Cada día que pasa las cosas se ponen más calientes en el Simas, considerado desde hace lustros la caja chica -que ni tan chica- del ayuntamiento de Torreón. Y es que a propios y extraños ha sorprendido la decisión del alcalde Jorge Zermeño, en su calidad de presidente del Consejo Directivo de la empresa descentralizada, y el gerente general Juan José Gómez de cambiar a estas alturas del partido de abogado defensor en el largo proceso que se sigue contra la empresa Ecoagua, exconcesionaria de la planta tratadora de aguas residuales. Luego de todos los casos que ha ganado el Simas, aún queda pendiente un juicio, el mercantil, a través del cual la compañía privada exige a la pública el pago de alrededor de 180 millones de pesillos que durante la pasada administración se dejaron de entregar por la operación de la tratadora. Hasta hace unos días, el despacho que llevaba el caso por parte del sistema municipal era Nassar Nassar, de reconocido prestigio nacional y que traía un handicap a favor por haber logrado ganar todos los juicios hasta ahora, aunque hay que decir que cobrando bastante bien por el servicio.
Pues ahora, en medio de polémica por no cuidar las formas, el Simas decidió otorgarle el caso al abogado Alberto Romero, de quien se sabe que tuvo algunas cuentas pendientes con la justicia hace años por una denuncia en su contra. El argumento que han dado las autoridades municipales para cambiar de defensa es el ahorro, toda vez que don Alberto cobrará menos que Nassar. Pero hay serias dudas entre los agudos espectadores de la cosa pública de que el nuevo abogado tenga las tablas suficientes para sacar adelante el juicio, además de la controversia que gira entorno a él por los asuntos del pasado. Todo esto lleva a lanzar el cuestionamiento que hiciera a manera de popular canción el extinto divo de Juárez: ¿pero qué necesidad? ¿Qué necesidad de meterse en broncas y generar suspicacias? ¿O es que habrá gato encerrado en este asunto? Que conste que es pregunta.
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En más asuntos del Simas, los subagentes disfrazados de tuberías rotas dicen que las autoridades actuales no dan crédito aún del desorden que les dejaron los muchachos de Xavier Herrera, hoy flamante subsecretario de Egresos del Estado. Dicen que uno de los asuntos que más los ha puesto de cabeza es haber descubierto que en los últimos meses de la pasada administración varias personas fueron contratadas bajo el esquema de honorarios asimilados al salario sólo para ser despedidas semanas después, eso sí, con jugosas indemnizaciones que rebasan en algunos casos los 100,000 pesillos, por actividades que no están del todo claras. Vamos, que todo parece indicar que se trataba de aviadores. Se habla de por lo menos una docena de casos que han sido detectados por los operadores del gerente general Juan José Gómez, a quien también le han reportado la presencia de familiares de Néstor Pérez, excoordinador de la gerencia general, que siguen cobrando en la nómina. Y es que dicen que don Néstor, allegado también al excontralor del Simas Mario Cepeda, era quien daba las órdenes -y dicen que no de buena manera- a nombre de don Xavier durante la anterior administración, y que entre las prerrogativas que contaba estaba la de colocar a gente allegada a él en puestos de la empresa descentralizada. Otro de los asuntos con el que se están quebrando la cabeza es el relacionado al paradero de los 180 millones de pesillos que el Simas dejó de pagar a Ecoagua. Si bien la gente de Herrera pudiera argumentar que perforaron más de 25 pozos, los muchachos de Gómez dicen que no está del todo claro que el dinero del ahorro se haya usado en eso. El chiste es que no está y no hay registro... por ahora.
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El árbitro electoral coahuilense volvió a asestar un golpe al profe Humberto Moreira esta semana. Como recordará usted, memorioso lector, en la pasada elección el exgober buscaba llegar al Congreso local por la vía plurinominal de la mano del Partido Joven, con todo y la polémica que causó y los problemas que provocó a la campaña del ahora gobernador Miguel Riquelme. Al final no le alcanzaron los votos para colarse al Legislativo estatal y hasta su partido perdió el registro. Pero en una nueva intentona para mantenerse vigente en la arena política estatal, uno de los hijos del profe pidió el registro de un nuevo instituto que bautizaron como Unidos, junto con otras 13 organizaciones que fueron sometidas al escrutinio del IEC. Aunque se sentían muy seguros de lograr el registro, el árbitro los bateó. Y dicen los subagentes que aunque el muchacho era la cara visible de esta agrupación en ciernes, es evidente que quien movía los hilos era don Humberto. Basta revisar quiénes estaban operando todo. El encargado de finanzas de la asociación es Desiderio Nájera, supuesto representante legal de la empresa Unipolares, propiedad del exlíder nacional del PRI. Cuentan que el abogado es Gerardo Blanco, cercano a Moreira I al grado de que se comenta que fue quien logró ganarle al PRI el pleito por la expulsión. También se comenta que el domicilio de la asociación se encuentra en la misma calle donde vive el profe. Pero otro grupo ligado al exgober buscó volver a entrar a la jugada electoral. Se trata del Partido Joven, ahora como Partido de la Gente, encabezado nuevamente por Édgar Puente, pero según dicen cuando se enteró de las movidas para formar el partido Unidos se desistió de su objetivo. Así que, por lo pronto, don Humberto tendrá que esperar.
