Un estudio del Instituto Mexicano de Competitividad (IMCO) apunta que el tren interurbano Toluca-México está retrasado (debió concluirse en diciembre de 2017) y registra ya un costo de 59 mil millones de pesos, 21 mil millones más que los 38 mil presupuestados. Aun si se concluye con los sobrecostos que hoy se contemplan, no hay certeza de que será financiera o socialmente rentable.
Esto se veía venir. Casi todos los grandes proyectos de infraestructura en nuestro país terminan siendo más costosos de lo presupuestado. Es muy fácil atribuir esto a la corrupción, pero el problema es más de fondo. Tenemos un sistema hecho para que los grandes proyectos de infraestructura no se puedan ejecutar bien y en tiempo.
El primer problema es que los proyectos son sexenales y se deciden con frecuencia por razones políticas. Desde que se propusieron los trenes México-Querétaro, México-Toluca y Mérida-Punta Venado al principio de este gobierno, surgieron voces que señalaban que ninguno sería rentable y que no eran las mejores soluciones a los problemas de transporte. La respuesta del gobierno es que ningún tren es rentable. Cuando vinieron los posteriores recortes al presupuesto, se cancelaron el tren de Querétaro y el de Yucatán, pero se mantuvo el de Toluca, quizá porque el presidente es del estado de México.
Los trabajos de construcción se iniciaron sin un proyecto ejecutivo. No es inusitado. Lo mismo sucedió, recordemos, en la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México. Un proyecto ejecutivo debe incluir todos los elementos previsibles de una obra, desde el trazo y los estudios de mecánica de suelos hasta los costos de la compra o expropiación de los terrenos. Un buen proyecto ejecutivo puede tardar varios años y esto significa que el gobernante en turno no cortaría el listón, lo cual es inaceptable en el medio político mexicano. En otros países hay catálogos de proyectos de infraestructura que se ejecutan por orden de prioridad sin importar quién esté en el poder.
La falta de derechos claros de propiedad es otro problema. En otros países se respeta el derecho a la propiedad privada, pero se acepta la facultad del Estado para expropiar predios -con una indemnización previa a valor comercial-para realizar obras de utilidad pública. En México las expropiaciones son a veces abusivas, ya que no cubren el valor real, pero además la falta de reglas claras en los ejidos, que representan más de la mitad del territorio nacional, genera incertidumbre. El tren interurbano de Toluca, por ejemplo, ha sido detenido dos veces por amparos de ejidatarios a pesar de que el predio por el que pasará ya ha sido pagado.
La verdad es que el proyecto nunca debió realizarse. Para empezar, no hay forma de que sea rentable. No se sabe si generará un número suficientemente de usuarios. Se ha dicho que el pasaje costará 80 pesos, pero actualmente la línea de autobuses Caminante cobra 68 pesos, de manera rentable y sin subsidios. El precio del tren, sin embargo, podría aumentar por los sobrecostos, mientras que los subsidios seguramente se multiplicarán.
Los gobernantes mexicanos tienen un incentivo perverso para hacer obras enormes, aunque no sean las mejores soluciones a las necesidades, y de concluirlas antes de que termine su gestión. Por eso tenemos tantas obras caras, malas e innecesarias. El tren interurbano Toluca-México va en vías de ser una más.
FALTAN 12
La PGR optó por archivar el expediente de las acusaciones a César Duarte por operaciones con recursos de procedencia ilícita, delito bancario y defraudación fiscal por el caso de Banco Progreso. Le quedan 11 acusaciones del fuero común estatal promovidas por el gobernador Javier Corral. También está la de delitos electorales, federal, radicada en la Fepade.
Twitter: @SergioSarmiento
