Lozoya, entonces Director General de PEMEX, sobre la entrega de un total de 10.5 millones de dólares para facilitar las contrataciones de la empresa brasileña a lo largo de esos años.

La probabilidad de que esos recursos fueron refuerzos financieros para la campaña presidencial de Peña Nieto que se llevaba a cabo, explica que no se ha continuado el proceso de investigación que inició el señor Santiago Nieto Castillo, jefe de la FEPADE, y que por esa razón se le haya removido en octubre de 2017. Su valiente denuncia hecha esta semana además de relatar las presiones y amenazas de que ha sido objeto fundamentan dicha sospecha.

La fama de México está firmemente anclada en una constante que es la corrupción. El que ello represente según ciertos cálculos casi el 15% del PIB no parecería importante.

Otro caso que clama ser atendido es el de la "estafa maestra" realizada en connivencia con una serie de universidades y planteles educativos para desviar nada menos que 7,500 millones de pesos presupuestados para programas sociales.

Los desfalcos identificados por la Auditoria Superior de la Federación de los que son responsables la SEDATU como la SCT que la ASF ha identificado en relación con 2,200 millones de pesos son otros casos de importancia que también están sin debida acción del gobierno federal.

La ASF ha hecho su trabajo identificando esos fraudes y desviaciones en perjuicio de la Tesorería de la Nación. No así el ministerio Público y la PGR. De no actuar como es su obligación, a la ciudadanía no le quedará más recurso que plantear estos desvíos ante las autoridades judiciales y eventualmente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que ahora le toca demostrar y defender su autonomía.

Estos casos son del conocimiento de un buen número de organizaciones internacionales como la OCDE y OEA donde se pregunta porqué algunos presidentes actuales o recientes han sido cuestionados y hasta sentenciados por su vinculación con Odebrecht mientras que en México nada sucede.

El que aquí no se ajusticien a los mencionados delincuentes indica la eficacia del aparato oficial para defenderlos y la colusión con las más altas oficinas del gobierno. Esta situación mancilla la honorabilidad del país confirmándose que en México se pueden cocinar todas las estrategias de corrupción imaginables.

El precio es alto y devastadora. Nos pone a la merced de que sean las agencias y tribunales extranjeros que se encarguen de investigar, juzgar y encarcelar a los que aquí delinquen. Es el paso que faltaba para despedirnos de nuestra independencia. Tratar delitos como secretos de estado es la peor de las respuestas.

[email protected]

Leer más de EDITORIAL

Escrito en: Editorial Julio Faesler

Noticias relacionadas

Siglo Plus

+ Más leídas de EDITORIAL

TE PUEDE INTERESAR

LECTURAS ANTERIORES

Fotografías más vistas

Videos más vistos semana

Clasificados

ID: 1441774

YouTube Facebook Twitter Instagram TikTok

elsiglo.mx