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Tras meses de espera y varios anuncios y plazos que no se cumplieron llegó el nombramiento del secretario de Seguridad Pública de Coahuila. Como usted sabrá, enterado lector, el primer policía del estado será José Luis Pliego, comisario de la Policía Federal especializado en vigilancia cibernética. Lo que llama la atención del nombramiento no es tanto la tardanza sino que el gober Miguel Riquelme había jurado y perjurado que sería un militar, y siempre no, aunque ya dijo que cuenta con el aval de la Sedena. Este hecho recuerda a aquella polémica que se generó cuando el alcalde Jorge Zermeño anunció, también luego de semanas de expectativa, que su jefe de la Policía Municipal sería un inspector de la Policía Federal y no un miembro de la milicia, aunque él sí lo dijo desde el principio. Más allá de las controversias, todo indica que los tiempos de las corporaciones militarizadas han quedado atrás y, siendo los dos mandos del mismo cuerpo formativo, se espera que haya una buena coordinación. Ojalá así sea por el bien de esta traqueteada ciudad.
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Del otro lado del Padre Nazas, cuentan que la alcaldesa de Gómez Palacio Leticia Herrera está impulsando al empresario duranguense Jaime Mijares Salum para que en 2019 se convierta en el candidato a la presidencia municipal de la capital de los alacranes, con la intención de ir preparando el terreno en su ansiada búsqueda por la gubernatura dentro de cuatro años. Dicen que a esto obedece la cada vez más frecuente presencia del actual presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Durango en actos de carácter público que se efectúan en la Antigua Santa Rosa, como es el caso de la entrega de viviendas de Infonavit en el fraccionamiento Urbi Villas, así como en la realización de mesas de trabajo del proyecto estratégico Durango 2040, el cual es promovido desde la cúpula empresarial capitalina. Ya con anterioridad doña Lety hizo pública su invitación a don Jaime para que volteara a ver Gómez Palacio después de que el presidente municipal de Durango José Ramón Enríquez le mandó clausurar la construcción de un complejo comercial bajo el argumento de que no tenía los permisos correspondientes, aunque el trasfondo de esta medida fueron las diferencias políticas entre ambos personajes y la disputa por una candidatura a diputación local, según las malas lenguas.
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Apegados al guion que está siguiendo el tricolor a nivel nacional, después de una desbandada de militantes los dirigentes priistas de Gómez Palacio despotricaron en contra de quienes en algún momento formaron parte de este partido y a quienes acusaron de traicioneros, desleales, ingratos y demás sutilezas, por lo que dijeron que ya estaban tomando las medidas necesarias para que una vez efectuado el proceso electoral, no regresen al PRI. A la actual diputada federal, Marina Vitela Rodríguez, la acusaron de no ser agradecida con el partido pues de los 13 años que llevaba como militante, 12 de ellos ocupó diferentes cargos públicos desde una regiduría, diputación local y una federal. Hay quienes aseguran incluso que en este último cargo Vitela obtuvo ciertos beneficios bajo el argumento de gestionar recursos para La Laguna, gracias a los cuales hizo crecer su patrimonio y hasta se mudó a una colonia residencial de Torreón. En el caso de Rigoberto Flores Ochoa, de los 24 años como militante priista, 18 estuvo al frente de distintos cargos, y ahora que no se vio favorecido con las postulaciones decidió también emigrar como ave de paso a otros partidos. Por cierto, a Rigo Flores le están dando largas en la Secretaría del Ayuntamiento pues lleva días solicitando la carta de residencia que le podría servir para un futuro registro como candidato a diputado por el partido Movimiento Ciudadano. ¿Venganza?
Verdades y Rumores. (EL SIGLO DE TORREÓN)
